Marzo: el escándalo de las licencias truchas
No solo se solicitó la elevación a juicio de la causa en la que están imputados 25 empleados de El Gaucho, sino que también se concretó un nuevo allanamiento, que abriría las puertas para la investigación que llega hasta el intendente.
No hay dudas respecto a que el año 2015 estuvo marcado, durante buena parte de los meses, por el avance en la investigación en torno a la banda que se dedicaba a comercializar licencias de conducir tramitadas de manera irregular en el Distrito Descentralizado El Gaucho.
Y en marzo de 2015, el escándalo que había surgido tiempo atrás sumó nuevos capítulos no solo porque la fiscalía solicitó la elevación a juicio de la causa sino también porque se concretó un nuevo allanamiento que abriría la puerta a nuevas investigaciones y que luego pondría en el ojo de la tormenta no solo al personal de la División Licencias de Conducir, sino al mismo intendente Gustavo Pulti.
Durante el año que termina, la investigación avanzó por varios caminos, aunque en el medio hubo también un gran uso político de la situación, tanto de un lado como del otro. En lo que hace a lo estrictamente judicial, en septiembre fue elevada a juicio la causa en la que están imputadas 25 personas por 159 hechos; en paralelo, la Unidad Funcional de Delitos Económicos investiga si existió responsabilidad por parte de las autoridades por encima del jefe de la División Licencias de Conducir, Juan Carlos Belmonte.
En ese sentido, y pese al hermetismo con el que se manejó la información en una primera instancia, se confirmó que la investigación -que por el momento no ha tenido avances significativos- alcanza incluso al exintendente Gustavo Pulti, además de funcionarios como Guillermo Iglesias (Movilidad Urbana) y Adrián Alveolite (Seguridad y Control).
Por otro lado, también se avanzó en la pesquisa respecto al accionar de funcionarios policiales -entre ellos el exjefe de la Departamental Darío Ibáñez-, causa que se está tramitando ante la Unidad Funcional N°6 y que implicaría una conexión entre los punteros, el Municipio y la Unión Tranviarios Automotor (UTA).
Cuando en marzo de 2015 la Justicia confirmó la investigación respecto a funcionarios municipales, surgieron además de los avances judiciales, chicanas y cruces políticos, en el marco de un año marcado fuertemente por la disputa electoral. En ese contexto, la Unión Cívica Radical (UCR) cargó contra Gustavo Pulti al aprovechar la difusión de la declaración de dos “arrepentidos” quienes estaban imputados en la causa e involucraron directamente a los funcionarios municipales.
El oficialismo, claro está, no se quedó atrás. Rápido de reflejos, denunció a la concejal de la UCR, Vilma Baragiola, por supuestas irregularidades en su carnet de conducir y acusó un uso político de la situación. Luego, surgieron nuevas polémicas en torno a la legalidad del trámite efectuado por el padre de Adrián Alveolite y una nueva (y no casual) disposición relacionada, justamente, con la tramitación de licencias de personas mayores de 70 años.
IRREGULARIDADES Y MUERTE
Sin dudas uno de los hechos que marcó el año tuvo que ver con el homicidio, en julio de 2015, de de Fabián Mendiola, el subteniente de policía que falleció tras ser atropellado por un joven que intentó esquivar un control de alcoholemia ¿Cuál es la conexión con las licencias? Justamente que la Justicia detectó que la licencia de conducir de Lucas Carnero fue obtenida de manera ilegal en el marco del negocio de comercialización de carnets de conducir que funcionaba en el Distrito Descentralizado El Gaucho.
El extitular de Movilidad Urbana, Guillermo Iglesias durante el allanamiento en El Gaucho (Foto: QUÉ Digital)
Pese a un intento fallido de desmentida oficial -que derivo en la apertura de una causa contra Alveolite e Iglesias por la posible comisión de delitos de acción pública, es decir, incumplimiento de deberes- la investigación que llevó adelante el Cuerpo de Ayuda Técnica a la Investigación (CATI) ratificó la ilegalidad y abrió la puerta a una nueva pregunta: ¿Qué pasa con las licencias tramitadas de modo irregular y aún en circulación?
Justamente ese interrogante fue el puntapié de un informe elaborado por QUÉ, que da cuenta que entre 2013 y 2015 cuatro personas perdieron la vida al ser atropelladas por cuatro hombres que, según los datos con los que cuentan los investigadores, obtuvieron de manera irregular sus respectivas licencias de conducir.
Haya sido por acción o por omisión, por un interés económico o por el propio descontrol que muchos aducen existía en el lugar, los registros de conducir de Javier Balestriere, Juan José Buono, Carlos Javier Bepre y Lucas Carnero presentan distintas irregularidades y la pregunta es inevitable: ¿Estaban en condiciones de manejar? ¿Se podrían haber evitado las muertes?
En lo que el oficialismo acusó como un “operativo político”, y en la previa de las elecciones que consagrarían a Carlos Arroyo como intendente, el principal imputado en la causa, Juan Carlos Belmonte, prestó declaración por primera vez ante la Justicia, pero lo hizo en el marco de otra investigación, relacionada con un caso particular. En sus dichos cargó directamente contra Gustavo Pulti y obviamente el ex jefe comunal se defendió aduciendo que el propio Ejecutivo había sido el impulsor de la denuncia.
Finalmente, y durante su breve paso por la Secretaría de Seguridad, el abogado Julio Razona fue el único que tomó acciones directas respecto a los más de siete mil carnets ilegales en circulación: ordenó citar a los conductores, cobrarles una indemnización y acordar el sobreseimiento con la Fiscalía General. Resta conocer si la Secretaría llevará adelante la iniciativa pese a la salida del ahora exfuncionario de Arroyo.
