Choferes fantasmas: las cifras de la defraudación al Estado

De acuerdo a los datos acreditados hasta el momento en la causa por la que esta semana fueron procesados seis empresarios, entre enero y marzo de 2016 fueron inscriptos 357 trabajadores falsos lo que implicó un pago de más de $16 millones en subsidios que no correspondían.

15/07/2017
Choferes fantasmas: las cifras de la defraudación al Estado
(Foto: QUÉ Digital)

La operación de los “choferes fantasmas” fue tan simple como irregular y delictiva: falsear declaraciones juradas en las que figuraban trabajadores en blanco que nunca fueron contratados para cobrar más de $16 millones en subsidios entre enero, febrero y marzo de 2016. En la resolución de esta semana en la que procesó a cinco empresarios y a un contador, el juez federal Santiago Inchausti puntualizó que hasta el momento fueron detectadas 357 personas inscriptas falsamente como choferes ya que o no desempeñaban puesto alguno en las empresas o lo hacían “en negro”, es decir no se encontraban registradas formalmente como tales, con la única finalidad de obtener esas ganancias ilícitamente.

Los números no son nuevos ni sorprenden teniendo en cuenta el detalle de la investigación publicado por QUÉ meses atrás. Sin embargo, en esta instancia judicial en la que se dictó el procesamiento sobre Juan Inza, el principal empresario que maneja el transporte público en Mar del Plata –y otro cinco más-, los datos fueron rectificados a partir de la prueba recolectada y, en síntesis, la defraudación a las arcas del Estado es un tanto mayor que la que se había podido acreditar meses atrás: en total, asciende a $16.209.680,47.

En su resolución, el juez Inchausti explicó que las 357 personas que fueron inscriptas como choferes de colectivos –algunas de ellas perdieron por ello planes sociales, lo que hizo estallar el escándalo- fueron usadas “con la finalidad de simular mayores costos y percibir del Estado Nacional mayores subsidios de los que en realidad les correspondía de conformidad con la normativa regulatoria –artículo 12 de la Resolución MI y T 225/15- que permite a las empresas de transporte público urbano que prestan su servicio en zonas turísticas, como lo es Mar del Plata, requerir al organismo de control el incremento de agentes computables, cuyo porcentaje dentro del pago total de subsidios, representa un 70% sobre el total del beneficio, al menos desde el período comprendido entre enero y marzo de 2016”.

En este sentido, y tal y como reveló QUÉ cuando empezó a trascender el escándalo, el juez reseñó que para poder incrementar falsamente la nómina de personal se utilizaron dos modalidades: la inscripción en los “listados de personal” de diversas personas que en distintas oportunidades habían aportado sus currículums vitae a las empresas o la inscripción de quienes se desempeñaban ya en ellas pero no como choferes, es decir bajo otras categorías que no eran contempladas al momento de evaluarse el pago de subsidios. Incluso, para obtener el beneficio por cada una de las empresas y por cada uno de los períodos, varios de los supuestos empleados eran inscriptos simultáneamente en más de una de las firmas.

CANTIDAD DE CHOFERES FANTASMAS INSCRIPTOS POR MES:

El Libertador: 26 en enero; 26 en febrero; 25 en marzo.

12 de octubre: 120 en enero; 110 en febrero; 94 en marzo.

Peralta Ramos: 58 en enero; 58 en febrero; 56 en marzo.

25 de mayo : 168 en enero; 159 en febrero; 142 en marzo.

En cuanto a los montos aproximados que fueron pagados por los choferes fantasmas, el juez puntualizó que a partir del entrecruzamiento de datos realizado con las planillas de nómina de personal glosadas en los expedientes administrativos, el costo de cada empleado informado y lo pagado en concepto de subsidio a las empresas, se pudo obtener la diferencia aproximada correspondiente a la erogación hecha a partir de la defraudación.

Cabe destacar que para eso se tuvieron en cuenta las explicaciones de los funcionarios del Ministerio de Transporte, en relación a que no hay un precio fijo para cada chofer, sino que ese valor como resultado final surge de distintas variables que se tienen en cuenta al momento de liquidar las compensaciones a las empresas, entre los que se consideran los kilómetros recorridos obtenidos a partir de los GPS de las tiqueadoras de las tarjetas SUBE, el gasoil, las unidades en circulación, y la redefinición de tarifas, entre otros.

Además, el juez reparó en que los propios empresarios ahora procesados, a medida que los damnificados se iban acercando a las empresas para reclamar que los volvieran a inscribir en Anses o AFIP para reanudar el cobro de las asignaciones sociales que percibían por desempleo o por hijos, los iban quitando de las listas que presentarían en el mes siguiente. En ese sentido es que remarcó que el cálculo total se trata de “una aproximación al monto en que ha sido defraudado el Estado Nacional”.

TOTALES APROXIMADOS DE LA DEFRAUDACIÓN POR EMPRESA:

El Libertador: $1.145.031,83

12 de octubre: $ 4.971.240.34

Peralta Ramos: $ 2.643.765,64

25 de mayo : $ 7.449.642,66

De esta manera, el juez fijó hasta el momento la defraudación cometida en $16.209.680.47, a partir de los parámetros analizados por el cobro indebido de los subsidios.

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