“La detención por averiguación de identidad es inconstitucional”
En una entrevista, el juez de garantías Juan Tapia consideró que hay que derogar ese procedimiento policial, con el que pueden detener “por circunstancias razonables” a una persona en la calle y privarle la libertad por 12 horas.
La policía por “circunstancias razonables” puede detener a cualquier persona que deambula por la calle para averiguar su identidad y privarle su libertad por doce horas. La ley se lo permite, en esas doce horas la persona no puede llamar a nadie, no está imputada por nada, no se sospecha de ningún delito. Nada. Pero de todas maneras tiene privada su libertad.
Es viernes. 11 de la mañana en Juan B. Justo y México. La policía ve a un pibe que va en bicicleta hacia el centro. Prenden la sirena del patrullero, lo encierran y lo hacen frenar. El pibe no tiene documentos y, “en circunstancias razonables”, lo demoran durante una hora, hasta que el pibe los convence, los tiene que convencer que no es ningún delincuente.
El juez de garantías Juan Tapia es muy crítico con las detenciones por averiguación de identidad. Considera que son inconstitucionales y que hay que derogarlas. Además, dice que “son un control social selectivo que realiza la policía en determinados barrios de la ciudad y siempre a criterio discrecional de la policía”.
Para el juez Tapia estas detenciones “forman parte de un sistema penal paralelo” y lo diferencia del sistema penal formal, “en el que hay un fiscal, hay un detenido que puede hacer una llamada, hay un defensor, se lo trasladan a un lugar, y en el que alguien está acusado de haber cometido un delito”.
“La policía hace las veces de fiscal y de juez. Una especie de castigo alternativa”, dice Tapia y diferencia cómo funcionan las detenciones por averiguación de antecedentes en los barrios y en el centro.
En el centro, dice el juez, funcionan de manera “cosmética”, como un maquillaje social. En cambio en los barrios “es mucho más complicado”. “En los barrios utilizan estas detenciones para reclutar, para hostigar o para hacer estadísticas de detenciones. Todo eso al margen de la órbita judicial, el poder judicial ni siquiera tiene estadísticas de esto”, sostiene.
El juez de garantías Juan Tapia (Foto: QUÉ Digital)
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Estado de nerviosismo. Actitud sospechosa. Estas son dos de las frases estereotipadas más comunes que utiliza la policía para explicar la “justificación razonable” que utilizan para detener a alguien.
-La ley- explica Tapia- es ambigua y muy laxa en cuanto a las circunstancias que razonablemente justifiquen una detención. No se aclara cuáles son esas circunstancias razonables. De hecho, la policía produce una detención injustificada. Si cuando existe el delito tenés que justificar la detención, cuando no hay mucho más.
Tapia insiste en que la discusión debería partir en si las detenciones por averiguación de identidad son detención o no. Desde su punto de vista, “con que detengan a una persona una fracción de segundos en los que no pueda decir irse, y la detienen de manera coercitiva, eso es una privación de la libertad que hace el Estado”.
-La detención por averiguación de identidad –considera- es una ventana para filtrar lo peor que tiene el aparato estatal en materia de ejercicio ilegal del poder punitivo. A través de esa ventana habilita a un montón de conductas espurias. Estos dispositivos habilitan desde lo formal la arbitrariedad policial.
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Martes. 7 de la tarde en el barrio Libertad. La policía detiene a pibe de 20 años. Lo palpan de armas, lo ponen contra una pared. Lo tienen un rato, para la policía unos minutos, para el pibe una eternidad. Lo dejan ir. Es la tercera vez que lo detienen en el mes sin motivo los mismos policías, que ya saben quién es.
Una de las teorías que justifican las detenciones por averiguación de identidad es que supuestamente facilitan la prevención del delito ya que la policía eventualmente puede detener a alguien con antecedentes. Esa eventualidad, según números que maneja la Justicia, es solo el 0.4% de las veces. Es decir que de cada mil detenciones por averiguación de identidad, en cuatro oportunidades se trataba de alguien con antecedentes o pedido de detención.
“Hoy la policía cuenta con medios técnicos para en fracción de segundos averiguar si una persona tiene antecedentes, sin necesidad de trasladarlo. En muchos casos se sabe la identidad, la persona tiene su documento y se los traslada igual”, cuestiona Tapia.
“Creo que la detención por averiguación de identidad es inconstitucional, porque no te pueden privar de un derecho fundamental, como es la libertad, para conocer tu identidad”, afirma.
