El gobierno busca convalidar acuerdo de Niñez con Provincia
En medio de la polémica por la ausencia de autoridades a una jornada de trabajo y mientras se suceden las críticas para el área, el Ejecutivo elevó al Concejo un convenio para sumarse al programa de inclusión “Operadores de Calle”.
En medio de las criticas lanzadas desde diversos sectores en cuanto al área de Niñez y Adolescencia del Municipio y luego de que las autoridades se ausentaran a una jornada de trabajo convocada en ese sentido en el Concejo Deliberante, el gobierno presentó un proyecto en el que pide autorízación al Cuerpo para suscribir con la Provincia la adhesión al programa “Operadores de Calle” con el objetivo de lograr un “fortalecimiento comunitario para la inclusión de niños, niñas y adolescentes”.
En la iniciativa, el gobierno describe que a través de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Dirección de Coordinación de Niñez y Juventud, “viene realizando gestiones para la confección de un acta de adhesión al programa”. Según se explica, los operadores de calle “tendrán como finalidad el establecer programas deportivos y sociales, los cuales actúan como una motivadora excusa para promover la asistencia y el desarrollo social, abordando la problemática de violencia en jóvenes en zonas vulneradas de la ciudad de Mar del Plata y Batán”
En este sentido, detalla que este dispositivo “tendrá como eje principal capacitar a operadores de calle, a través de talleres, sobre asistencia, promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes”.
En concreto, sobre la implementación del mismo, la iniciativa destaca que “se pretende, en una primera etapa, acercar a los jóvenes de los barrios Parque Palermo, Las Heras, Bosque Grande, Villa Evita, Pueyrredón, Monte Varela, Puerto, Belgrano, y Libertad” y que también serán considerados los barrios La Herradura, Batán, Centenario, y Las Canteras para su “posible inclusión”.
Además, este dispositivo pretende generar un “trabajo con niños y jóvenes que hayan incursionado en conductas de transgresión a la ley, exista o no causa penal iniciada, y sean o no punibles”. En ese sentido, desde el Ministerio Público Fiscal también fueron muy críticos con la función del área en las últimas semanas.
“El objetivo general es la restitución de derechos vulnerados en la población destinataria, con repercusión positiva en la sociedad. También, se pretende ligar a los jóvenes y sus familias a dispositivos que permitan su inclusión social; propiciar proyectos de vida y autovalimiento; evitar que los jóvenes recaigan en transgresiones a la ley penal”, asegura el gobierno.
