Instrucciones

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ARA San Juan Tras un año de incertidumbre y dolor, el hallazgo del submarino

Lucía Pérez Un juicio, tres absoluciones y un nuevo paro de mujeres

Etchecolatz Dos meses y medio de prisión domiciliaria, reclamos y marcha atrás

Aldosivi Un nuevo ascenso, con campeonato incluido

Rigel El Puerto no cambia, los hundimientos se repiten y la lucha sigue en soledad

Aportantes truchos Escándalo, 28 marplatenses implicados y negación sin más explicaciones

Neonazis Una banda condenada por incitar al odio, la discriminación y la violencia

Cirque du Soleil El abismo y virtuosismo, por primera vez en Mar del Plata con el Sép7imo Día

Natalia Melmann El cuarto policía acusado por el crimen, absuelto 17 años después

Docentes municipales El duro revés del Concejo a Arroyo, Mourelle y Distéfano

Caso Gianelli Anulación de la absolución y expectativa por un nuevo juicio contra la docente Analía Schwartz

Crisis en educación Problemas edilicios, recortes, marchas y tomas: “La educación pública no se vende, se defiende”

Licencias truchas Catorce años de prisión para Belmonte y penas de entre 4 y 11 años para el resto de la banda

Basural Colapso, incertidumbre al límite y un conflicto que olió mal

Rancho Móvil Cabañas sin autorización y en medio de la Reserva Forestal

ARA San Juan Tras un año de incertidumbre y dolor, el hallazgo del submarino

Alrededor de la una de la madrugada del 17 de noviembre, la Armada Argentina confirmó la noticia más esperada del año: el hallazgo del submarino ARA San Juan, que había tenido su último rastro el 15 de noviembre del 2017. En un año cargado de incertidumbre, los familiares nunca perdieron la esperanza y fueron los encargados de insistir, pelear y reclamar para que la búsqueda no cesara con el objetivo de saber la verdad. De la confirmación que impactó en el mundo, al parcial alivio de los familiares, a las diferencias en torno a un posible reflote y hasta una incógnita que se mantiene: ¿alguna vez se sabrá qué pasó con el ARA San Juan?

En 24 horas, los familiares de los 44 tripulantes pasaron del dolor y la desolación por el primer aniversario de la desaparición del submarino –con acto oficial incluido en la Base Naval- al anuncio esperado del hallazgo del ARA San Juan, a 907 metros de profundidad. El buque Seabed Constructor, de la empresa estadounidense Ocean Infinity - que había garantizado poder hallarlo al iniciar las tareas en septiembre, luego de muchas idas y vueltas- fue el encargado de encontrar el submarino. Su intervención fue gracias a la fuerte presión que ejercieron los familiares para que no se abandonara la búsqueda.

Mientras la mirada de los medios de comunicación volvió a hacer foco en Mar del Plata, los familiares movilizados bajo la lluvia recibieron múltiples muestras de apoyo en la Base Naval y hubo tres días de duelo nacional decretados por el presidente Mauricio Macri, quien durante todo el año fue señalado por los familiares junto a otros funcionarios de la Armada por no brindar respuestas a sus pedidos de búsqueda y por no garantizar desde un principio la contratación de una empresa que se encargara de continuar con el operativo.

Al no haber una definición clara sobre qué empresa sería contratada para retomar la búsqueda y ante los desaires del ministro de Defensa, Oscar Aguad, los familiares de los 44 tripulantes se movilizaron incansablemente cada mes, juntaron firmas y hasta se instalaron a la intemperie en una precaria carpa en Plaza de Mayo durante alrededor de 50 días, en busca de visibilizar el reclamo para obtener respuestas de las autoridades.

Una vez que se oficializó la contratación de Ocean Infinity –tras numerosas idas y vueltas y una licitación que terminó siendo anulada por irregularidades- en total fueron analizados 23 puntos de interés, y todos ellos fueron descartados, la mayoría por tratarse de formaciones rocosas y dos por tratarse de antiguos restos de pesqueros hundidos. Finalmente, el hallazgo del ARA San Juan se produjo en el último día del operativo y en el punto de interés N°24 que, de acuerdo a la información oficial, se ubicó en la principal zona de búsqueda.

El jefe de la Base Naval de Mar del Plata, capitán Gabriel Attis, fue el encargado de confirmar tras el hallazgo que el submarino “sufrió una implosión”, como se había dicho a días de su desaparición, y afirmó no poder confirmar ni descartar si se podía reflotar como ya se empezaba a reclamar. Ante esta situación, la postura de los familiares se vio dividida: algunos manifestaron su voluntad de que los cuerpos de sus seres queridos descansen en el mar, pero otros advirtieron que para hacer el duelo es necesario recuperar el cuerpo y darle el último adiós, como así también para conocer “la verdad de lo que ocurrió”.

Los familiares fueron retomando sus actividades, que durante más de doce meses habían quedado frenadas al momento en el que recibieron la impactante noticia, y poco a poco volvieron a sus destinos con la esperanza de poder conocer la verdad, Mientras tanto, la jueza Marta Yáñez - a cargo de la causa- analiza las 67 mil imágenes del submarino en el fondo de mar para que la investigación pueda determinar qué pasó con el ARA San Juan.

Lucía Pérez Un juicio, tres absoluciones y un nuevo paro de mujeres

La inexistencia de abuso sexual, de violencia física y psicológica, de subordinación y de  cosificación. Esa fueron las conclusiones terminantes de los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 que juzgaron el crimen de Lucía Pérez, ocurrido en octubre de 2016, y que hicieron que el caso de la adolescente de 16 años una vez más despertara su repercusión nacional e internacional, tal como ocurrió hace dos años atrás, en medio de una deficiente investigación fiscal.

