Para que las playas públicas dejen de ser negocio
Mientras la Defensoría del Pueblo tramita una nueva medición de la línea de ribera, vecinos del sur piden que se respeten las normativas vigentes: bajadas y baños públicos en todos los emprendimientos, y un balneario público cada tres privados.
El acceso y disfrute de la playa pública en el sur de Mar del Plata puede ser toda una odisea. No existe la cantidad de ingresos públicos que marcan las normativas vigentes, ni los sanitarios públicos que cada balneario debería garantizar. Y encontrar unos metros de arena donde desparramar sombrillas, reposeras, heladeritas y pareos no es tarea sencilla: si no te corren los empleados de los concesionarios de turno, el espacio que queda es muchas veces mínimo.
La línea de ribera, esa que divide el espacio público del privado y surge del promedio de las mareas más bajas y las más altas, tuvo su última medición varios años atrás y ese límite quedó sumergido en el mar, producto de la erosión costera. A partir de allí, los dueños de los balnearios, se creen dueños de todo el sector de arena.
Ante ello, desde la Defensoría del Pueblo, con el impulso de los vecinos de los barrios del sur de la ciudad, están en tratativas con la Autoridad del Agua provincial para establecer una nueva y actualizada línea de ribera ¿Por qué hasta el momento no se hizo si las marcas quedaron en medio del mar? No hay respuestas ciertas, pero esto implicaría claramente reducir la propiedad privada del grupo Playas del Faro Sociedad Anónima Inmobiliaria –de los descendientes del fundador de Mar del Plata, Patricio Peralta Ramos-, donde están instalados una treintena de importantes emprendimientos y balnearios.
Más allá de eso, en Mar del Plata existe una ordenanza que contradice una normativa provincial. Se trata de la 8.434 sancionada por el Concejo Deliberante de 1991 que dispone una franja de arena para alquiler de espacios de sombra, que por decreto 9.196, también debería ser público. Se lo trató entonces como un caso particular o excepcional, pero rige para todos los balnearios de la zona sur.
¿Qué dice la normativa vigente? El decreto 9.196 –que data de 1950- establece la existencia de la “ribera externa”, que históricamente ha tomado distintas dimensiones, pero que existe. O debería respetarse su existencia. Es la franja que constituye el espacio de uso público de la playa y que se creó entonces ante “los excesos especulativos” sobre el codiciado borde marino.
Esta ordenanza 8.434 tiene otras cuestiones que –a diferencia de los beneficios para el sector privado- establece obligaciones. Allí no se la tiene en cuenta. Dice, por ejemplo, que cada tres balnearios privados uno debería ser público. Consultado al respecto, el defensor del Pueblo Walter Rodríguez, dijo que no son más de cinco actualmente. La diferencia entre públicos y privados, es elocuente.
Por otro lado, la arquitecta Silvana Coronel, quien trabaja actualmente en una tesis sobre las playas del sur de Mar del Plata, junto al geógrafo de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Guillermo Cicallese como codirector, reparó en que sumado a esto, faltan accesos públicos en cada uno de los balnearios tal como está establecido en la ordenanza 21.090 del 2012. En su artículo segundo expresa claramente: “Se garantizará una bajada mínima por cada balneario o explotación turística existente en la franja costera”. Y aclara que “cada bajada poseerá una batería de baños públicos de uso libre”.
En esa misma normativa, se autoriza al gobierno municipal, conjuntamente con el gobierno bonaerense, a “renegociar” el convenio existente con la firma Playas del Faro S.A., instrumentado a través del decreto provincial 4095/88 y la ordenanza 8.434 (prorrogada y modificada por las Ordenanzas 10.923, 12.795, 17.019 y 20.218), “con el objeto de garantizar el libre acceso a la ribera y playas públicas por parte de los vecinos y turistas”. Pasados más de dos años de la promulgación de la 21.090, y aún cuando la ordenanza 8.434 data de la época menemista, aún no hubo novedades al respecto.
Al respecto, Coronel hace una apreciación sobre la falta de accesibilidad y la “exclusividad” que balnearios de la zona sur usan como bandera o atractivo para clientes. “Se ve como premisa el precepto ‘a más exclusividad, menos accesibilidad’. Para garantizar la exclusividad es indispensable restringir el acceso del ciudadano común”, señala la arquitecta.
Y agrega: “Así como un espacio destinado a la masividad requiere espacios complementarios adicionales, con entradas que se caracterizan por su fluidez; en cambio, un espacio para recreación exclusiva de sectores sociales de altos ingresos, cuenta con impedimentos materiales y culturales que convoquen flujos de poca magnitud pero de calidad turística en término de mercado”.
RESERVA FORESTAL, BAJO ALAMBRE
Coronel recordó que también hay un uso indebido de otro sector público: se trata del Paseo Costanero Sur, una reserva forestal pública y municipal que se extiende en todo el sector sur de la ciudad –desde el Faro de Punta Mogotes hasta el arroyo Las Brusquitas, límite de General Pueyrredon con General Alvarado-, y que incluso fue forestada con recursos estatales.
Actualmente, esa franja verde que cuenta con una superficie de 800 hectáreas, ubicada entre la playa y la ruta 11, está alambrada por los dueños de los balnearios –restringiendo el paso a la ciudadanía- y cuenta con carteles de publicidad o bien se acondicionó para que funcionen estacionamientos.
En 2010 se firmó un convenio de “padrinazgo” (decreto 1636) en donde Playas del Faro SAI, administradora de estas tierras, paga al Municipio un importe anual (100 mil pesos el primer año, 120 mil el segundo, 140 mil el tercero, 160 mil el cuarto y 180 mil el quinto): el 50% sería destinado para la reforestación y conservación, ambulancia, etcétera; y el otro para las sociedades de fomento de los barrios aledaños.
Lo cierto es que el cuidado de la forestación, contó Coronel, se transformó en utilización comercial del lugar (a través de estacionamientos e instalación de cartelerías), y una suerte de “bosquecitos privados”. Al estar alambrado, el espacio perdió su carácter público.
“No se trata de ir contra la propiedad privada, sino respetar las normas y el interés social”, sostuvo la arquitecta especializada.