(Foto: archivo / QUÉ Digital)
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19 de abril de 1991. Walter Bulacio, de 17 años, había ido a ver Los Redondos al porteño Estadio Obras. Personal de la seccional 35 lo detuvo para “averiguar sus antecedentes”. Aunque estaba prohibida la detención de un menor sin un juez competente, Bulacio fue llevado a una comisaria. A la mañana siguiente lo sacarían de allí, rumbo al Hospital Pirovano, donde moriría cinco días después por los golpes y torturas de agentes de la Policía Federal.
“La detención por averiguación de identidad es una poderosa herramienta de control social y de reconfiguración de los vínculos de poder con la policía en el territorio”, define el juez de Garantías.
-¿Cómo se puede solucionar esta práctica policial?
-Primero habría que transformar en ley un protocolo que desarrolló el por entonces ministro de Justicia y Serguridad, Ricardo Casal, allá en 2012, pero que casi nadie en la policía conoce.
-¿En qué consiste?
-Limita absolutamente las posibilidades de la policía de intervenir sobre aquellos que tienen documento y establece la imposibilidad de traslado a la comisaría y la necesidad de convocar a un testigo de actuación.
-Uno podría decir que se hizo ante la posibilidad de una denuncia por un caso como el de Walter Bulacio o Luciano Arruga- dice Tapia-.
“Entonces un buen avance sería que ese protocolo se transforme en ley. Segundo derogar esa figura definitivamente y finalmente estipular mecanismos de control sobre aquellos que eventualmente puedan tener pedido de captura. Un segmento especializado de la policía para un seguimiento de esas personas”, propone el juez.
“Pero pareciera que necesitamos otro Bulacio para derogar esta figura”, lamenta.
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Sábado. 6 de la tarde en Plaza Mitre. Un pibe toma una birra contra un árbol. Llega la policía, lo arrestan y se lo llevan. A las dos horas lo largan, pero lejos de la Plaza Mitre.
“Los que son detenidos, por este procedimiento, son detenidos selectivamente. Son determinadas personas, de determinados estamentos sociales y que corresponden a ciertas lógicas de control social”, afirma el juez Tapia.
Tapia insiste en una doble lógica utilizada por la policía en las detenciones de averiguación de identidad: por un lado, en los barrios, para generar un vínculo de dominación y sumisión; por otro lado, en el centro, con fines de expulsión por criterios “estéticos” o “cosméticos”.
“La fuerza policial responde al control político. A medida que tengan más habilitaciones para intervenir en el control de los ciudadanos, estas prácticas se van a concretar”, asegura.
Las detenciones por averiguación de identidad genera diferentes posturas. Algunos las pueden ver como “necesarias” ante la crisis de seguridad y pueden considerar como “garantista” la otra postura –la del juez Tapia-, que ve que esas detenciones son inconstitucionales.
“La `garantía’ se usa en términos peyorativos cuando es aplicada al pibe morochito de gorrito, pero cuando detienen a un vecino de Plaza Mitre salen a todos a decir ‘no lo traten como un delincuente’. Y tal vez no entienden que ese buen vecino por ahí está imputado por un delito y el pibe morochito de gorrita no”, explica.
Finalmente, Tapia dice que “cualquier ciudadano debería exigir que se cumpla el protocolo para las detenciones por averiguación de identidad, que ni la policía sabe que existe. Segundo, hay que tratar de que el policía explique la justificación para esa detención, esas ‘circunstancias razonables`.
“Es algo utópico, en ese vínculo tratar de preguntar genera reacciones violentas”, dice el juez, como diciendo “como están las cosas, si te detiene la policía para averiguar tu identidad no hay nada que hacer”.
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Lautaro denunció que policías de civil le apagaron cigarrillos en el cuerpo.
Hace pocas semanas en Miramar, Lautaro Blengio y un grupo de amigos fueron parados por personal policial durante una requisa y averiguación de identidad. Al dar negativo el pedido de prontuario, el joven preguntó por el número de identificación del patrullero, momento en que el oficial que dio la orden de una nueva requisa lo sujetó del cuello, golpeándole la cabeza contra el auto. A los dos días, el adolescente denunció que fue secuestrado por policías de civil, llevado al vivero de Miramar, golpeado y torturado.
“El hecho de Miramar es un caso que no venía sucediendo. Que un juez de garantías pregunte qué sucede con un chico que denuncia ser hostigado y que después de esa intervención se lo secuestre y torture fue muy llamativo . Generalmente, cuando hay intervención de un juez la actividad cesa inmediatamente. Eso fue un mensaje complejo. Habría que investigar qué responsabilidades puede haber en la conducción de esos oficiales de calle para que esa actitud exista”, dice Tapia.
Las detenciones por averiguación de identidad escapan a la órbita de la justicia y quedan a discreción del criterio de la policía. Durante doce horas una persona puede estar detenida por el criterio de un policía, cualquier policía, por cualquier criterio.
