La “ilegalidad privada” de las playas del sur, todo el año
Un grupo de vecinos integrantes de diferentes espacios creó un mapa en el que se marcan cada uno de los incumplimientos de las ordenanzas. “Los funcionarios salen a decir que es una barbaridad, pero esto se sostiene”, reclaman.
“La ilegalidad privada al sur del faro. Exclusividad planificada desde la exclusión”. De esa manera fue titulado un mapa del sector sur de la costa que demuestra los incumplimientos de las ordenanzas vigentes por parte de los concesionarios de los balnearios de esa zona.
Un colectivo de organizaciones que trabajan en el Faro y en defensa de las playas públicas detalló cada una de las violaciones a las normativas municipales vigentes por parte de los empresarios que tiene sus balnearios en esa zona. La falta de bajadas públicas y la ausencia de balnearios públicos requeridos por las ordenanzas, son dos de los puntos que más se reiteran en el trabajo.
“Sabemos que ese sector del playas al sur del Faro son de propiedad de la familia Peralta Ramos, la administra Sociedad El Faro SA, y ellos incumplen aludiendo a la propiedad privada: cierran y crean una barrera urbana en todo el frente de la Ruta 11 que va desde el Faro hasta San Jacinto, aproximadamente”, explicó la arquitecta Silvana Coronel, en QUÉ, en la radio.
En ese sentido sostuvo que “la propiedad privada tiene que dejar servidumbre de paso”. Y detalló: “Cuando hay un bien público, que sería en este caso las playas y la costa, según el Código Civil todos los ciudadanos tenemos derecho a usar, no a pasar, a usar las playas. Tienen que permitir el paso y el uso, y las dos cosas desde hace 20 y 30 años que no se respetan”.
En concreto sobre los incumplimientos, Coronel señaló que “hay normativas, sobre todo la del uso del suelo, que indica que tiene que haber algunos balnearios públicos que no hay y hay otra ordenanza un poco más reciente de 2012 que dice que todas las playas tienen que tener bajada pública”. Sobre el primer punto, explicó que en la ordenanza de uso de suelo se establece que “cada tres balnearios privados se tiene que construir uno público”.
“Estas son obligaciones de los empresarios, están administrando un lugar que si bien tiene propiedad privada, no deja de ser público”, manifestó.
Consultada respecto a las respuestas que reciben por parte de las autoridades, remarcó: “Hay alguna respuesta cuando algo trasciende en los medios o hay una movida o acción ciudadana. Pero la situación no cambia. Salen los funcionarios rasgándose las vestiduras y diciendo que es una barbaridad, pero esto se sostiene”.
