Vivir en la calle y morir sin derecho al último adiós
La muerte de un joven cuidacoches tras la explosión de un transformador de EDEA dejó en evidencia que el Municipio incumple la ordenanza que establece el “Servicio Fúnebre Gratuito” para personas de extrema vulnerabilidad social.
Fue un viaje apresurado e imprevisto. Gabriela atravesó el país sin saber lo que encontraría. Partió de Neuquén con destino a Mar del Plata para reencontrarse con su hijo, luego de varios años sin verse. El primer pie lo puso en la Ferroautomotora, el segundo en el Hospital Interzonal, donde Pablo, su hijo que desde hacía unos cinco años vivía en situación de calle, agonizaba tras sufrir quemaduras graves debido a la explosión de una caja de empalme externa de la empresa EDEA en Brown entre Las Heras y Sarmiento, donde habitualmente cuidaba coches, dormía y vivía.
Luego de 15 días de internación, el viernes pasado el joven de 25 años falleció. Su madre y una importante cantidad de desconocidos que se volvieron cercanos le dieron el último adiós en una casa velatoria lejos de Neuquén, de su Madariaga natal, lejos de la camioneta en la que algunas noches dormía sobre la calle Brown y lejos de haber tenido una vida digna.
El domingo, una caravana acompañó los restos de Pablo Andrés Suárez hasta el cementerio Parque, donde fue enterrado. Pero en el medio, entre lo legal y la moral, el Estado falló y decidió volver a estar ausente en la vida de Pablo, si a la muerte y al velorio se los considera parte de la vida.
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La disposición de seis salas velatorias -hoy abandonadas- en el cementerio Parque impulsó en el 2008 a una exconcejal a presentar un proyecto de ordenanza que luego de idas y vueltas en las comisiones internas del Cuerpo, fue aprobado recién el 15 de mayo de 2014 (Ordenanza Nº 21769) para crear el “Servicio fúnebre gratuito” a cargo de la Municipalidad, destinado a fallecidos sin deudos o con deudos de escasos recursos.
La normativa impulsada por la entonces concejal Verónica Beresiarte (Frente para la Victoria) fue aprobada bajo la presidencia del Concejo Deliberante en manos de Vilma Baragiola, hoy secretaria de Desarrollo Social de la gestión de Carlos Arroyo.
Contempla además la disposición de dos de las seis salas velatorias del cementerio Parque para personas en evidente situación de vulnerabilidad social y víctimas de accidentes.
Fue promulgada el 29 de mayo bajo el decreto N° 1386 con la firma del exintendente Gustavo Pulti con injerencia directa del Ente de Obras y Servicios Urbanos (Enosur) de quien dependen los cementerios, con Marcelo Artime al frente en la gestión anterior, hoy en manos del radical Eduardo Abud.
La ordenanza, claramente, no fue puesta en práctica por la administración de Acción Marplatense ni por la actual de Cambiemos.
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Durante los casi 15 días que Pablo Suárez estuvo internado en terapia intensiva en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), las únicas visitas que recibió fueron las de vecinos y comerciantes de la zona en la que la víctima del fatal accidente cuidaba coches, a quien apreciaban y ayudaron incluso hasta después de su muerte.
El pasado 21 de abril la explosión de un transformador dejó gravemente herido a Pablo Suárez (Foto: archivo/QUÉ Digital)
Marcos, el encargado de una rotisería del barrio, se ocupó de organizar una colecta para pagar el velorio que la actual gestión de Desarrollo Social se negó a costear pese a la existencia de la nombrada ordenanza y del pedido de la madre de la víctima. Vecinos y comerciantes reunieron cerca de 8 mil pesos y detallaron en un cuaderno la ayuda que cada uno destinó para este fin.
“Era un pibe bárbaro…”, contaron algunos de los vecinos. “Acá todos lo queríamos, era muy trabajador”, dijeron algunos comerciantes de la zona de Brown y Sarmiento.
El viaje de Gabriela que había comenzado en Neuquén no terminó donde parecía. Luego de que en el HIGA le comunicaran la muerte de su hijo, con quien se había reencontrado hacía horas, la enviaron sola a que fuese a la comisaría segunda y de allí hasta la sede de Desarrollo Social, en Teodoro Bronzini y Balcarce, para presentar la documentación y requerir la entrega del cajón para enterrar a su hijo y gestionar el traslado de sus restos al cementerio.
Al día siguiente de su fallecimiento, el sábado 7 de mayo, los restos de Pablo Andrés Suárez fueron despedidos en la casa velatoria “Cielo azul”, ubicada en Fortunato de la plaza y Rafael del riego.
El dueño del lugar decidió que el costo fuera el mínimo y así dispuso de buena voluntad una importante rebaja en el precio, lo que permitió que la misma colecta permitiera además hacer dos placas (una para el cementerio y otra para colocar en la zona en la que el joven cuidacoches dormía) y enviarle el resto a la madre de la víctima.
La despedida fue gris, solemne y concurrida, entre desconocidos que se volvieron cercanos y que al día siguiente, domingo, acompañaron los restos hasta el cementerio Parque. Además de vecinos y comerciantes, un grupo de personas que se reúne regularmente en la Rambla para bailar (del cual Pablo formaba parte) también se trasladó hasta el cementerio para participar del entierro, entre pocos familiares y muchas personas que conocía de la calle.
