Siniestros viales: entre la irresponsabilidad y el desinterés
Las historias son distintas, pero el reclamo se repite. Los familiares de víctimas de accidentes de tránsito en la ciudad aseguran que “los controles fallan” y que la justicia “beneficia a los asesinos”. Las críticas apuntan hacia la Fiscalía Nº 11.
Falta de contención judicial. Impotencia. Ausencia del Estado. Más impotencia. Un reclamo expuesto a la sociedad. Indiferencia. El dolor de la pérdida. Más indiferencia.
La descripción se podría aplicar, tranquilamente, a cualquiera de los tantos casos de accidentes de tránsito que ocurren en la ciudad. En Mar del Plata, a la fecha, aun no están disponibles los datos actualizados en relación a los hechos registrados en 2014, pero desde el Municipio han hecho hincapié en una reducción de los mismos. Sin embargo, hablar de uno, dos o cien casos no cambia la realidad. Para las familias que perdieron un hijo, un hermano o un amigo en el marco de un siniestro vial, los números son lo de menos. Y lo mismo se aplica para aquellos que aunque afortunadamente no perdieron la vida, quedaron hoy con secuelas irreversibles, como consecuencia de la irresponsabilidad de un conductor.
En abril de 2013, Juan Carlos Belasco atropelló y mató a Eliana Nicuez y sus dos hijos Lautaro y Bautista. Fue liberado seis días después por la Justicia y al día de hoy, según la familia Nicuez, “no le importa haber asesinado a tres personas, solo se siente mal por la estigmatización de haber estado preso unos días y porque le gritan cosas en la calle”.
En enero de 2014, Julián Materia atropelló y mató a Yésica Parra. En octubre del mismo año, el joven protagonizó otro accidente cuando impactó su vehículo contra Susana Rey, quien falleció semanas después. La familia Parra presentó una denuncia contra la Fiscalía Nº 11 de Delitos Culposos por “graves errores de instrucción” e “ineficiencia y desidia” de los funcionarios judiciales.
En marzo de 2014, Eduardo “Lalo” Ramos, alcoholizado, chocó de atrás a otro vehículo en la altura del kilómetro 19 de la ruta 226. En ese otro auto viajaba Thiago Joel junto a su familia. El nene fue herido de gravedad y actualmente padece secuelas irreversibles. Ramos fue liberado cuatro días después del hecho por la Justicia de Garantías. La familia del pequeño asegura que “la Fiscalía hace de cuenta como que nada pasa; termina siendo víctima el que mató o el que lesionó gravemente a otra persona”.
LO QUE DICE LA LEY
En Argentina, y de acuerdo a la normativa vigente, las muertes producidas como consecuencia de un accidente de tránsito reciben la carátula de homicidio culposo. El artículo 84 del Código Penal estipula que “será reprimido con prisión de seis meses a cinco años e inhabilitación especial, en su caso, por cinco a diez años el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo, causare a otro la muerte. El mínimo de la pena se elevará a dos años si fueren más de una las víctimas fatales, o si el hecho hubiese sido ocasionado por la conducción imprudente, negligente, inexperta o antirreglamentaria de un vehículo automotor”.
Además, el Código establece que “se impondrá prisión de un mes a tres años o multa de mil a quince mil pesos e inhabilitación especial por uno a cuatro años, el que por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión, o por inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, causare a otro un daño en el cuerpo o en la salud”. Y luego se enumeran los atenuantes, como los casos en los que el conductor abandona sin justa causa el lugar de la comisión del hecho (se establece el incremento de la pena, desde la mitad y hasta el doble de la misma) o si el conductor se encuentra bajo el influjo de bebidas alcohólicas, drogas o cualquier otra sustancia que produzca dependencia física o psíquica (la pena se aumentará también de la mitad al doble).
Independientemente de lo que dice la ley, y aquí el reclamo de los familiares que consideran que los “asesinos al volante” gozan de impunidad, en Argentina, “salvo que se considere que el imputado corre peligro de fuga o tenga intenciones de entorpecer la causa, el juez no está obligado a encarcelarlo previamente”.
