Otero: detenido, procesado y embargado por $4 mil millones
El concesionario de la Terminal Ferroautomotora es uno de los empresarios que fue procesado por el juez Bonadío en la causa por corrupción. Todavía está pendiente la resolución sobre la situación del titular de Coarco.
El empresario Néstor Otero, concesionario de la terminal de micros y trenes de Mar del Plata -además de la de Retiro- y con diversos contactos en la ciudad, es uno de los más de 40 exfuncionarios y empresarios que fueron procesados en las últimas horas por el juez federal Claudio Bonadío en el marco de la causa conocida como “los cuadernos de la corrupción”. El magistrado dispuso dictarle la prisión preventiva y un embargo de $4.000 millones. Otro de los involucrados en la causa es el titular de la empresa marplatense Coarco, Patricio Gerbi, cuyo testimonio como “arrepentido” fue tenido en cuenta por el juez, pero todavía está pendiente que se resuelva -o no- su procesamiento.
Concretamente, en la extensa resolución del juez Bonadío -que este lunes fue publicada por el Centro de Información Judicial y luego borrada- en la que se acusa a la expresidenta Cristina Kirchner de liderar una asociación ilícita junto a decenas de funcionarios y empresarios, para el caso de Otero el juez dictó su procesamiento en orden a los delitos de “asociación ilícita en calidad de miembro; dación de dádivas -un hecho- en calidad de autor; y tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil -en dos oportunidades- en calidad de autor, los cuales concurren realmente entre sí”.
Asimismo el juez resolvió dictarle prisión preventiva por lo que seguirá detenido -como lo está desde el pasado 21 de agosto– y mandó a trabar un embargo sobre los bienes y dinero suficientes hasta cubrir la suma de $4.000 millones.
El juez Claudio Bonadío (Foto: CIJ)
En el procesamiento, el juez Bonadío entendió que en el marco de la causa “se pudo determinar la existencia de una organización criminal que desde las máximas autoridades del Poder Ejecutivo de la Nación y del ex Ministerio de Planificación Federal diseñaron un mecanismo mediante el cual se recaudaba dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos”.
En ese marco, en cuanto a la responsabilidad de Otero el juez sostuvo que “ordenó que se entregue a Nélson Lazarte la suma de 250 mil dólares en la Terminal de Ómnibus de Retiro”. Además, afirmó que “se reunió en varias ocasiones con los imputados Roberto Baratta y Rafael Llorens, en la terminal de Ómnibus de Retiro, como así también en el restaurant Carletto de Puerto Madero”.
Durante su declaración indagatoria, Otero había dicho que resultaban “falsas las imputaciones y negó “haber realizado entrega de suma de dinero alguna al señor Baratta”.
Otero ya fue condenado tiempo atrás por la Justicia -se le impuso una probation– por pagar dádivas al también condenado exsecretario de Transporte del kirchnerismo Ricardo Jaime. Su relación con Mar del Plata es directa. El empresario no solo es socio del empresario Florencio Aldrey Iglesias sino que además es el concesionario de la estación Ferroautomotora, desde que la misma se adjudicó para ser construida.
En agosto de 2004, el entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner, anunció la construcción de la nueva estación de Mar del Plata, con un costo a cargo del Estado nacional de 170 millones de pesos. A fines de 2006, el Gobierno anunció que la beneficiada sería la empresa integrada por Néstor Otero y el grupo Emepa-Ferrovías. Más adepante, a fines de 2013 Néstor Otero también pasó a ser uno de los propietarios de lo que quedó del Diario El Atlántico tras el vaciamiento iniciado por el Grupo Crónica en complicidad con Aldrey Iglesias.
GERBI ESPERA UNA RESOLUCIÓN
La causa tiene entre uno de los empresarios “arrepentidos” a Patricio Gerbi, titular de la firma Coarco. Si bien todavía está pendiente que el juez Bonadío resuelva su situación -si lo procesa o no- el magistrado tomó parte de su testimonio en la resolución de este lunes para sustentar la existencia de una “asociación ilícita”.
“Por el año 2003 un día (Carlos) Wagner -el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción – nos comunica que por pedido de Kirchner la instrucción era montar un sistema de recaudación, nos mencionó a un tal Clarens, lo nombró y nos dijo que se iba a comunicar con nosotros. Nos pareció un disparate, no sabía si era de arriba o si la orden era de Wagner. A la semana aproximadamente me llama un tal Clarens, me imagino que el teléfono se lo debe haber dado Wagner, y me dice que sabía que habíamos empezado una obra en Tierra del Fuego y que tenía que pasar a pagar, a aportar a una caja que según ellos era para la presidencia”, fue el tramo de la declaración del empresario marplatense que el juez utilizó en su resolución en la que habló de un “claro mecanismo ilegal de recaudación que se desarrolló durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández”.
