Playas públicas: ratifican al juez que dispuso la medida cautelar
Tras la apelación del Municipio, y la intervención del juez en feria, el Juzgado Civil y Comercial N°4 rechazó el planteo para que la causa continuara en su órbita y consideró que es el juez Facundo Gómez Urso quien debe dirimir esta cuestión.
Luego de que el Municipio decidiera apelar la resolución judicial dictada por el juez Facundo Gómez Urso -quien hizo lugar al amparo presentado por la Casa del Trabajador y ordenó a los balnearios que el acceso a las playas fuera irrestricto-, el Juzgado Civil y Comercial N°4 rechazó el planteo del juez en feria para que la causa continuara en su órbita y consideró que es Gómez Urso quien debe dirimir esta cuestión.
En concreto, el magistrado Raúl Garros resolvió inhibirse de entender en la causa y remitirla al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 1, a cargo de Gómez Urso, dado que “no surge evidente en esta instancia la remisión pretendida, toda vez que el amparo de trámite ante el suscripto ya se encuentra concluido”. Esto, teniendo en cuenta que en su momento el Juzgado N° 4 se expidió de manera negativa respecto a un amparo presentado por la entidad en el mismo sentido.
Ante este escenario, quien deberá dirimir la cuestión de fondo, es decir, garantizar que tanto el Municipio como los balnearios cumplan con la medida cautelar, es el juez Gómez Urso, “quien dispuso oportunamente que se debe garantizar el acceso irrestricto de cualquier ciudadano al espacio público de las playas, cumpliendo y respetando los pasos que para ello se hubiesen dispuesto y que se encuentren debidamente habilitados, como asimismo abstenerse de extender aquellos límites que por concesión se les hubiesen otorgado y, de exceder el factor ocupacional respectivo, asegurando el libre disfrute de los espacios públicos”, según expusieron desde la Casa del Trabajador.
Ene se sentido, la asociación consideró que lo resuelto recientemente constituye “un revés judicial para el Municipio, ya que garantiza que la causa se seguirá tramitando ante un juez imparcial”. Puntualmente, desde la Casa del Trabajador acusaron al Municipio de no acatar la orden judicial, apelar la medida en defensa de los derechos ciudadanos, negar la existencia del problema y fijar una posición clara a favor de los concesionarios, “realizando planteos dilatorios en la causa para no hacer cumplir la orden judicial”.
