Fumigaciones en Colinalegre: cuando las leyes son solo papeles
Pese a que una cautelar prohíbe la aplicación de agroquímicos a menos de mil metros de plantas urbanas, la falta de controles deja el camino libre para que las fumigaciones se produzcan a escasos metros de las casas.
Que en Mar del Plata hay una medida cautelar vigente, hace casi dos años, que prohíbe las fumigaciones a menos de mil metros de plantas urbanas no es novedad. Que prácticamente a nadie le interesa eso, también. Sin embargo, hay quienes no solo se interesan sino que luchan por hacer cumplir las leyes, las ordenanzas, todo eso que pese a no siempre beneficiar a los ciudadanos, debe ser cumplido, porque a todos nos dijeron alguna vez que tenemos derechos y obligaciones.
El barrio Colinalegre está ubicado en el kilómetro 9,5 de la Ruta 88: tiene alrededor de 70 hectáreas y se constituyó, gracias a su importante vegetación, como una reserva ecológica, elegida en su mayoría por quienes gustan vivir cerca de la naturaleza. Sin embargo, el barrio lindero a la ruta también alberga un importante campo en el que desde hace años se siembra tanto soja como trigo, de forma alternada.
Tal y como sucede en el barrio Hipódromo -donde los agroquímicos se aplican durante la madrugada, a escasos metros de un jardín de infantes-, la comunidad de Colinalegre también está atravesada por la problemática de los agroquímicos, pero no solo eso: ante la decisión de organizarse, y lejos de encontrar respuestas en el Estado, los vecinos solo se toparon con evasivas, burocracia y desidia.
Daniela es una de las vecinas del barrio y hace más de diez años que vive junto a su familia en una casa ubicada a metros de un importante campo. Aunque su casa no está frente al campo –como sí lo están las viviendas de muchos de sus vecinos- ella también siente los efectos de las fumigaciones, que a diferencia de lo que sucede en Hipódromo, se concretan con total impunidad y a plena luz del día.
En Mar del Plata, desde septiembre de 2014 rige una medida cautelar dictada por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires que suspende cinco artículos clave de la ordenanza 21.296 y, por lo tanto, prohíbe la fumigación a menos de mil metros de plantas urbanas en todo el Partido de General Pueryrredon.
Sin embargo, según contó Daniela, esa cautelar no se cumple. Y por eso, los vecinos decidieron organizarse. “La problemática surge el año pasado, en septiembre de 2015 cuando se mudó una pareja con una nena chiquita y vio el mosquito fumigar. Ella está frente al campo, la única división que tiene es la calle”, recordó.
De acuerdo a su relato, el rol de la sociedad de fomento dentro del entramado de incumplimientos no es menor: es que, pese a la vigencia de la cautelar, la respuesta de la entidad vecinal es que el producto que aplica el productor “es banda verde”. “Nos dicen que nos quedemos tranquilos, pero lo cierto es que hay mucha desinformación y además hay un miedo muy grande: creen que si se va el campo va a venir un asentamiento”, explicó.
En ese contexto, y al empezar a hablar sobre el tema, los vecinos comenzaron a notar que los efectos de las fumigaciones están a la vista: “Hablamos de problemas de piel, de rosácea; levemente hablando con la gente encontramos un montón. Además, hay una chica que nos comentó que quedó embarazada y tuvo un bebé, pero vino acá y ya perdió dos embarazos. En un momento su propia doctora la mandó a preguntar si estaban fumigando, pero fue a hablar con la sociedad de fomento y le dijeron que estaba todo bien. Tuvimos muchos perros que murieron de cáncer”.
UN ESTADO AUSENTE Y DESINTERESADO
Ante este escenario, los vecinos decidieron organizarse e interiorizarse sobre el tema; se pusieron en contacto con la Asamblea Paren de Fumigarnos y corroboraron aquello que temían: que el productor del campo no estaba cumpliendo con la cautelar y que, efectivamente, las fumigaciones a menos de mil metros de sus viviendas –y sin ningún tipo de franja perimetral de reparo- no están permitidas.
“Los chicos de Paren de Fumigarnos fueron de gran ayuda sobre todo en la parte legal. Fuimos a jornadas de Derecho Ambiental y nos empezamos a mover. En la sociedad de fomento nos hicieron presentar firmas, nos dilataron todo y nunca nos dieron una respuesta”, relató y como dato saliente, aportó: “La vicepresidenta que nos atendía era la mujer de Daniel Viglione, de hecho la reunión fue en la casa de Viglione. Después nos enteramos por Policía Ambiental que la sociedad de fomento le gestiona los papeles al campo, algo que no tiene sentido”.
Consultada, entonces, respecto a las respuestas de productor a cargo del campo -en el que se aplica tanto glifosato como 2,4D-, la joven y también mamá aclaró que la justificación tiene que ver con los límites y la jurisdicción: “Ellos (los productores) entregan todo en el ámbito provincial, y en la Provincia se puede fumigar mucho más cerca, acá nadie ve nada; entonces dicen que está todo bien”.
Los vecinos junto al productor del campo
Respecto a las denuncias presentadas, Daniela relató que al ver la falta de respuestas por parte de la sociedad de fomento decidieron denunciar ante el Municipio el incumplimiento de la cautelar y las fumigaciones constatadas. Y así fue cómo comenzó un camino burocrático que hoy, varios meses después, no ha tenido ningún tipo de respuesta más allá de las evasivas.
“Estuvimos un mes y medio para meter el primer papel, porque se lo pasaban entre ellos. Lo cierto es hay mucha desinformación, entonces la gente cree que está bien que el productor fumigue. El productor, cuando lo fuimos a cuestionar, nos dijo que ‘esta ordenanza no le resulta práctica’ y que si nos molestaba ‘(él) podía venir a las 2 de la mañana y ni nos enterábamos”, resumió la vecina.
Y en ese sentido, Daniela advirtió que la respuesta que obtuvieron desde el área de Gestión Ambiental, lejos de tranquilizarla, fue incluso más reveladora: “Me dijeron que más allá de las legalidades hay intereses y cuestiones políticas; para todo esto nos fueron comiendo semanas y meses, el campo ya brotó y en cualquier momento van a fumigar nuevamente”.
EL RECLAMO, A LA SUPREMA CORTE
Actualmente, los vecinos de Colinalegre esperan una respuesta del Municipio, luego de enviar un pronto despacho mediante el cual se intima a las autoridades a responder los cuestionamientos de la comunidad. De no obtener ningún tipo de solución, el próximo paso será una presentación formal ante la Justicia.
“Yo no me siento una fundamentalista, una loca como muchos nos dicen. Pero yo no tengo la posibilidad de elegir, tengo que cumplir con todo; entonces lo que vamos a hacer es, más allá de esto, presentar todas las copias de las denuncias –tanto las nuestros con las de otros barrios- ante la Suprema Corte para demostrar que la cautelar no se está cumpliendo”, completó Daniela.
