Licencias truchas: ocho claves de un juicio con tinte político
El exjefe de la División de Licencias de Conducir Juan Carlos Belmonte es el principal acusado. Los imputados podrán recibir penas de 3 a 10 años de prisión. En qué se centra el debate, por qué está el actor Federico Bal y qué causas paralelas existen.
A partir de este miércoles son juzgadas por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 diez personas acusadas de haber formado parte de una asociación ilícita que llevó adelante la comercialización ilegal de carnets de conducir, causa que se conoce como “licencias truchas”. Además, también es juzgado -en el marco de un extenso proceso que se podría extender dos meses- el actor Federico Bal por una causa que se tramitó de manera paralela a partir de la tramitación irregular de su licencia.
Entre los acusados que llegaron al juicio se encuentra Juan Carlos Belmonte, que cuando ocurrieron los hechos era el jefe de la División de Licencias de Conducir de la Municipalidad y es el sospechoso de ser el jefe de la asociación criminal. Si bien fueron 25 los imputados que fueron elevados a juicio luego de la investigación surgida en abril de 2014, el resto suscribieron suspensiones de juicio a prueba o fueron condenados en juicios abreviados a lo largo del tiempo.
A continuación, un repaso por las claves de un juicio que presenta también intereses y relevancia política. Es que en otras causas paralelas aparecen investigados exfuncionarios del gobierno anterior y ya en la previa de este debate Belmonte no dudó en sostener ante la prensa que las órdenes eran impartidas por sus superiores.
* Además de Belmonte, también son juzgados Luis Alberto Belmonte, Carlos Alberto Zelaschi, Sabrina Aylén Soria, Leda Raquel Araya, Verónica Noemí Benedetti, Raúl Ernesto Hernández, Fenando Eduardo Peña, Viviana Beatriz Pared y Ester Carolina Bonfini. Están acusados por los delitos de asociación ilícita, incumplimiento de deberes de funcionario público, falsificación de documento público y cohecho pasivo.
* Todos ellos fueron imputados luego del primer allanamiento realizado en abril de 2014 en el Distrito Descentralizado El Gaucho. Belmonte fue el único que permaneció tres años detenido, aunque la última parte de la prisión preventiva la cumplió en su domicilio ya que que en marzo del año pasado fue excarcelado.
* Las penas previstas son de tres a diez años de prisión para los que integraban la asociación ilícita y cinco años como piso para quien la lideraba.
* También es juzgado el actor Federico Bal -quien este miércoles hasta posó ante los fotógrafos en la Puerta de Tribunales- por el delito de utilización de instrumento público falso agravado. Si bien forma parte del mismo juicio su caso llegó a esta instancia por una investigación que tramitó de manera paralela a partir de la tramitación irregular de su licencia. El fiscal Marcos Pagella explicó este miércoles que llegó a esta instancia al no haber querido firmar un acuerdo de juicio abreviado o suspensión de juicio a prueba, como otros acusados.
* El juicio contará con la declaración de 110 testigos, entre ellos funcionarios y concejales, por lo que se espera que el proceso se extienda unos dos meses.
* En paralelo a esta causa principal que ahora llegó a juicio, se conformaron investigaciones penales independientes a lo largo de los meses en los que se desató el escándalo. En una de ellas fue imputado Belmonte por la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito. Otra se dio respecto del accionar de funcionarios policiales, entre ellos el exjefe de la Departamental Darío Ibañez.
* Además, y sin que hayan registrado avances considerables hasta el momento, en 2015 los investigadores formaron una causa contra el por entonces director general de Movilidad Urbana, Guillermo Iglesias, y el subsecretario de Control, Adrián Alveolite, por la posible comisión de delitos de acción pública, concretamente incumplimiento de los deberes de funcionario público, luego de que se conociera que la licencia de Lucas Carnero, el joven que atropelló y mató a un policía, era trucha. También en ese entonces el exintendente Gustavo Pulti y otros funcionarios fueron investigados luego de las declaraciones de dos imputados que asumieron su culpabilidad en un juicio abreviado.
* En una declaración que había prestado en el marco de la causa que se sigue contra Federico Bal -es decir, no en la causa principal-, Belmonte buscó implicar al exintendente Pulti al asegurar que sabía “todo” lo que pasaba en el Distrito Descentralizado El Gaucho, tal como lo hizo este miércoles al llegar a Tribunales, aunque sin mencionar nombres.
* Juan Carlos Belmonte: el jefe de la División de Licencias de Conducir de la Municipalidad es el sospechoso de ser jefe de la asociación ilícita, coautor del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, coautor de cohecho pasivo y autor del delito de tenencia ilegal de arma de uso civil. * Luis Alberto Belmonte (funcionario): imputado por ser coautor de la asociación ilícita, de falsificación de documento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público y de cohecho pasivo. * Alberto Carlos Zelaschi (funcionario): acusado de ser coautor de la asociación ilícita, de los delitos de falsificación de documento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público. * Sabrina Ayelén Soria (empleada): imputada por ser considerada coautora de la asociación ilícita y del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además de autora de los delitos de defraudación contra la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario pública y coautora de cohecho pasivo. * Leda Raquel Araya (empleada): acusada de ser coautora de la asociación ilícita y del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público; autora de los delitos de defraudación contra la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público y coautora de cohecho pasivo. * Verónica Noemí Benedetti (funcionaria): considerada como coautora de asociación ilícita, de falsificación de documento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público y de cohecho pasivo. * Raúl Ernesto Hernández (funcionario): imputado como coautor de asociación ilícita, de los delitos de falsificación de documento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público y de cohecho pasivo. * Fernando Eduardo Peña (funcionario): imputado como coautor de la asociación ilícita, falsificación de documento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y de cohecho pasivo. * Viviana Beatriz Pared (funcionaria): acusada de ser coautora de la asociación ilícita, falsificación de documento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y de cohecho pasivo. * Ester Carolina Bonfini (gestora, no era empleada municipal): imputada como coautora de la asociación ilícita. * Federico Bal (no formó parte de la investigación central contra la asociación ilícita sino su caso se trató de una causa particular): imputado por utilización de instrumento público falso agravado.
