Trata: penas de 8 y 16 años y una absolución, el pedido de la Fiscalía
En instancia de alegatos, el fiscal Daniel Adler dio por probado el delito de trata con fines de explotación sexual del que fueron víctimas dos adolescentes y una joven tras ser engañadas con falsas promesas para viajar a Pinamar.
El juicio oral y público por trata de personas con fines de explotación sexual que se está desarrollando en Mar del Plata entró en etapa de alegatos. El fiscal federal de Distrito Daniel Adler solicitó penas de 16 y 8 años para Alejandro Daniel Aguirre y Gonzalo Matías Aguirre, respectivamente, por haber engañado en el verano de 2013 a tres mujeres -dos de ellas niñas de 15 y 16 años- en Florencio Varela, con falsas promesas de trabajo.
Para la tercera imputada solicitó la absolución al entender no acreditada su participación criminal en el hecho y contemplar, entre otras cuestiones, su situación de extrema vulnerabilidad, las amenazas denunciadas durante el debate y la ausencia de un “efectivo acceso a la justicia”.
Acompañado por el fiscal federal de Dolores, Orlando Giménez, Adler pidió también el decomiso del Renault Logan que Aguirre usó no sólo para el traslado de las adolescentes desde el conurbano a Pinamar, sino también para llevarlas a concretar la explotación sexual. Además -por haberse cometido el delito con ánimo de lucro- impuso multas de 80 mil y 50 mil pesos para padre e hijo, respectivamente.
Enseguida, señaló que -conforme el artículo 23 del Código Penal- “corresponde que tanto las multas a imponer y el decomiso sean afectados a programas de asistencia a las víctimas, debiendo ordenarse luego del pago de las multas y de la realización del vehículo en cuestión, el depósito del dinero en cuenta oficial a nombre de cada una de las víctimas”.
Y como último punto, requirió que se remita copia de lo actuado al Colegio de Abogados Departamental, en relación a la actuación del abogado defensor Héctor Zamora, a fin de que se evalúen las sanciones disciplinarias correspondientes por la presunta violación al artículo 60 de la ley 5177 –que da cuenta de la prohibición de defender intereses encontrados- y a las normas de ética profesional del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires.
En relación a la situación de las adolescentes, Adler reparó: “Se trataba de dos niñas que se encontraban a casi 400 kilómetros de su casa, sin dinero y con escasos conocimientos para salir de un lugar donde Alejandro Aguirre tenía efectivo dominio, y además hacía notar sus influencias políticas y su capacidad de dañar”.
El argumento central que usó Aguirre en su defensa fue que se trababa de una causa armada por intereses políticos. “Sin embargo no pudo explicar en qué momento y de qué modo las niñas se relacionaron con gente de la política que lo quisiesen perjudicar”, expresó Adler. De hecho, “de un modo prácticamente inmediato las niñas escaparon hacia la comisaría y de allí fueron alojadas en el Hospital Municipal donde recibieron asistencia”.
ABSOLUCIÓN PARA UNA IMPUTADA
En relación a la mujer imputada, sostuvo: “El Ministerio Público Fiscal no forma convicción acerca de su participación criminal en el hecho. No alcanza con la realización de actos materiales sino que estas acciones externas deben estar cargadas de subjetividad final, esto es dirigidas a un propósito criminal, y más aún en el caso de trata de personas donde al dolo se agrega una finalidad interna trascendente en el tipo final, esto es la explotación humana”.
“Este cambio de posición del MPF no resulta arbitrario sino que se funda en lo sucedido en el juicio”, apuntó y se refirió a la declaración que prestó la imputada en el debate oral. “No sólo se apartó de lo que había dicho en primera instancia, sino que manifestó que su declaración había sido convenida con el abogado de los coimputados”, apuntó. Esto lo dijo frente al mismo abogado y con el control de los Aguirre que escucharon el relato, quienes no requirieron la confrontación en ningún momento.
En un pasaje del alegato, Adler reparó en que la imputada tiene una hija menor, producto de una violación que sufrió a los 13 años, que dijo que aceptó viajar a Pinamar para comprar los útiles para la escuela de la niña, y que no tenía empleo. Además, reparó en que dormía en el mismo lugar que el resto de las víctimas, y que sólo estuvo tres días al pedir volver a su casa.
