La Posada: dos pedidos de penas y cinco absoluciones
En su alegato, el fiscal Juan Manuel Pettigiani solicitó cinco años de prisión para el financista de la organización y cuatro años y medio para la mujer del dueño del prostíbulo. Además, requirió decomisar dos inmuebles.
El fiscal Juan Manuel Pettigiani solicitó penas sólo para dos de los siete imputados en el juicio por trata de personas y explotación sexual en el ex prostíbulo “La Posada” y el hotel lindante “El Paraíso”, que funcionaba en 11 de Septiembre al 3000, donde eran explotadas al menos 16 mujeres de nacionalidad Paraguaya. De esta manera, solicitó al Tribunal Oral Federal la absolución de los otros cinco acusados.
Según detalló el sitio fiscales.gob.ar, Pettigiani solicitó una pena de cuatro años y medio de prisión para Alicia Acevedo Galeano, esposa de quien fuera el dueño de La Posada, Juan Motillo, hoy fallecido, por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual agravada y explotación económica de la prostitución ajena, además de una multa de 10 mil pesos. En tanto, para Aníbal Soria, acusado de ser financista de la organización, pidió una pena de cinco años por el delito de explotación económica de la prostitución ajena, más una pena de 50 mil pesos.
Por su parte, pidió la absolución de la mujer de Soria, María del Carmen Castrege, quien le alquilaba a Motillo el inmueble donde funcionaba el bar prostíbulo; y de quienes eran empleados del lugar y cumplían funciones de seguridad, organizadores y atención de la barra: Gabriel Carmona, José Aníbal Patroni, Humberto Scarpetta, y Ariel Spaltro. Para fundamentarlo, planteó que “no participaron de la comisión del delito, que eran fácilmente reemplazables y que eran también personas vulnerables”.
Por otro lado, el fiscal pidió el decomiso de la vivienda de 20 de Septiembre al 3500 y del local donde funcionaba “La Posada”. No requirió el mismo destino para el hotel, a pesar de que se trata de un bien que fue utilizado para cometer el delito, dado que fue transferido a un tercero y esto está siendo investigado en una causa aparte, a partir de la cual se podría eventualmente avanzar.
De acuerdo a la hipótesis fiscal, quedó demostrado que La Posada y el hotel constituían una unidad comercial. Las tareas de inteligencia desplegadas por las fuerzas de seguridad en el marco de la investigación mostraban el movimiento que se hacía entre ambos lugares, a la vista de todos. Era el hotel una obligada continuidad de la actividad prostibularia del bar. De hecho cuando La Posada fue clausurada, cerró meses después el hotel.
La organización contaba a su vez con la vivienda de 20 de Septiembre al 3500, donde las víctimas eran alojadas y vivían en condiciones de hacinamiento. Desde allí, eran llevadas todas las noches por taxis contratados directamente por los explotadores. El fiscal señaló durante su alegato que quedó demostrado el aprovechamiento por parte de la organización, de la situación de vulnerabilidad que atravesaban las mujeres.
