Citan a declaración indagatoria a Pulti, Pérez y Pérez Rojas
Es por la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Delitos Económicos en relación a los delitos de malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes y tras una desestimación parcial de la denuncia de José Cano.
Si bien la Fiscalía de Delitos Económicos decidió desestimar una maniobra y archivar otra a partir de la denuncia presentada por el secretario de Economía y Hacienda, José Cano, en relación al uso indebido de fondos provinciales y municipales por parte del gobierno de Gustavo Pulti, lo cierto es que los fiscales a cargo de la investigación también llamaron a indagatoria al exintendente, al exsecretario de Producción, Mariano Pérez Rojas; y a los exsecretarios de Economía, Santiago Fernández y Daniel Pérez. Esto, en el marco de la investigación respecto a los delitos de malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes.
Según consta en la resolución que lleva la firma de los fiscales Roberto Pizzo, Carlos Bruna y Fernando Berlingeri, “existen en la presente investigación motivos bastantes para sospechar en principio, que resultarían autores penalmente responsables” de los delitos enmarcados en la malversación y el incumplimiento de deberes Gustavo Pulti, Daniel Pérez, Mariano Pérez Rojas y Santiago Fernández –antecesor de Daniel Pérez en el cargo de titular de la Secretaría de Economía y Hacienda-.
Ante este escenario, los cuatro exfuncionarios fueron citados a prestar declaración entre el 21 y el 24 de junio, en el marco de lo establecido por el artículo 308 del Código Procesal Penal. Además, los fiscales le solicitaron al contador del Ministerio Público Fiscal que realice un informe técnico contable respecto a los elementos investigados y, finalmente, se ordenó una pericia informática sobre el CPU oportunamente secuestrado en el Municipio “con el objeto de proceder a la búsqueda de documentación e imágenes en cualquier formato o tipo” vinculada a las distintas ediciones de la Expo Industria.
LOS DETALLES DE LA RESOLUCIÓN
En primera instancia, la Fiscalía de Delitos Económicos desestimó la existencia de delito en relación a la utilización fondos por parte del gobierno de Pulti en uno de los casos denunciados por Cano y al mismo tiempo archivó otra maniobra en el marco de la investigación. Sin embargo, continúa su curso el procedimiento respecto a otros seis hechos que podrían estar enmarcados en la malversación de caudales públicos y el incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En lo que hace a la malversación, según consta en la resolución, entre junio y septiembre de 2015, Pulti y Pérez “dispusieron de los fondos de terceros percibidos por el Municipio en carácter de depositario, dándoles un destino diferente al que aquellos legalmente tenían”. A su vez, entre noviembre de 2014 y enero de 2015 ambos funcionarios “incumplieron de forma coordinada al disponer y autorizar giros en descubierto sin encontrarse debidamente autorizados por el Concejo Deliberante”.
Al mismo tiempo, para los fiscales está comprobado que entre abril y noviembre de 2015 Pulti y Pérez incumplieron lo dispuesto por la ordenanza 22.081 complementaria al Presupuesto 2015 que autorizaba al Departamento Ejecutivo a la obtención de financiamiento transitorio, pero no acudieron formalmente al Concejo Deliberante con el objeto de solicitar la correspondiente autorización “pese a que desde el mes de diciembre de 2014 el tesorero Mauricio Mingo, puso en conocimiento, mediante los informes de programación de caja, las dificultades financieras del Municipio que hacían imposible el cumplimiento de las obligaciones y la devolución de fondos”.
En cuanto a los incumplimientos de deberes, la resolución de la Fiscalía hace hincapié en la organización de las tres ediciones dela Expo Industria.En lo que hace a la primera, se establece que entre agosto y octubre de 2012, Pulti, Pérez Rojas y Santiago Fernández “realizaron de acuerdo a un plan previo una serie de actos en violación a los requisitos legales y reglamentarios en materia de compras con el objeto de organizar un evento multitudinario que originó ingresos y gastos sin cumplir con las normas que regulan la contratación directa, el concurso de precios y las licitaciones”.
Es que, para la fiscalía los funcionarios incumplieron con sus funciones ya que la Asociación Civil de Desarrollo Estratégico estuvo a cargo de “la comercialización, y por lo tanto el ingreso y egreso de los fondos provenientes de los stands de las diferentes empresas participantes, como así también de los sectores gastronómicos y de los espacios y materiales publicitarios”.
Sin embargo, “al revestir el Estado el carácter de organizador del evento conjuntamente con la citada Asociación Civil, la suscripción del acuerdo constituyó una inversión indirecta de los fondos municipales, motivo por el cual legalmente los ingresos debieron ser percibidos a través de la Tesorería Municipal y las contrataciones debieron cumplimentar los requisitos legales y reglamentarios en materia de compras y contrataciones. Sin embargo a través del contrato, el Estado municipal los delegó sin concurso ni licitación previa”,se explica.
A partir de esta situación, la Fiscalía considera que no hubo rendición de cuentas ni de gastos y que “los fondos recaudados por la comercialización no ingresaron en el patrimonio municipal sino que fueron percibidos directamente por la asociación”.“Las contrataciones necesarias para infraestructura y desarrollo de la Exposición fueron realizadas sin ningún tipo de control municipal, pese a que todos los funcionarios comunales mencionados sabían que el erario público financiaría finalmente los costos de manera directa mediante un subsidio destinado a instrumentar legalmente tal decisión”.
Al reiterarse esta conducta en tres oportunidades, de la resolución surge que el Municipio autorizó el otorgamiento a la asociación de un total de $10.800.000: en 2012 fueron $2.000.000; en 2013 $3.300.000; y en 2014 $5.500.000.
