Una nueva investigación contra las harineras portuarias

La Fiscalía Federal presentó una denuncia ante la posible comisión de delitos de contaminación ambiental con lesiones leves a la salud de la población. Advirtieron que la situación “ha recrudecido en los últimos tiempos”.

20/04/2015
Una nueva investigación contra las harineras portuarias

La Fiscalía Federal del Distrito presentó una denuncia ante la posible comisión de delitos de contaminación ambiental en concurso ideal con lesiones leves a la salud de la población contra los propietarios de las fábricas de harina de pescado del puerto. Además, se pidió investigar “posibles incumplimientos de los funcionarios públicos encargados de impedir situaciones contaminantes. Esta causa se suma a otra que lleva adelante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 por presunta violación a la ley de “residuos  peligrosos”

En el escrito que presentó el fiscal federal Daniel Adler ante Fiscalía N°1, a cargo de Laura Mazzaferri, hace referencia a un expediente iniciado en 2010 por la entonces defensora del Pueblo, Beatriz Arza, caratulado “Varios vecinos de Puerto y Punta Mogotes sobre contaminación por olores en fábricas procesadoras de harina de pescado”.

Ese mismo año, comenzó a tramitar en la Fiscalía Federal N°2 un expediente, que luego fue archivado al contemplar “que las empresas se encontraban adecuando sus procedimientos y las autoridades de contralor ejerciendo su función”.

Ante esto Adler planteó que “sin embargo, la situación ha recrudecido en los últimos tiempos” y mencionó en la “advertencia” realizada días atrás por el presidente del Consorcio Portuario, José Hidalgo.

Adler reparó en que más allá de “una clara advertencia de parte de diversas autoridades que a modo preventivo y cautelar esperaron la adecuación de las empresas” no se ha logrado hacer cesar la actividad contaminante.

Ante ello, el fiscal federal sostuvo que el trámite de esa investigación evidencia que “estuvieron en conocimiento de la situación  y que, pese a ello, no evitaron  las consecuencias dañosas que esos olores nauseabundos han provocado en el medio ambiente y en la salud, en especial la psíquica, de las personas”.

En su escrito, Adler refirió que “el argumento para no realizar las correspondientes inversiones ha sido, por veces, la preservación de las fuentes de trabajo o la rotura de alguna máquina”.

Ante toda esta situación fue que el fiscal pidió que se investigue “como presunto hecho delictivo si los olores nauseabundos han generado un impacto sobre la atmósfera de modo tal de tipificar el delito de contaminación ambiental con peligro de afectar o directamente de haber dañado la salud de los habitantes”.

La investigación, sostuvo, “no debe centrarse sólo en los responsables de las empresas, sino que también debe indagarse sobre posibles complicidades de las autoridades que han permitido durante estos años que esta situación se mantenga, pudiendo constituir delitos propios de funcionarios públicos”.

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