Fumigaciones: entre la lucha vecinal y los constantes incumplimientos
Especial | Anuario 2019
Denuncias constantes, respuestas insuficientes. Vecinas y vecinos organizados, un Estado ausente. La intervención de la Justicia, el desinterés de los productores. Así transcurrió el 2019 en Mar del Plata en lo que a las fumigaciones se refiere: entre la lucha vecinal y los constantes incumplimientos, pese a que desde 2014 rige una medida cautelar, dictada por la Suprema Corte bonaerense, que prohíbe la aplicación de agroquímicos a menos de 1000 metros de núcleos poblacionales o urbanos.
Desde que comenzó el año, pero en especial en los últimos meses, las denuncias de vecinos, vecinas y la Asamblea Paren de Fumigarnos respecto al incumplimiento de la cautelar vigente –y ratificada este año- se convirtieron en una constante, frente a un gobierno -comandado hasta el 10 de diciembre por Carlos Arroyo-, que pese a la intervención y el pedido de la Justicia, decidió hacer oídos sordos a los reclamos.
Playa Chapadmalal, Félix U. Camet, Parque Hermoso, El Marquesado, Los Lobos y Highland Park son tan solo algunos de los barrios que se vieron afectados por la aplicación de sustancias a menos de mil metros de viviendas o escuelas. Incluso en uno de los casos –en el Paraje San Francisco- la trabajadora que logró registrar lo sucedido en imágenes, sufrió amenazas.
¿Y cuál fue la respuesta del Estado? El silencio, las promesas incumplidas y un claro desinterés por la cuestión ambiental (y de salud), algo que quedó evidenciado durante toda la gestión de Arroyo: tanto en la palabra de los funcionarios a cargo de la Secretaría de Desarrollo Productivo –que buscaron minimizar los reclamos- como en las presentaciones ante la Justicia, donde desde la Comuna expusieron que la medida afectaba “seriamente intereses públicos y privados, causando graves daños a terceros afectados”.
En el medio, la propia Suprema Corte ratificó la vigencia de la cautelar, instó al Municipio a hacerla cumplir, convocó a las partes a una serie de audiencias y además las exhortó a trabajar en conjunto en la elaboración de una nueva ordenanza, que contemplara la necesidad de todas las partes. Sin embargo, fue muy poco lo que se logró avanzar, según denunciaron desde la Asamblea.
En ese marco, y ya comenzada la gestión del nuevo gobierno –en la figura de Guillermo Montenegro- desde la Secretaría de Desarrollo Productivo aseguraron que, como primera medida, están dispuestos a abordar la situación “en conjunto con ambientalistas y productores”, entendiendo que “no es un problema de producción específicamente, es un problema de salud pública en primer lugar y de medio ambiente”.
Ante este escenario, los vecinos y vecinas siguen en alerta: ya presentaron una carta en la que buscan poner en conocimiento al flamante intendente acerca del constante incumplimiento de la medida cautelar y “en virtud de la gravedad de los derechos vulnerados” buscan poder reunirse con él, con la idea de delinear posibles acciones a llevar adelante.
¿POR QUÉ INTERVINO LA SUPREMA CORTE?
Fue en septiembre de 2014 cuando la Suprema Corte dictó la medida cautelar para suspender artículos clave de la Ordenanza 21.296 que regula la aplicación de agroquímicos en General Pueyrredon.
Se trata de la norma aprobada en 2013 -con el impulso del por entonces gobierno de Gustavo Pulti- que eliminó la zona de seguridad prevista en la ordenanza anterior, que establecía como límite un radio de mil metros de distancia de las plantas urbanas en el que se prohibía la utilización de cualquier producto químico y/o biológico de uso agropecuario y forestal, en particular plaguicidas o fertilizantes.
Con esta nueva ordenanza, el Municipio fijó la distancia mínima a cien metros, y creó una franja agroecológica en la que aún se permitía el uso de agroquímicos banda IV (como el glifosato). Sin embargo, esa aprobación fue rechazada por vecinos y organizaciones ambientalistas que denunciaron la inconstitucionalidad de la norma ante la Suprema Corte de Justicia.
Y así, a través de una medida cautelar, en septiembre de 2014 se decretó la suspensión de los artículos 19, 23, 27 y 28 de la ordenanza “hasta tanto se dicte sentencia definitiva”, algo que todavía no sucedió. En ese sentido, y en el marco de ese proceso todavía abierto, hace algunos meses la Suprema Corte ratificó la suspensión de los artículos clave de la ordenanza y le exigió al gobierno local que procure “por todos los medios a su disposición su efectivo cumplimiento”, algo que según los vecinos no sucede.
