Lavado total: piden elevar a juicio la causa contra 27 imputados
La Fiscalía Federal N°2 elevó la solicitud contra 19 acusados por lavado de activos y contra 8 que lo están por tenencia ilegal de armas. En total hay 60 personas involucradas en la investigación.
A casi dos años de concretados los allanamientos, detenciones y secuestros de cientos de vehículos, la Fiscalía Federal N°2 pidió la elevación a juicio de la megacausa “Lavado Total” contra 27 imputados: 19 acusados por lavado de activos y 8 por tenencia ilegal de armas. Teniendo en cuenta que son casi 60 las personas involucradas en la investigación se pidió profundizar la pesquisa respecto de las restantes sobre las que no se pidió aún su juicio oral y público.
En concreto, el fiscal Nicolás Czizik requirió al juez Santiago Inchausti la elevación a juicio de la causa contra 27 de las personas imputadas: 19 acusadas por lavado de activos -a una de ellas también se le suma la imputación por tráfico de estupefacientes por 4,5 kilos de cocaína que fueron encontrados ocultos en un auto el día de los allanamientos- y 8 que son acusadas por el delito de tenencia ilegal de armas.
Según se informó desde el Ministerio Público Fiscal, actualmente son 60 las personas que forman parte de la investigación, por lo que se requirió profundizar la pesquisa respecto de las restantes sobre las que no se pidió aún su juicio oral y público.
En su requerimiento, el fiscal Czizik valoró al menos ocho hechos de narcotráfico precedentes del lavado de activos, desde donde provendría el dinero ilícito, algunos de ellos con condenas firmes; otros pronto a llegar a juicio oral como el caso “Marea Verde”, previsto para el 2019, que consistió en desbaratar en 2015 una banda acusada de transportar y distribuir casi tres toneladas de marihuana en la costa atlántica.
En la investigación, en detalle, fueron comprobadas al menos 107 maniobras de compra-venta de vehículos que serían compatibles con el delito de lavado de activos. Justamente esas operaciones de compra-venta informal e irregular habrían servido de medio para convertir dinero de la venta de drogas en autos e intentar dar una apariencia lícita de ese patrimonio, pero que sin embargo no se pudo acreditar el origen lícito del mismo.
En este sentido, el fiscal argumentó: “La transferencia de dinero obtenido de la venta de la droga hacia vehículos automotores, en conjunto con el aprovechamiento de estas actividades pseudo-lícitas (la compra venta de automóviles irregular), permitía a los narcotraficantes no solo asegurar las ganancias en objetos que son más fáciles de resguardar y que no se deprecian tan rápidamente como la moneda, sino además disimular inmediatamente el producto del narcotráfico“.
Al momento son 310 los vehículos que fueron secuestrados, entre los que hay autos de alta gama, camiones, motos y hasta una lancha.
LA CAUSA
La causa se inició a partir del hallazgo, en febrero de 2013, de más de 165 kilos de cocaína en un vehículo cuando era conducido por la autovía 2, camino a Mar del Plata. El conductor del rodado era Juan Manuel Mariscal, quien resultó condenado por ese hecho en 2014. La Justicia federal comenzó a indagar sobre el origen de esa droga y el financiamiento de la operación, para lo que se trabajó en la individualización del patrimonio del condenado y sus familiares cercanos.
Después de individualizar el auto de unos de sus hijos, que era guardado en un galpón sobre la avenida Jara al 3800, se dispuso en abril de 2013 el allanamiento del lugar donde se encontraron otros 30 vehículos sin respaldo financiero ni documental aparente.
A partir de ahí se estableció como hipótesis de investigación la existencia de una organización conformada por dos grupos de personas vinculadas entre sí y dedicados, en su mayoría, a la compra y venta informal e irregular de automóviles: por un lado el de Juan Manuel Mariscal y por el otro el de Hugo Alberto “Coco” Esteban, con sus respectivos entornos familiares y allegados, quienes, según afirman los investigadores, “han puesto a su nombre y en cabeza del resto varios bienes de gran valor económico sin ningún antecedente de índole comercial ni justificación lícita”.
“Coco” Esteban, uno de los principales implicados y que continúa prófugo, también está acusado en el caso “Marea Verde”. En esta causa, los investigadores detectaron que el grupo compuesto por Esteban y su entorno se dedicaría a la compra y venta de rodados, en su mayoría de alta gama, montando para ello un comercio clandestino, con la fachada de concesionarias o galpones, que no estarían sujetos a ningún tipo de registro ni tributo ni control fiscal y por consecuencia sin aportar los correspondiente impuestos.
