La Fiscalía pidió que se revoque la domiciliaria de Etchecolatz
La fiscal Ángeles Ramos interpuso un recurso de casación al considerar “arbitraria” y “carente de fundamentación” la resolución tomada en diciembre. Sostiene que el tribunal se basó en informes médicos “parciales”.
La fiscal Ángeles Ramos, a cargo de la Unidad de Asistencia en Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, interpuso en las últimas horas un recurso de casación con el objetivo de que sea revocada la prisión domiciliaria otorgada al genocida Miguel Etchecolatz en diciembre. La representante del Ministerio Público Fiscal señaló que la resolución que otorgó el beneficio resultó “arbitraria”, “carente de fundamentación” y que afectó la garantía de defensa en juicio y el debido proceso legal.
Según informó el sitio oficial fiscales.gob.ar, el recurso contra la resolución del Tribunal Oral Federal n°6 de la Ciudad de Buenos Aires que a fines de diciembre pasado hizo lugar al pedido de prisión domiciliaria apunta a una “errónea interpretación y aplicación de normas sustantivas y procesales”. Al respecto, precisó que los magistrados basaron su fallo en informes médicos “parciales” agregados a la causa, pese a que contaban con otros informes médicos forenses de mayor peso que “no habilitaban la concesión del arresto domiciliario por motivos de salud”.
“El Tribunal hace afirmaciones parciales que no se condicen con la totalidad de la documentación existente y las manifestaciones orales expuestas en dos extensas audiencias que tuvieron lugar en la localidad de La Plata”, sostiene el recurso.
En este sentido, explica: “En esas oportunidades, los médicos que suscribieron el informe en el que concluyeron sus tareas, fueron preguntados muy puntillosamente por los jueces de aquella jurisdicción acerca de la situación de salud de Etchecolatz. Estas audiencias que a criterio de esta parte son esenciales para comprender la cuestión y estar en condiciones de resolver con ecuanimidad, no fueron mencionadas en la resolución. Evidentemente no han sido vistas por los jueces, o si lo fueron no les dieron ningún lugar, cuando son determinantes”.
Asimismo, la fiscal cuestiona que la medida no tuvo en cuenta la existencia de riesgos procesales oportunamente advertidos por el Ministerio Público Fiscal. En relación a este punto, subraya que el imputado formó parte de uno de los aparatos de inteligencia más importante de los que operaron durante la última dictadura militar, al tratarse de uno de los máximos jefes en su carácter de Comisario General a cargo de la Dirección General de Investigaciones de la provincia de Buenos Aires, lo cual implica la posibilidad de que “conserve cierto ascendente o poder para eliminar pruebas o rastros que lo incriminen” y, de tal forma, “evadir o entorpecer el accionar de la justicia”.
Según se informó, luego de que el 27 diciembre pasado el TOF 6 le concediera el arresto domiciliario, la Fiscalía realizó un pedido urgente de suspensión de dicha medida y que se proceda al cambio de domicilio al tomar conocimiento de que una víctima -querellante en una de las causas que tramitan en La Plata- reside en el mismo barrio.
Esa solicitud fue rechazada por uno de los camaristas, lo que motivó un recurso de reposición a fin de que el pleno del Tribunal reviera lo resuelto por el magistrado. Sin embargo, el 29 de diciembre, dos de los jueces nuevamente resolvieron no hacer lugar al recurso. Los magistrados tienen un especial deber de cuidado y deben extremar las medidas a fin de neutralizar toda posibilidad de revictimización y también de un posible entorpecimiento de un juicio en curso, y más aún de su paralización o suspensión, recaudo que debe ser extremado al límite cuando como en este caso, se encuentra comprometida la responsabilidad internacional del Estado”, consigna la fiscal.
Por su parte, este lunes organismos de Derechos Humanos querellantes en las causas contra el represor se presentaron ante el Tribunal Oral Federal (TOF) N°1 de La Plata también para pedir que se revoque el beneficio. Lo hicieron acompañados de vecinos del Bosque Peralta Ramos que viajaron hasta allí y sumaron a la presentación judicial las firmas juntadas en contra de la medida y distintas cartas.
