“Está la firma de Fernández Garello en los documentos”
Autoridades de la Comisión por la Memoria brindaron detalles de la denuncia contra el actual fiscal general por delitos de lesa humanidad. Señalaron que realizó espionajes a Madres de Plaza de Mayo y hasta en cooperadoras escolares.
“Está su firma y nombre completo en los documentos”. “Llegó a participar hasta de espionaje de cooperadoras escolares“. “No puede estar en funciones mientras tanto”. Esas fueron algunas de las definiciones que dejaron en su paso por la ciudad autoridades de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en el marco de la denuncia lanzada días atrás respecto a la presunta participación del fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, en delitos de lesa humanidad.
En el marco de una conferencia de prensa en la que participaron diversos organismos de derechos humanos y representantes políticos y sociales, dos autoridades de la Comisión por la Memoria, Roberto Cipriano y Sandra Raggio, brindaron detalles y datos respecto a la documentación aportada en la Justicia por los hechos en los que aparece involucrado Fernández Garello.
Cipriano y Raggio remarcaron en primera instancia la “gravedad institucional” del caso por su afectación a la democracia y contaron que el hallazgo de la vinculación del actual fiscal general de la ciudad se produjo de manera “casual” en el marco de una revisión de documentación pedida para un proceso en torno al archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba), que la Comisión por la Memoria custodia desde 1999 y que registra las tareas de espionaje realizadas desde la década del ’40 hasta 1998.
En concreto, explicaron que del análisis de los datos respecto a la participación de la Dippba en el secuestro de tres militantes comunistas encontraron el nombre de Fernández Garello como uno de los agentes participantes.
“Fernández Garello integra esa delegación por lo menos hasta el 1982. Esto está documentado no es una elucubración nuestra, son los propios documentos de la Policía Bonaerense”, aseguró Cipriano y puntualizó que en esos documentos “se acredita su participación en 17 hechos que tiene que ver con espionaje político y gremial”.
Entre esos hechos, según reflejaron, aparece su participación en una reunión de las Madres de Plaza de Mayo con el Episcopado “donde el informe de quien está presente en esa reunión es el de actual fiscal general”. Asimismo, puntualizaron que su nombre aparece en documentos vinculados a espionajes hasta en reuniones de cooperadoras escolares y de asociaciones sindicales.
LOS HECHOS DENUNCIADOS
Los hechos por los cuales apuntan a Fernández Garello son dos: la participación en el secuestro, tortura y asesinato de Ana María Martínez y el secuestro y tortura de al menos tres militantes comunistas. Entre 1978 y 1982, según detallaron, el fiscal revistaba como subinspector de la Dippba donde “desarrolló acciones de espionaje político y gremial, e infiltración en organismos de derechos humanos en el marco del terrorismo de Estado”.
En cuanto al caso de los tres militantes secuestrados y torturados, los integrantes de la Comisión puntualizaron que existe un acta formal firmada por Fernández Garello con su nombre completo como uno de los agentes que intervino en una detención previa de uno de los militantes.
“No tenemos ninguna duda porque surge de los documentos de la propia Dippba que el actual fiscal general prestó servicios allí durante la dictadura y que realizó actividades en línea con los objetivos de la policía que era la persecución de la ‘subversión’“, resumió Raggio.
CUESTIÓN DE TIEMPOS
La defensa pública que hizo Fernández Garello fue este martes sólo a través de un comunicado en el que negó estar involucrado en los hechos mencionados e hizo referencia sólo a uno de los dos: el del secuestro, tortura y asesinato de la marplatense Ana María Martínez. Es que el fiscal señaló que el hecho se concretó el 4 de febrero de 1982 cuando él prestaba funciones en otro lugar.
Sin embargo, desde la Comisión Provincial por la Memoria ratificaron su participación en el espionaje previo a que se cometa el crimen contra la militante. “Es cierto que él después pasa a prestar funciones en Haedo. Pero todo lo que lleva al asesinato de Ana María Martínez es el trabajo de inteligencia previa. Ese crimen no se podría haber cometido sin el trabajo de inteligencia previa”, apuntaron y remarcaron que en ese comunicado el fiscal también omitió hacer referencia al otro hecho de los tres militantes comunistas en el cual aparece, según denunciaron, su firma y datos personales en un acta.
SEPARACIÓN DEL CARGO
A partir de este panorama, desde la Comisión por la Memoria al igual que del resto de los organismos de derechos humanos que estuvieron presentes reclamaron su “inmediata separación del cargo”, pedido que ya elevaron a la procuradora María del Carmen Falbo. Asimismo, explicaron que en las próximas jornadas oficializarán el pedido de juicio político contra el fiscal.
