Playas públicas: piden una inspección en Perla Norte
La Casa del Trabajador presentó un escrito ante el Municipio para que corroboren “si el concesionario está incurriendo en abuso e ilegalidad al cercar la totalidad de la misma y colocar carpas y una barrera de piedras”.
La proximidad de la temporada de verano puso en las últimas semanas, una vez más, el foco de atención sobre los incumplimientos de los concesionarios de las playas privadas en relación a los espacios que deben destinarse para las playas públicas. En ese contexto, la Asociación Civil Casa del Trabajador presentó un escrito ante el Municipio y le solicitó una urgente inspección en Perla Norte, debido a la situación que presenta el balneario
Según expusieron en la carta, el objetivo de la inspección “es verificar si el concesionario de dichas playas está incurriendo en abuso e ilegalidad al cercar la totalidad de la misma y colocar carpas y una barrera de piedras para delimitar su espacio sobre la liana de ribera”.
De constatarse esta situación, la entidad solicitó que “se le aplique la máxima sanción por dicho accionar, es decir la quita de dicha concesión por los incumplimientos”. Por otro lado, la Casa del Trabajador también le pidió al Municipio que realice controles en las demás playas concesionadas, a los fines de conocer cuál es la situación actual.
“Es lamentable y preocupante ver como esta y otras playas de la costa marplatense se han convertido en una oportunidad para hacer negocios privados con una alta rentabilidad a corto plazo y escasa inversión, en desmedro de los derechos de los ciudadanos a disfrutar libremente de las playas públicas”, entendieron.
LA RESPONSABILIDAD MUNICIPAL
“Muchas personas de la ciudad y otros que eligen vacacionar aquí se encuentran con que a las playas se puede acceder solo de manera parcial y con restricciones, recibiendo además el trato hostil de los concesionarios”, expusieron y reiteraron: “Es ilegal restringir el libre acceso a la ribera y playas públicas a los turistas y vecinos”.
En ese sentido, los profesionales recordaron que la legislación vigente garantiza el derecho a toda persona “a gozar y disfrutar del espacio público ribereño” y la ordenanza 21090 específicamente establece “la obligatoriedad para los concesionarios de garantizar una bajada mínima para todo público de tres metros con la instalación de baños públicos de uso libre en cada una de ellas”.
“El Estado municipal es responsable de hacer cumplir la normativa vigente y revertir esta situación”, sumaron y advirtieron que, “de no obtener una respuesta concreta del Municipio que ponga fin a esta tristemente repetida situación de vulneración de derechos”, acudirán a la Justicia.
