Drogas: “Hay acuerdo en la no criminalización de los usuarios”
Lo aseguró el juez de Garantías, Juan Tapia, en relación a un documento que lleva la firma de 250 funcionarios judiciales con el objetivo de pedir “una política de drogas más eficaz y humanitaria”, de la mano de una ley integral.
En el marco de la presentación del documento que lleva la consigna #A30añosdeBazterrica y que cuenta con la adhesión de unos 250 jueces, fiscales y defensores de todo el país, el juez de Garantías marplatense, Juan Tapia, destacó la importancia de que el Poder Judicial se expida en relación a la necesidad de una reforma integral de la ley de drogas. “Hay un punto de acuerdo en la no criminalización de los usuarios de droga, más allá de las distintas perspectivas”, apuntó, respecto al consenso en torno a la problemática.
En concreto, Tapia hizo alusión a la declaración que comenzó a circular en las últimas semanas, al cumplirse 30 años del histórico fallo Bazterrica, en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró que perseguir a los usuarios de drogas por tenencia para consumo personal era inconstitucional. El objetivo de la iniciativa –impulsada por la Asociación Pensamiento Penal– es exigir una ley que no criminalice a los usuarios de drogas, terminar con los tratamientos compulsivos e investigar el uso terapéutico de algunas de las sustancias prohibidas.
En diálogo con QUÉ, en la radio, el magistrado -quien junto a numerosos actores del Poder Judicial local adhiere al documento- explicó que lo que se quiere poner sobre el tapete “es la necesidad de una amplia rediscusión democrática de la actual política criminal que se emplea en la persecución penal tanto de los usuarios de droga como de aquellos vinculados con el microtráfico, que son los últimos eslabones de la comercialización de drogas”.
“La primera premisa tiene que ver con remarcar el fracaso absoluto de la guerra contra las drogas como instancia política y bélica, porque ha generado mayores daños a la comunidad en relación a esos que debía reducir”, entendió, sobre el espíritu de la iniciativa, y reparó en la necesidad de “modificar el actual esquema policial de represión a los usuarios de drogas, que eventualmente pueden ser tratados por el Estado con alguna política (sanitaria o terapéutica) pero no con una política criminal y represiva”.
Al respecto, Tapia hizo hincapié en el fallo Arriola, en el que en 2009 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la criminalización de la tenencia de droga para consumo personal. “Ya ha quedado claro que no se trata de acciones criminales”, apuntó, sobre el accionar de los usuarios de sustancias.
Consultado sobre la existencia o no de un consenso general en torno a la necesidad de modificar la concepción y abordaje de la problemática, para Tapia “hay un punto de acuerdo en la no criminalización de los usuarios de droga, más allá de las distintas perspectivas que pueden tener los distintos actores judiciales”.
“El consenso es evidente en relación a la necesidad de replantear de plano la cuestión de la criminalización del consumo de estupefacientes, dar vuelta el escenario hacia la persecución eficaz de las bandas organizadas, del dinero que emerge de las drogas, de las redes, del tráfico que genera violencia en los barrios, en la territorialidad”, ahondó, sobre la importancia de esta declaración.
El juez de Garantías Juan Tapia destacó la importancia de un abordaje integral de la problemática (Foto: QUÉ Digital)
En esa misma línea, el magistrado graficó la situación de las mujeres encarceladas por comercialización de drogas, ya que muchas veces “en realidad son víctimas de organizaciones criminales que aprovechan situaciones de vulnerabilidad en los barrios, de mujeres que son víctimas incluso de la reproducción de estereotipos de género”.
“Por eso decimos que evidentemente la persecución penal debe orientarse hacia los más poderosos y no hacia los sectores vulnerables que pueden ser captados por estas redes”, advirtió y dijo que respecto a los usuarios, “es idéntica la valoración que se debe efectuar”.
LA NECESIDAD DE UN CAMBIO DE CONCEPCIÓN
Para el juez de Garantías Juan Tapia, por fuera de la importancia del fallo Arriola –que llegó años después de Bazterrica y tras la anulación del fallo en la década del ’90- “la ley sigue criminalizando a los usuarios de la droga, que son vistos con criminales”.
“Esto genera que muchas veces la policía pare y detenga a algunos actores sociales, grupos vulnerables sobre todo, que están armando un cigarrillo de marihuana, se los lleva detenidos, y luego en la fiscalía se archivan las actuaciones”, relató y entendió que esto lo único que hace es generar “un ingreso innecesario al sistema penal, que implica ser tratado como un delincuente, estar en un calabozo”.
“Se genera una situación en la cual alguien que no está cometiendo un delito -porque la Corte ya lo dijo- es tratado como un delincuente. Por eso es necesario modificar la ley 23.737 y dejar claro que esas conductas pueden ser canalizadas por el Estado, pero no desde la ley penal ni desde la represión sino desde la salud pública”, completó el magistrado.
De todas formas, y en lo que hace a los avances de cara a la consolidación de una reforma integral de la ley, el juez Tapia entendió que ese es el camino al que apunta el documento, en especial teniendo en cuenta que la desfederalización de algunos delitos vinculados con la droga “ha sido un fracaso”.
“La desfederalización en 2005 generó una problemática novedosa que remarca la necesidad de definir qué hacemos con los usuarios de droga”, reflexionó y destacó el caso de Mar del Plata, donde el Ministerio Público Fiscal desarrolló “un protocolo de actuación que impone al personal policial tener reactivos y balanzas para determinar cuantitativa y cualitativamente en el lugar, sin trasladar al joven a la comisaría, si esa persona tiene droga para consumo personal”.
Ante este escenario, para Tapia “lo que hay que perseguir es la criminalidad organizada, el narcotráfico y el lavado de dinero proveniente de esta clase de acciones que tienen sus efectos más negativos sobre los grupos vulnerables de la comunidad”. “La realidad es que existen muy pocas condenas para las cabezas de estas redes de criminalidad organizada”, completó el magistrado, sobre la necesidad de un cambio.
