Viernes 29 de marzo | Mar del Plata
07/11/2016

Denuncian al fiscal general por crímenes de lesa humanidad

La Comisión Provincial Por la Memoria pide el juicio político de Fabián Fernández Garello. Aseguran haber aportado documentos que lo involucran con el secuestro, tortura y asesinato de Ana María Martínez, entre otros militantes.

Denuncian al fiscal general por crímenes de lesa humanidad
(Foto archivo QUÉ digital)

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció al fiscal general de Mar del Plata Fabián Fernández Garello por su supuesta participación en crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar y piden su inmediato juicio político.

Según los datos aportados por el organismo de derechos humanos presidido por el premio nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel, el fiscal Fernández Garello habría tenido participación en el secuestro, tortura y asesinato de Ana María Martínez y el secuestro y tortura de al menos tres militantes comunistas. Entre 1978 y 1982, según informaron de la CPM, el fiscal revistaba como subinspector de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba) donde “desarrolló acciones de espionaje político y gremial, e infiltración en organismos de derechos humanos en el marco del terrorismo de Estado”.

La CPM, ante la gravedad de la denuncia, solicita el inmediato juicio político contra Fernández Garello y el urgente apartamiento de sus funciones. 

El material aportado por la Comisión Provincial por la Memoria involucra a Fernández Garello, entre otros agentes de la Dippba, en la causa que investiga los apremios ilegales contra un militante del Partido Comunista en 1982 y de la detención de tres militantes del Partido Comunista, el 23 de Julio de 1981. Estas causas están siendo tramitadas por los juzgados federales de San Martín y San Isidro.

Según la denuncia, Fernández Garello, por entonces oficial subinspector, habría participado tanto del operativo conjunto, coordinado con oficiales de la Brigada de Investigaciones de San Martín y personal militar del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo, como también de los “interrogatorios” a los que fueron sometidos las víctimas.

Por otra parte, la CPM también envió documentación ampliatoria en la causa por la desaparición de Ana María Martínez, en el marco de los delitos de lesa humanidad cometidos en la zona militar IV. La delegación Dippba San Martín, donde actuaba Fernández Garello, era parte de esa zona militar a cargo del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo.

Según la CPM un examen de las 17 acciones de inteligencia del actual fiscal general registradas en el archivo de la Dippba , permitió identificar como rasgo principal de estas intervenciones el espionaje político y gremial. En este material aparecen memorandos de inteligencia referidos a conflictos laborales y gremiales en Textil Patagónico, Fiat Concord y Deutz Argentina, entre otros. También se constata el registro de murales y panfletos pertenecientes a distintos partidos y agrupaciones políticas. “Estas acciones forman parte del proceder de la Dippba que operó como una suerte de policía política del estado terrorista”, aseguran desde el organismo de derechos humanos.

La permanencia de Fernández Garello como fiscal general es inadmisible en democracia porque se trata de una persona que, por sus acciones en la Dippba, fue parte del esquema represivo desplegado por el terrorismo de Estado. Por la relevancia de las funciones que cumple en el marco de las instituciones democráticas hace que sea incompatible su continuidad en el cargo. Entre sus funciones, por ejemplo, está la puesta en marcha de la policía judicial en el departamento de Mar del Plata. La policía judicial es una reforma que apunta a la renovación del sistema judicial y aporta a la modificación del paradigma de investigación, basado en la delegación fiscal en la policía bonaerense. De ninguna manera, entonces, puede quedar bajo las órdenes de una persona que fue agente de inteligencia y perpetró delitos de lesa humanidad”, expresaron en un comunicado desde la Comisión Provincial por la Memoria.

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07/11/2016