Ley de Salud Mental: “Preocupa la regresividad del proyecto”
Desde la Defensoría del Pueblo bonaerense mostraron su preocupación ante la implementación de modificaciones en la norma. “Se retrocede en materia de derechos”, advirtió el defensor, Guido Lorenzino.
La Defensoría del Pueblo bonaerense mostró su preocupación ante la posibilidad de que prosperen cambios en la Ley de Salud Mental, al considerar que la iniciativa del gobierno nacional “es un retroceso respecto a la actual norma de vanguardia”. “Preocupa seriamente la regresividad del proyecto, el cual atenta contra la salud pública de la población”, advirtieron.
En concreto, el titular del organismo, Guido Lorenzino, consideró que la iniciativa que se evalúa “retrocede en la idea del abordaje comunitario preventivo y de promoción de la salud integral” al entender que “estos cambios le quitan la voz y los intereses a los usuarios, se retrocede en materia de derechos, avasalla la autonomía en los aspectos pertinentes a la defensa y la participación activa en el tratamiento”.
La postura de la Defensoría corresponde a la del Órgano de Revisión de Salud Mental que preside y por eso Lorenzino advirtió que la reforma “es un retroceso respecto a la actual norma de vanguardia”. “Preocupa seriamente la regresividad del proyecto, el cual atenta contra la salud pública de la población”, sostuvo.
En esa misma línea, para la Defensoría del Pueblo la iniciativa “es un retroceso en materia de abordajes comunitarios y metas de desmanicomialización” al dar lugar a la instauración de “nuevos establecimientos monovalentes, dando la espalda a la actual tarea en centros comunitarios, los tratamientos ambulatorios, la atención en hospitales polivalentes y la incorporación de modelos de reducción de daños”.
Por último, la Defensoría alertó acerca del futuro del Órgano de Revisión, ya que de avanzar la reforma se introducirían modificaciones que desnaturalizarían la función de control del mismo, “afectando su conformación intersectorial e interdisciplinaria y, básicamente, vulnerando el derecho a contar con organismos de contralor que garanticen el derecho a la salud mental”.
EL DECRETO REGLAMENTARIO, CENTRO DE LA POLÉMICA
La polémica en torno a las posibles modificaciones a la Ley de Salud Mental surgió hace algunas semanas y tomó aún más fuerza en los últimos días, al conocerse un proyecto de reforma del decreto reglamentario de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, que implicaría un giro en la política de salud mental, al priorizarse un modelo de intervención contrario al modelo social de discapacidad.
En ese marco, más de cincuenta organizaciones, cátedras y asociaciones abocadas a la temática en todo el país firmaron un comunicado solicitando que el Ejecutivo no firme este decreto “por el cual se pretende dar un giro rotundo en la política de salud mental que elimina la perspectiva de derechos humanos”.
