Piden que vaya a juicio una mujer que regenteaba un prostíbulo

El lugar funcionaba a metros de la Terminal y cinco mujeres eran explotadas. La imputada fue detenida por primera vez en 2017, fue excarcelada, luego se fugó y finalmente fue capturada en marzo pasado.

14/09/2018
Piden que vaya a juicio una mujer que regenteaba un prostíbulo
(Foto: ilustrativa / QUÉ Digital)

La Fiscalía Federal requirió que una mujer de 52 años que está detenida desde marzo pasado acusada de haber manejado un prostíbulo ubicado a metros de la Terminal Ferroautomotora en el cual se explotaba sexualmente a cinco personas vaya a juicio en el marco de una investigación iniciada en mayo de 2016 y que atravesó distintos estados ya que la imputada en su momento había sido excarcelada y luego estuvo prófuga durante ocho meses, en los que habría intimidado a las víctimas para que no declaren en su contra.

De acuerdo a lo informado por el Ministerio Público Fiscal, el titular de la Fiscalía Federal N°2, Nicolás Czizik, le solicitó al juez Santiago Inchausti la elevación a juicio de la investigación que tiene como principal imputada a la mujer de 52 años. También, junto a su pareja, se le imputa el delito de tenencia ilegítima de arma de fuego.

El prostíbulo funcionaba en la planta baja de un PH situado en la calle 3 de febrero e Italia y en el primer allanamiento realizado en julio de 2017 fueron rescatadas cinco mujeres que eran explotadas sexualmente. la acusación sostenida con la mujer es la de “trata de personas con fines de explotación sexual, agravada por haber sido cometido en abuso de la situación de vulnerabilidad, por la cantidad de víctimas y por haber sido consumada la explotación”.

Según se estableció durante la investigación, el lugar era publicitado a través de volantes callejeros, y era la imputada quien pactaba con los clientes los “servicios” que prestaban las víctimas, quienes presentaban similares características: escasez de recursos y vulnerabilidad económica y familiar.

De acuerdo a la fiscalía, “el temor de las víctimas hacia su explotadora quedó probado por los diversos testimonios que, primero, sostuvieron que trabajaban en una suerte de cooperativa de gastos, pero que, luego de un segundo allanamiento, evidenciaron el mecanismo de funcionamiento del lugar y las situaciones de sometimiento”.

En su requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Czizik señaló que “el temor que les infundía era tal que declararon a favor de ella” y agregó que “el miedo a quedarse ‘sin trabajo’ – mecanismo de control y sometimiento utilizado por la imputada- fue expresado por todas las víctimas, las que indicaron ‘había arreglado con ellas qué es lo que debía decir si iba la policía al lugar”.

Además, destacó que ese temor que manifestaron tener, se hizo realidad: “Prófuga del accionar de la justicia comenzó a hostigarlas, a través de sus conocidos o familiares directos o incluso ella directamente, queriendo conocer cuáles habían sido los términos de sus declaraciones”. En virtud de ello, es que se convocó al Programa de Protección de Testigos  y se buscaron alternativas para garantizar la seguridad de una de las víctimas.

 LA CAUSA  

La investigación se inició en mayo de 2016 ante un llamado anónimo recibido en la Fundación María de los Ángeles, que alertaba sobre la existencia de un establecimiento privado que funcionaría a unos ciento metros de la terminal , donde serían explotadas sexualmente un grupo de mujeres.

En este marco, el 12 de julio de 2017 se realizó un allanamiento en el departamento, donde fueron rescatadas cinco mujeres que eran explotadas sexualmente y se procedió a la clausura del establecimiento. Asimismo, se allanó la vivienda que habitaba la imputada junto a su pareja, en la calle Garay al 7100, donde se incautó una pistola calibre 22, cuya tenencia no estaba autorizada.

Menos de un mes después, una denuncia a la línea 145 dio cuenta de que se había quitado la faja de clausura y el lugar había vuelto a funcionar, por lo que se ordenó un nuevo allanamiento, que se realizó el 8 de agosto de 2017, aunque la imputada –que había sido excarcelada- no pudo ser ubicada, lo que motivó que el juez revocara su excarcelación y ordenara su captura nacional e internacional.

Según advirtieron desde la fiscalía , durante los ocho meses en que estuvo prófuga -hasta su detención el pasado 14 de marzo-, la imputada intentó contactar a las víctimas para “intimidarlas” e “instruirlas” sobre lo que debían declarar ante la Justicia. En virtud de ello, en abril pasado el juez Inchausti  dispuso su procesamiento con prisión preventiva.

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