Así las cosas, la condena no suele resultar de cumplimiento efectivo, ya que por lo general cuando la Justicia debe resolver la situación procesal del imputado -si es que decide su procesamiento- ordena la libertad provisional del procesado al estimar que el mismo finalmente procederá una condena de ejecución condicional no privativa de la libertad, pero eso no siempre llega.
TESTIMONIOS QUE DUELEN
“A mi hermana cruzando la avenida con los dos nenes en brazos la atropellaron a cien kilómetros por hora, los cuerpos quedaron a 90 metros del punto de impacto. La persona escapó, mintió para zafar del hecho, pero finalmente lo atraparon, pero a los seis días lo liberaron”. Con esa frase, Nicolás Nicuez relata el inicio de lo que para él hoy se ha convertido en una bandera: el reclamo de justicia por la vida de su hermana y sus sobrinos.
Según cuenta Nicolás, la Fiscalía quiso hacer un arreglo con quien manejaba el vehículo, con un juicio abreviado, y utilizó la caratula de homicidio culposo, en lugar de doloso, a pesar de que el hombre “tenía el auto en pésimas condiciones: no tenía ningún papel, estaba fuera de regla”. “Él, con ese auto salió a matar y por eso decimos que debería haber sido homicidio doloso”, asegura el joven.
Su familia decidió ir por vía judicial e hicieron una presentación para pedir que se cambie la caratula. Por eso, cuando en abril se avance en el procesamiento, “la persona acusada llegará a juicio con ambas caratulas”.
Para Nicolás, el hecho de que el pedido de justicia y la indignación de los familiares se repitan en todos los casos no es casual ni menor. Según dice, “todos los poderes son responsables”. “El Ejecutivo es el primer cómplice de esto, porque los controles no son como deberían”, afirma, y luego enfatiza: “Por otro lado está el Poder Judicial. En la Fiscalía entra gente muerta y salen delincuentes libres. Buscan todos los motivos para beneficiar a los acusados, y en los casos mediáticos, van por un juicio abreviado”.
¿Por qué ocurre todo esto? De acuerdo a sus palabras, por “desinterés, corrupción y bajada de línea”. “Muchos legisladores nos han dicho que jamás iban a aprobar una ley de delitos viales, que solo nos podían ofrecer un aumento de pena cuando la gente se fuga en un accidente. Esto para la sociedad significa que si matás al volante no pasa nada”, subraya el joven.
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Rocío Dusek es la mamá de Thiago Joel. Su hijo, actualmente tiene un daño en el lóbulo temporal derecho, lo que le produce que por momentos tenga crisis de nervios, no pueda reconocer los rostros y tenga pequeñas convulsiones y pequeños golpes epilépticos.“Su cerebro está en permanente cortocircuito. El día a día de él es difícil, por momentos está bien y por momentos decae. De lo más bien que está tenemos que salir al hospital corriendo”, cuenta su mamá.
En el caso de “Lalo” Ramos, Rocío remarca su disconformidad con la Fiscalía Nº 11 porque se hizo el requerimiento de elevación a juicio con el artículo 94, el cual baja la pena del imputado, cuando “debería haberse hecho con el 90, porque la vida de mi hijo estuvo en riesgo más de una semana, quedó con secuelas irreversibles”.
“Nos opusimos a eso y en febrero tendremos una audiencia preliminar”, adelanta la joven, que asevera: “La impotencia está. Son un montón de casos que se repiten, porque no nos sentimos contenidos por la Justicia. Los asesinos no se fijan el daño que hacen, ellos siguen su vida normal y nosotros lidiamos con el dolor”.
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Gustavo Parra lleva adelante desde la muerte de su hija una fuerte campaña a través de las redes sociales para intentar generar conciencia, por un lado, y para exponer las fallas de la justicia, por el otro. Por eso, fue el impulsor de la denuncia presentada contra la Fiscalía Nº11 ante los incumplimientos de los funcionarios.
Es que Gustavo asegura sentirse desprotegido “por los que nos tendrían que dar tranquilidad y seguridad para poder hacer nuestro duelo en paz”. “Por eso denunciamos ante la Procuración General para que sean investigados por sus reiterados inoperancias e irregularidades en sus instrucciones, donde para ellos todo es lo mismo en temas de accidentes viales, sea cual fuere el caso, siendo beneficiados los que matan irresponsablemente al volante”, advierte.
