Pinos de Anchorena

Arroyo, Moyano y la basura

El conflicto con la empresa 9 de Julio fue uno de los primeros que atravesó la gestión. En medio del paro decretado por Camioneros, el máximo referente del gremio puso $25 millones para que la medida de fuerza quedara sin efecto. 

20/12/2016
Arroyo, Moyano y la basura
(Foto: QUÉ Digital)

El primer mes del año -y el segundo en la gestión de Cambiemos, con un Carlos Arroyo dando sus primeros pasos como intendente- estuvo signado en la ciudad por un conflicto que se repetiría durante gran parte del 2016: la tensión entre el Ejecutivo y la empresa 9 de Julio -a cargo de la recolección de residuos- a partir de la decisión del Sindicato de Camioneros de iniciar un paro por tiempo indeterminado en reclamo del pago de sus salarios.

Pese a que no es del Municipio de quien depende el pago de los sueldos de los alrededor de 650 trabajadores que se dedican a la recolección de residuos y que trabajan para una compañía privada, la empresa justificó su accionar -en cada oportunidad- en la abultada deuda que el gobierno había acumulado, durante la gestión de Gustavo Pulti, y en la consecuente falta de recursos para afrontar los pagos.

En ese marco, el 7 de enero los recolectores comenzaron un paro de actividades por tiempo indeterminado; se trató del segundo en menos de dos semanas, ya que el 23 de diciembre habían dejado de cumplir con el servicio ante la falta del cobro del medio aguinaldo, aunque la medida se levantó horas después tras la intervención del gobierno.

Horas después de iniciada la medida de fuerza -y pese a que el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, algo que no fue acatado por el gremio- el máximo referente del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, decidió intervenir y lo hizo de un modo cuanto menos llamativo: aportó $25 millones para “hacerse cargo” de los sueldos de los trabajadores de la empresa 9 de Julio.

Pese a que en ese momento los propios referentes del gremio confirmaron que el dinero necesario para resolver el conflicto había salido del bolsillo del propio Moyano, el gobierno de Carlos Arroyo intentó minimizar la intervención del gremialista al asegurar que los fondos llegaron gracias a un préstamo del Banco Provincia, aunque sin descartar de plano la intervención del referente de la CGT. Días después, el por entonces secretario de Economía, José Cano, reconocería que efectivamente fue la mutual del sindicato la que ofreció en garantía plazos fijos y así fue cómo el Banco Provincia le pagó a los trabajadores.

De todas formas, y por fuera de la cuestión salarial, lo cierto es que el conflicto con la empresa recolectora de residuos no solo obedeció a la importante y millonaria deuda del Municipio, sino a la puja que existía en ese entonces por la demora en la concreción de un nuevo contrato, vencidos los plazos del que se encontraba vigente. Tras las numerosas idas y vueltas, a mediados de mes el gobierno municipal finalmente firmó el nuevo contrato para la recolección de residuos, que fue -como era de esperarse- adjudicado a la empresa 9 de Julio y con vigencia por los próximos 96 meses, es decir, ocho años.

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