Ex-Sadowa: los argumentos de la Provincia contra la expropiación
El oficialismo sostiene que el pedido de la empresa es legítimo y que el Estado podría perder una demanda por $370 millones. Aseguran que en la cooperativa cada vez trabajaban menos personas. Los empresarios “prometen” generar 200 puestos.
Que la Asesoría General de Gobierno planteó que la Provincia no podía realizar la expropiación, que en caso contrario debería abonar una demanda por $370 millones, que la cantidad de trabajadores actualmente beneficiados es muy baja y que el nivel de actividad es cada vez menor. Esos son algunos de los argumentos de los que se sostiene el gobierno provincial luego de haber rechazado semanas atrás en el Senado la prórroga a la expropiación del frigorífico exSadowa, lo que generó malestar en el sector y en la oposición política.
Luego de que la Cámara de Diputados bonaerense le diera en abril media sanción al proyecto impulsado por la cooperativa con el apoyo de legisladora Alicia Sánchez -del partido Miles, de Luis D’elia- el grupo empresario Siper SA con la representación del abogado Pedro Cesar Bove presentó un escrito ante el Senado en el que reclamó el freno de ese proyecto con el objetivo de poder hacerse cargo del frigorífico.
“Reclaman la devolución del lugar porque no se hizo la expropiación y entonces ellos no cobraron”, sostienen desde la Provincia y señalan, incluso, que desde la Asesoría General de Gobierno se planteó que no era viable concretar la expropiación.
En ese sentido, la empresa, en el escrito de tres páginas presentado, manifestó su “compromiso” de hacerse cargo del frigorífico además de darle continuidad a los trabajadores que hoy se desempeñan y de ampliar los puestos de trabajo a 200 en el plazo de un año.
Otro de los puntos de los cuales se sostiene el gobierno provincial al avalar que Siper se haga cargo del lugar y que no siga la cooperativa es que el grupo empresario apelaría a una demanda por unos $370 millones que incluye un retroactivo por no haber podido explotar en lugar en los últimos cinco años. “Por cómo está planteada la situación, la Provincia perdería”, aseguran.
Pero por otro lado, el oficialismo se afirma en dos acusaciones que son negadas taxativamente por los integrantes de la cooperativa Frigore: que en la cooperativa empezaron desempeñándose unas 80 personas y hoy son 16 y que el nivel de actividad de la planta es “cada vez menor”. Contrario a ello, los trabajadores sostienen que son 96 quienes forman parte de la cooperativa y que estaban a un paso –que ahora debieron frenar- de poder empezar con la exportación de carne, clave para aumentar su actividad.
“HAY UN COMPROMISO CON EL SENADO”
El presidente del bloque de Cambiemos en el senado provincial, Roberto Costa, remarcó ante consulta de QUÉ que en la sesión en la que se trató el expediente sólo él hizo uso de la palabra y ningún sector votó en contra.
Costa defiende la postura adoptada por el gobierno provincial y así sostuvo que el proceso de expropiación a favor de la cooperativa Frigore no es comparable con otros casos cercanos. Asimismo, hizo hincapié en el “compromiso” adoptado por la empresa ante el Senado de dar continuidad laboral –en contra de la denuncias de que pretende usar el lugar como desarrollo inmobiliario- e incluso de ampliar los puestos a 200.
“En este caso la empresa que quebró fue rematada y compró otra, que no tiene nada que ver con los problemas anteriores. Incluso muchos de sus empleados cobraron sus indemnizaciones”, sostuvo el senador en relación al reclamo de Siper y remarcó que fue la gestión anterior de Daniel Scioli la que no terminó de concretar la expropiación. En ese sentido, destacó que hasta existió una denuncia por usurpación. Sobre este último puntos vale aclarar que en su momento esa denuncia fue desestimada por la Justicia al considerar que no había existido delito.
Por otro lado, en cuanto a la preocupación planteada por los trabajadores por la continuidad laboral, Costa aseguró que las autoridades de la cooperativa se negaron a firmar un convenio en ese sentido con los empresarios y destacó: “Hay un compromiso con el Senado de la Provincia, una nota presentada, foliada, firmada, recibida y leída de que van a darle trabajo a los que estaban ahí. Así que eso va a ser así porque no me imagino a una empresa que quiere volver a faenar, que quiere vender y exportar sus productos, incumpliendo un compromiso que tomó con la Provincia”.
En este marco, Costa afirmó: “Si no cumplieran con su palabra trabajaría para revertir la situación”.
DUDAS POR LA EMPRESA
La falta de garantías sobre la continuidad del frigorífico en el predio de Constitución al 10300 es uno de los puntos más remarcados por los trabajadores desde que se frenó la expropiación. Y principalmente denuncian la intención de Siper SA y su dueño, Eugenio San Gregorio, de desarrollar un country en el lugar.
Desde la Provincia aseguran que esa posibilidad en ningún momento fue contemplada al rechazar la expropiación. Pero los trabajadores con el respaldo de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) insisten con esa denuncia. “No al Bingo ni al patrón que adeuda sueldos; no al negocio inmobiliario, Country de Siper S.A. y Eugenio Sangregorio”, planteó la CNCT en un comunicado lanzado días atrás en referencia al Bingo de Adrogué que maneja Sangregorio y al rubro inmobiliario que aparece entre los antecedentes fundamentales de la firma.
Otro de los puntos en los que reparan desde la cooperativa tiene que ver con el mínimo valor que pagó Siper por quedarse con el lugar y todo lo que les costó a ellos ponerlo en condiciones para volver a funcionar. Es que en su momento el edificio de Constitución al 10300 fue valuado en $41 millones y rematado a favor de Siper en $6 millones.
