Estafas en el Procrear: piden elevar la causa a juicio
La fiscalía presentó la solicitud ante la Justicia de Garantías. Pablo Aquino y su mujer Natalia Vaccaro están acusados por estafas reiteradas en 52 hechos sucedidos entre junio de 2014 y enero de 2015.
La Fiscalía de Delitos Económicos pidió la elevación a juicio de la causa que se le sigue al constructor Pablo Aquino y a su mujer, quienes están acusados de cometer más de 50 estafas en el marco del programa Procrear.
Los fiscales Javier Pizzo y David Bruna solicitaron al juez de Garantías Juan Tapia la elevación a juicio de la investigación seguida contra Pablo Augusto Aquino -como autor- y Natalia Vaccaro como partícipe por los delitos de estafas reiteradas en 52 hechos sucedidos entre los meses de junio de 2014 y enero de 2015.
De acuerdo al Código Penal, las penas previstas para este tipo de hechos van de uno mes a seis años, aunque cada caso es particular dado que las condenas no implican una suma aritmética.
En el marco de la investigación iniciada en febrero de 2015, que tiene 10 cuerpos de expedientes y casi 2000 fojas, fueron producidas numerosas medidas de prueba que permitieron concluir a los fiscales que el ardid desplegado por Aquino para engañar a sus clientes consistió en simular la existencia de una organización destinada a la construcción de viviendas denominada “Modularq Empresa Constructora” que publicaba a través de Internet.
En ese sentido, en la causa se destaca que casi todas las víctimas manifestaron haber contratado a Pablo Augusto Aquino como titular de la inexistente “Modularq Construcciones” a raíz de una publicación en la red social Facebook, donde se presentaba como una de las personas que más casas había tomado para construir con el plan Procrear y exhibía sus antecedentes positivo “logrando generar en las víctimas la confianza suficiente como para efectuarle los pagos correspondientes a los servicios que creían contratar”, según detallan los fiscales.
Como elemento que sustenta la acusación, se resalta que en los contratos escritos con las víctimas Aquino firmaba como representante y atribuía la responsabilidad civil, laboral y penal por las contingencias que pudieren surgir de eventuales incumplimientos a la empresa que sabía era inexistente.
Además, en el marco de las maniobras Aquino utilizó como pantalla la instalación de oficinas -con el nombre de la empresa- que mudó en diversas oportunidades, y asimismo su condición de empleado municipal para aparentar supuestas influencias y contratar cooperativas municipales que, según sus dichos, le permitirían abaratar costos.
Por ello, los fiscales entendieron que los descargos efectuados por los imputados y sus dificultades económicas actuales no constituyen elementos suficientes para descartar la hipótesis fiscal que reprocha penalmente las conductas de Aquino y Vaccaro en los hechos atribuidos. Es que consideran que “lejos de revestir los mismos incumplimientos contractuales de carácter civil, al ser orquestados en su mismo origen a sabiendas que no se poseía solvencia ni infraestructura suficiente para cumplir con los contratos que suscribirían, los mismos constituyen el delito de estafas”.
