Cambiemos busca borrar a Kirchner de los espacios públicos
El diputado provincial Guillermo Castello presentó un proyecto de ley que establece que para nombrar a un bien del Estado con una persona física deberán haber transcurrido al menos diez años desde su fallecimiento.
El diputado provincial de Cambiemos Guillermo Castello presentó un proyecto de ley que establece que cuando a los bienes y espacios públicos del Estado provincial se le quiera imponer el nombre de una persona física deberán haber transcurrido al menos diez años desde el fallecimiento de la misma. Además, propone un plazo de 180 días dentro del cual se revisarán los nombres impuestos en violación a dichos plazos.
“Las imposiciones de nombres a bienes públicos tomadas por gobernantes en el poder mediante las cuales se homenajean a sí mismos constituyen una de las más visibles expresiones de lo que se conoce como ‘culto a la personalidad’, grave desviación de la democracia republicana”, explica Castello sobre el nacimiento del proyecto de ley.
“Es así que al promover la adoración casi religiosa de líderes políticos se fomenta la idea antidemocrática según la cual los derechos y libertades individuales no son resultado de un sistema político jurídico que los reconoce sino obra y gracia de la concesión benévola de un líder todopoderoso y mesiánico”, continúa el diputado provincial.
Castello justifica el proyecto de ley por la “infinidad de espacios públicos a los que se les ha impuesto el nombre del expresidente Néstor Kirchner”, de los cuales, asegura que “en muchos casos por exigencia de su cónyuge supérstite y sucesora en la primera magistratura de la Nación en momentos en que se encontraba desempeñando la misma, y en no pocos casos como derivación de un inverosímil torneo de obsecuencia desatado entre dirigentes partidarios”.
Castello considera que el proyecto de ley que presentó “procura un mayor consenso al momento de resolver sobre designaciones de espacios y bienes públicos en la medida que el curso de los años aplaca las emociones y facilita un análisis más templado”. Además, dice que el proyecto busca que funcionarios electos no sean presionados para consentir denominaciones.
“El proyecto reduce las posibilidades de que en el futuro un corrupto se vea inmortalizado en una escuela o un hospital”, finaliza Castello.
