Jueves 28 de marzo | Mar del Plata
30/08/2017

Investigan amenazas de bomba: “Las penas van de 2 a 6 años”

En agosto hubo 17 hechos en escuelas de la ciudad. El fiscal Eduardo Amavet, a cargo de la investigación, dijo que “habría menores involucrados” y que se trata de “un delito de intimidación pública”. El accionar de la Justicia y el trasfondo de la seguidilla de casos.

Investigan amenazas de bomba: “Las penas van de 2 a 6 años”
(Foto: archivo/QUÉ Digital)

Durante el mes de agosto se registraron 17 amenazas de bomba en diferentes escuelas de Mar del Plata. Todas anónimas y por teléfono. Algunas coincidieron con fechas de exámenes, pero otras no. En todos los casos se aplicó el protocolo que implica la evacuación del edificio, pero en ninguno se encontró un artefacto explosivo. Este miércoles, autoridades policiales, municipales, judiciales, del Consejo Escolar y Defensa Civil se reunieron para tratar el tema y se designó al fiscal Eduardo Amavet para ponerse al frente de una investigación.

La reunión se concretó horas después de la amenaza de bomba que recibió este mismo miércoles por la mañana el colegio Arturo Illia, la quinta en la ciudad desde que comenzó la semana. Si bien, reconocen las autoridades, “en forma aislada este tipo de hechos se producen cada tanto”, la seguidilla de casos obligó a tomar cartas en el asunto.

Las amenazas se produjeron en escuelas ubicadas en diversos puntos geográficos de la ciudad. La Técnica Nº 3, recibió entre dos y tres llamados por día. También la Secundaria Nº 2, el San Agustín, el Mariano Moreno y el Divino Rostro se vieron afectados este mes, entre otros establecimientos.

En diálogo con QUÉ, el fiscal Amavet, a cargo de la investigación, explicó que en el marco de la investigación que se abre bajo su cargo, el primer paso será reunir todas las causas, debido a que se encuentran en distintas comisarías.

“Vamos a analizar las llamadas, a trabajar con las escuelas, con el 911 y unir esfuerzos. Queremos garantizar que los chicos vayan al colegio, concientizar a los padres, que se comprometan”, señaló el fiscal y reconoció: “Todo el mundo está muy preocupado. Hemos construido un monstruo que ahora debemos desarmarlo”.

Amavet explicó que en el Código Penal la amenaza de bomba está caratulada como “un delito de intimidación pública” que “contempla penas de 2 a 6 años”. Sin embargo, en primera instancia se buscará establecer la edad de los autores de estos hechos.

“Hay que ver si son mayores o menores. Si son personas imputables o no. Algunas de las causas involucrarían a menores. Hay que analizar si se pueden imputar estos delitos a chicos de 16 a 18 años, porque no se les puede imputar delitos graves. A los menores no se los pune, aunque no deja de ser delito más allá de la edad”, analizó el fiscal a cargo de la investigación.

Las llamadas telefónicas, en este sentido, serán clave. “Si podemos establecer de quién es el celular o de dónde se hizo la llamada, si son casos aislados o preparados, ya vamos a tener pistas certeras para avanzar”, indicó.

La seguidilla de casos es lo que mayor preocupación genera. Sin embargo, todas las amenazas han sido “precarias” y en ningún caso se identificó dentro de las escuelas afectadas algún tipo de artefacto siquiera parecido a un explosivo.

“Puede que tenga que ver con la parte ideológica. Es complicado el tema”, reconoció Amavet y destacó la actuación del protocolo que se activa ante cada amenaza, con la intervención de la Brigada de Explosivos, aunque ahora -con la investigación abierta- el fiscal reconoció: “Si se encuentra una bomba o algo parecido, el encargado de saber quién la colocó soy yo”.

No obstante aclaró: “No estoy para comprender, sino para tomar pruebas y accionar”. Además de trabajar sobre las llamadas que derivaron en las 17 amenazas en lo que va del mes, se trabajará con los padres de los chicos que concurren a las escuelas afectadas.

Al respecto, el fiscal Amavet sostuvo: “A lo mejor decidamos tomarles declaraciones testimoniales a los padres. Vamos a ir avanzando porque la educación es una prioridad y tenemos que garantizar que los chicos puedan ir a la escuela”.

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30/08/2017