Una familia y un largo caso por trata laboral en campos
La Cámara de Casación confirmó los procesamientos de la familia Constantino en dos investigaciones iniciadas en 2013, y sugirió la realización en breve del juicio oral. La empresa Huertas del Sudeste acumula graves acusaciones de explotación.
Dos causas en torno a Juan Martín Costantino giran desde 2013 por su accionar en campos ubicados en la Ruta 88 y apuntan al delito de trata de personas con fines de explotación laboral, agravado por la cantidad de víctimas, por el abuso de su situación de vulnerabilidad, por haberse consumado la explotación y por haber sido cometido en perjuicio de menores de edad, en concurso aparente con el delito de reducción a la servidumbre. A él se suman su padre, Francisco Costantino, y su hermana, Mariela Soledad Costantino. Y también –aunque bajo el rol de partícipe secundario-, Rubén Sartor.
En los últimos días, casi cuatro años después de iniciada la primera investigación, la Cámara de Casación resolvió sostener los cuatro procesamientos y sugirió la realización a la brevedad de un juicio oral y público. La decisión fue en sintonía con lo pedido por la fiscalía y en contra de lo que había resuelto meses atrás la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata que sostuvo que existían en el caso incumplimientos de la normativa laboral, pero no el delito de trata de personas.
LAS CAUSAS
De acuerdo a lo publicado por el sitio oficial Fiscales.gob.ar, el primer expediente se inició en diciembre de 2013 cuando un bombero de Batán reconoció a una nena en la sala de primeros auxilios como la misma que aparecía en una foto publicada en el portal de internet del Registro de Personas Menores Extraviadas de la Nación, y quien le dijo estar viviendo en una quinta ubicada por la Ruta 88. La información llegó a Río Negro, de donde ella era oriunda, y el Secretario de Derechos Humanos de esa provincia realizó la presentación judicial.
A partir de allí, se inició la investigación por parte de la Fiscalía Federal N°2 y en noviembre de 2014 se realizó un allanamiento sobre la quinta Costamari, ubicada en el kilómetro 5,5 de la Ruta 88, cuya producción era comercializada por la firma Huertas del Sudeste S.A. Allí se encontraron 85 personas entre trabajadores y familiares, y las víctimas resultaron ser 42, 25 de ellas que habían llegado desde Bolivia. Había cinco personas en situación migratoria irregular y se identificó a dos menores de 17 años. Meses después, el juez Santiago Inchausti procesó a Juan Martín Costantino y a su padre Francisco.
De acuerdo a lo expuesto por los investigadores, en la quinta se constataron que las víctimas vivían en condiciones precarias, que trabajaban en jornadas laborales de excesiva duración, sin contrato laboral ni registración, y que las tareas por las que percibían salarios ínfimos o no acordes con la labor desarrollada se realizaban sin las medidas de seguridad y expuestas a intoxicación por manipulación de agroquímicos y hasta el consumo de agua contaminada.
Mientras esa investigación seguía su curso, en febrero de 2016 Juan Martín Costantino y su padre volvieron a ser procesados en otra causa ahora junto a la hermana de Juan Martín, Mariela Soledad, y un hombre que cumplía el rol de encargado del campo situado en el kilómetro 9 de la Ruta 88, Rubén Sartor. Según entendió la Justicia, se cometían los mismos delitos que en el primer campo investigado.
Esta causa, se inició a partir de una denuncia de la Fundación Alameda, a la que fue agregada otra presentación sobre el mismo lugar, realizado por el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea). Esta quinta, de acuerdo a la información oficial, estaba compuesta por dos predios rurales divididos por una calle de tierra, conocida como “La Loma” o “Aníbal”.
RUMBO A JUICIO ORAL
Luego de que en junio del año pasado el Ministerio Público Fiscal interpusiera dos recursos en Casación para que la investigación por el delito de trata de personas continuara, finalmente en los últimos días el tribunal revirtió la resolución de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata y planteó que en breve debiera realizarse un juicio oral.
La jueza de la Sala II, Ángela Ledesma, cuyo voto fue acompañado por Carlos Alberto Mahiques y Alejandro Slokar, sostuvo que “el tribunal seleccionó arbitrariamente tan solo un segmento de las declaraciones testimoniales de los trabajadores para arribar a esa decisión, omitiendo analizar globalmente su situación de vida, conforme la totalidad de la evidencia acumulada”.
A la presentación de los fiscales se había sumado otra de la Fundación Alameda, que actúa como querellante. Por su parte, la abogada defensora, Patricia Perelló, había señalado que de los testimonios se desprendía que los trabajadores habían llegaron a la quinta por recomendación de familiares, que sus documentos no habían sido retenidos, que tenían celulares y algunos autos y que nunca fueron víctimas de intimidaciones.
