Estafas en el Procrear: juzgan al constructor Pablo Aquino
Está acusado por alrededor de 50 hechos de los que resultaron víctimas más de cien personas que construían sus viviendas entre marzo del 2014 y enero de 2015. Por el Juzgado Correccional N°5 pasarán unos 80 testigos.
Lucía y su esposo esperaban poder mudarse en pocos meses a su casa del barrio Malvinas Argentinas. Con toda la ilusión a cuestas, y tras ser sorteados en el marco del Programa de Crédito Argentino (Procrear), a fines de 2013 se pusieron en contacto con Modularq, empresa constructora a cargo de Pablo Aquino. En febrero de 2014 firmaron el contrato y todo estaba listo para empezar. Pero más de un año después solo tenían el 30% de su casa construida, una gran parte está mal hecha, y con una pérdida más de $50.000. Esa es una de las decenas de historias de familias que fueron estafadas por Aquino, quien a partir de este martes empezó a ser juzgado por el delito de estafa en 52 hechos de los que resultaron víctimas más de cien personas.
Pablo Aquino y su pareja, Natalia Vaccaro, llegaron imputados al juicio como autor y partícipe necesario -respectivamente- por las estafas cometidas a beneficiarios del Procrear. Este martes se produjo la primera audiencia en el Juzgado en lo Correccional Nº 5, a cargo del juez Leonardo Celsi, por donde durante los próximos días deberán declarar alrededor de 80 testigos. La acusación está a cargo de la Fiscalía de Delitos Económicos, que llevó a adelante la investigación.
De acuerdo a la hipótesis que sostiene el Ministerio Público Fiscal, entre marzo del 2014 y enero de 2015, Aquino -mediante el ardid consistente en aparentar una empresa y simular la existencia de una organización destinada a la construcción de viviendas denominada “Modularq Empresa Constructora”- concretó 52 estafas a quienes, de buena fe, contrataron sus servicios.
En cuanto al modus operandi, el constructor publicitaba su falsa empresa a través de Internet y la hacía responsable “civil, laboral y penalmente por las contingencias que pudieren surgir de los contratos” para cuya pantalla además instaló oficinas que mudó en diversas oportunidades.
En ese marco también, y según consta en la el expediente, Aquino aseguró en muchas oportunidades “poseer influencias para contratar cooperativas municipales con el fin de abaratar costos de construcción en razón de su condición de empleado municipal -ya que, además, en ese momento trabajaba para el Ente de Obras y Servicios Urbanos–, a sabiendas que no poseía solvencia ni infraestructura suficiente y por ello no cumpliría lo que pactaba en el contrato que suscribía”.
Sobre esto último, para los fiscales Javier Pizzo y David Bruna, Aquino hizo incurrir en error a distintas personas, todas ellas beneficiarias del Procrear, “quienes firmaron con la inexistente empresa un contrato y abonaron grandes sumas de dinero, habiendo sido perjudicados, según el caso, desde el pilar de luz hasta el 30% de la obra”.
