Legítima defensa: uso de armas, racionalidad y un límite difuso
La reciente muerte de un delincuente durante un asalto volvió a poner el tema en agenda. Desde el Ministerio Público Fiscal advirtieron: “Es muy difícil en momentos de tensión saber cómo hay que usar jurídicamente el arma”.
La muerte de un delincuente durante un asalto en el barrio Los Pinares -sumada a lo sucedido en San Martín, cuando un médico abatió a un hombre que quiso robarle- volvió a poner en agenda un tema por demás sensible: la legítima defensa y los límites a la hora de hacer uso de un arma de fuego. En ese marco, desde el Ministerio Público Fiscal consideraron que “es muy difícil en momentos de tensión saber cómo hay que usar jurídicamente el arma”.
En concreto, quien se refirió al tema fue el fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, que reparó en algunas cuestiones a tener en cuenta a la hora de analizar estos hechos, relacionadas con la presencia de armas en la sociedad, la racionalidad en su uso y los límites cuando una persona se siente en peligro.
“Para que haya legítima defensa la agresión debe ser ilegítima, el medio empleado debe ser racional y uno no debe ser quien lo provoca; estos son los tres conceptos que marca la ley”, advirtió Fernández Garelló, quien luego se preguntó: “¿Qué ocurre con la persona que tiene registrada un arma a su nombre y qué capacitación recibe para manejar estos tres conceptos?”.
Sobre esta cuestión, consideró que no hay una capacitación integral pese a que el Estado, en los últimos años, puso “más condiciones, exámenes psicológicos o de actitud de tiro, que son temas que hacen a la utilización física del arma, es decir, que sirven para evitar que uno cuando esté limpiando el arma no le pegue un tiro a un familiar”.
En diálogo con QUÉ, en la radio, el funcionario judicial hizo hincapié en la “utilización jurídica del arma”. “Fíjese todo lo que se habló estos días sobre el médico de San Martín; esto tiene que ver con la posibilidad de que en vez de ser una legítima defensa haya sido un fusilamiento”, graficó y consideró, entonces, que “es muy difícil en momentos de tensión, cuando uno es castigado, saber cómo hay que usar jurídicamente el arma”.
“Muchas veces lo que se observa es que en vez de tratar de detener a otra persona, se tira a matar directamente. Y esta es la frontera que media entre la legítima defensa y el homicidio simple”, expuso sobre los límites entre ambas figuras penales, más allá del contexto social.
Consultado sobre el impacto, entonces, de la presencia de armas en la sociedad, Fernández Garello cuestionó el hecho de que la formación o capacitación que se le brinda a quien adquiere un arma sea insuficiente: “Te dan la capacitación y ordenan un estudio psicológico, pero nadie pone al ciudadano en posición de tiro práctico, es decir, nadie le habla sobre qué ocurre cuando alguien entra a robarme y tengo posibilidad de acceder al arma”.
“Y acá viene el problema, porque la gente no tiene esta idea jurídica de la cuestión y uno se pregunta si debiera tenerla también, porque está claro que estas cuestiones se producen por la ausencia del Estado o por cuestiones que exceden al vecino”, sostuvo y entendió que acá radica el debate más relevante en torno a la cuestión.
LA RESPUESTA ANTE EL EXCESO
De todas maneras, y en el marco de estos hechos particulares, Fernández Garello destacó el hecho de que frente a estas situaciones -en las que el ciudadano se siente desprotegido, se ve agredido por el delincuente y comete eventualmente un exceso- el sistema jurídico tiene una repuesta.
“Cuando se produce el exceso en la legitima defensa, cuando la persona cree que se está defendiendo legítimamente pero pasa la frontera, la ley prevé la salida que es la aplicación de una pena culposa”, enfatizó y dijo que en estos temas se aplica un concepto central: “No hay cuestiones generales sino hechos puntuales, pero el problema de fondo es que la gente compra un arma y no está preparada jurídica ni psicológicamente para usarla”.