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Horas más tarde, este martes, el presidente de la ONG Despertando Conciencia y exdirector de Protección Integral a la Víctima, Gastón Herrera, quien se convirtió en uno de los principales nexos entre Pablo, los comerciantes y su familia distribuida entre Madariaga y Neuquén, se ocupó de redactar una nota dirigida al intendente Carlos Arroyo referida a esta situación.
En la carta advirtió claramente no solo el incumplimiento de la ordenanza, sino además la ausencia del Estado en este caso y “la fría respuesta” que dio la secretaria de Desarrollo Social del Municipio, Vilma Baragiola, cuando se le pidió que interviniera para concederle a la víctima el derecho de tener la posibilidad de que sus seres queridos le diesen el último adiós.
En la nota que Herrera dirigió al intendente, que “erróneamente” fue girada por la actual gestión a Desarrollo Social y no al Enosur ya que es quien se encarga de los cementerios, y que en las próximas horas ingresaría al Concejo Deliberante con vistas a ser tratada en la comisión de Calidad de Vida, se señala que si bien no por ordenanza sino por la disposición de una partida elaborada especialmente dentro del presupuesto de la Dirección de Protección Integral a la Víctima, durante 2014, 2015 y principios del 2016, se cubrió la contratación de sepelios para víctimas de delitos y accidentes.
En los últimos meses, la Dirección fue traspasada -por orden de la nueva gestión de gobierno- de la hoy acéfala Secretaría de Seguridad a la Secretaría de Desarrollo Social a cargo de Vilma Baragiola, con importantes irregularidades de por medio.
“Me dirijo a usted en mi carácter de presidente de la asociación civil Despertando Conciencia de esta ciudad a fin de solicitarle la puesta en funcionamiento de las salas de sepelio del cementerio Parque”, expresa la carta que el exfuncionario le escribió a Carlos Arroyo, luego de que la secretaria de Desarrollo Social contestara que solo cubriría “cajón y traslado” como “si lo que la familia debiera despedir fuese un algo y para acceder a dicho beneficio por el hecho de ser pobre debía cruzar toda la ciudad a pie para realizar el trámite”, señaló Gastón Herrera.
A los efectos de que la gestión de cumplimiento a la ordenanza vigente para implementar el servicio fúnebre gratuito para casos con víctimas en la situación en la que se encontraba Pablo, en la carta, destacó la obligación del Estado municipal de “garantizar la efectiva prestación de los servicios que le competen” y de “bregar por el derecho a la igualdad” y advirtió que “la situación de vulnerabilidad económica y social de muchos de nuestros convecinos nos compromete como sociedad a redoblar los esfuerzos para que el conjunto de la sociedad tenga una vida digna al igual que la despedida de sus restos cuando dicha vida concluya y a los gobiernos los obliga a cumplir con el rol para el que fueron electos”.
Artículo 1º: créase el Servicio Fúnebre Gratuito a cargo de la Municipalidad de General Pueyrredón, el que estará destinado a fallecidos sin deudos o con deudos de escasos recursos. Asimismo, facúltese al Departamento Ejecutivo a brindar el servicio de preparación y traslado por medio de empresas concesionadas.
Artículo 2º: el Servicio Fúnebre Gratuito a que alude el artículo anterior comprenderá la provisión del ataúd, traslado al Cementerio Parque, donde se reacondicionarán y habilitarán dos de las salas velatorias existentes en dichas instalaciones, las que funcionarán todos los días de 8 a 17 horas, sepelio y la cesión sin cargo de una sepultura en tierra. También podrán optar por un servicio crematorio si así lo deseare el familiar del difunto y en los casos permitidos por la normativa vigente… ()
Asimismo, en el tercer artículo se detallan los “requisitos” para acceder al servicio:
-Ser persona carenciada y/o indigente; situación ésta acreditada por certificado expedido por la Secretaría de Desarrollo Social.
-No poseer obra social, ni otra prestación de similar fin.
-Certificado de defunción.
-Documento Nacional de Identidad del familiar que gestione el trámite.
Por último, el autor del pedido dirigido a Carlos Arroyo para que se ponga en funcionamiento el servicio de sepelios, apuntó: “La historia del joven Pablo se repite en Mar del Plata y en Batán es por eso le solicito y a la vez le exijo de cumplimiento a lo normado y no continúe usted vulnerando el derecho de los vecinos”.
Pablo Suárez vivió cerca de cinco años en la calle. Tenía 25 años de vida. Su cara, sus vías respiratorias, su pecho y sus brazos se quemaron producto de un accidente presuntamente evitable en el marco del cual la empresa EDEA investiga la las causas del siniestro. El reencuentro con su madre se concretó tarde. Los vecinos hicieron lo posible para ayudarlo. Murió solo. El Municipio decidió no garantizarle el derecho a tener un funeral. Vecinos que lo apreciaban se hicieron cargo para suplir la omisión de una ordenanza, pero la ausencia del Estado municipal, al menos en este caso, ya no tiene vuelta atrás.