Los jueces Aldo Carnevale, Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas condenaron a ocho años de prisión a Matías Farías (23) y a Juan Pablo Offidani (41) sólo por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo” y los absolvieron por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar la muerte de la persona ofendida y favorecido por el suministro de estupefacientes en concurso ideal con femicidio”. Por su parte, a Alejandro Maciel (61) lo absolvieron, tal como había pedido la fiscalía, a partir de no haberse acreditado la acusación de “encubrimiento agravado”.

Con varios extremos planteados en una conferencia de prensa realizada pocos días después del hecho por la fiscal original del caso, María Isabel Sánchez, totalmente descartados -como que la joven hubiera sido abusada con un objeto y por más de una persona- la acusación del fiscal Daniel Vicente en el juicio se centró en la existencia de violencia de género y contra la mujer y, en ese contexto, de un abuso sexual en medio de una relación asimétrica de poder entre un hombre y una joven de 16 años.

Pero los jueces descartaron esa visión -por medio de la cual el fiscal había pedido prisión perpetua para Farías y 18 años para Offidani- y afirmaron que “los imputados no (fueron) absueltos por una cuestión de duda sobre lo que hicieron, sino porque la prueba ha ofrecido claridad en torno a la inexistencia de un abuso sexual con acceso carnal y de una responsabilidad por la muerte de Lucía”.

La actuación de la fiscal Sánchez tuvo un extenso espacio en la sentencia ya que los jueces lamentaron que la funcionaria no haya actuado con “compromiso, vocación, profesionalismo, competencia e idoneidad” y señalaron que “movió a un país a partir del dolor y del horror derivados de una mentira”.

Lógicamente, la sentencia despertó mucho malestar en la familia de Lucía y en numerosas organizaciones que acompañaron la causa. Ello derivó en un nuevo paro nacional de mujeres, como en 2016 cuando se conoció el caso. “Es vergonzoso lo que hicieron. Para la Justicia a Lucía nadie la mató, esto es una burla”, reclamó su mamá, Marta Montero. Tanto el abogado de la familia, Gustavo Marceillac, como la Fiscalía General anunciaron que apelarán la sentencia al Tribunal de Casación.

Etchecolatz Dos meses y medio de prisión domiciliaria, reclamos y marcha atrás

Desde el 29 de diciembre de 2017 hasta el 17 de marzo de 2018 el genocida Miguel Etchecolatz vivió entre los vecinos del Bosque Peralta Ramos de Mar del Plata al gozar de una cuestionada prisión domiciliaria que terminó por ser revocada tras masivos reclamos populares.

El sábado 17 de marzo a las 6.10 se abrió el portón de la casa de Etchecolatz en el marco de un importante despliegue de seguridad y ya con el represor adentro de una de las camionetas del Servicio Penitenciario Federal -con chaleco y casco- comenzó la marcha lenta de los móviles y el canto de los vecinos, que esperaron el momento desde hacía varias horas antes cuando se conoció la resolución de la Cámara Federal de Casación que revocó la prisión domiciliaria.

Fueron los jueces José Martínez Sobrino, Julio Luis Panelo y Fernando Canero, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 de Capital Federal, quienes hicieron lugar al pedido de la defensa de Etchecolatz y así empezó a cumplirse su estadía en la ciudad, que estuvo marcada por constantes y masivas movilizaciones, marchas y repudios. El más importante se produjo el 6 de enero -en plena temporada de verano- cuando miles y miles de personas se encolumnaron en más de siete cuadras de movilización en el centro de Mar del Plata.

A los 20 días de estar en la ciudad, estalló una nueva polémica: un sábado a la tarde noche personal de civil llevó al represor hasta la clínica privada ubicada en Colón al 3600, sin esposas, en una silla de ruedas y en una camioneta Fiat Toro color blanca sin identificación. Días después, tras los pedidos de explicación de algunos organismos de derechos humanos y de otros jueces, el Tribunal de Feria de Capital Federal justificó la acción y sostuvo que ello estaba previsto en la resolución que le otorgó la prisión domiciliaria.

Pero el beneficio recibido finalmente se cortó el 16 de marzo cuando los jueces de Casación Juan Carlos Gemignani, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos se lo revocaron apenas horas después de una audiencia realizada en la que el Ministerio Público Fiscal y las querellas presentaron sus argumentos para revertir la situación. Borinsky y Hornos fueron los que dieron lugar a la resolución al considerar que “no se advierte impedimento alguno para que (Etchecolatz) permanezca en un establecimiento penitenciario recibiendo la atención médica necesaria”.

Transcurrida toda la tarde (y toda la noche), pasadas las 6 del sábado 17 se dispuso el operativo de traslado entre el abucheo de los vecinos –que se organizaron en el colectivo “Vecinos sin Genocidas”-. Así, las unidades partieron en dirección a la avenida Mario Bravo para emprender los más de 450 kilómetros de viaje hasta la cárcel de Ezeiza, donde Etchecolatz sigue cumpliendo su prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad.

Aldosivi Un nuevo ascenso, con campeonato incluido

Fueron diez los meses que Aldosivi pasó en la Primera B Nacional hasta su histórico regreso a Primera División. Fue en la lluviosa noche del 4 de mayo en el estadio de Arsenal de Sarandí, luego de ganarle por 3 a 1 a Almagro en el desempate por el ascenso. Con su victoria, además, el Tiburón se convirtió en el primer equipo marplatense en consagrarse campeón en el fútbol argentino profesional.

Tras el fatídico descenso en el Minella ante Olimpo de Bahía Blanca, Aldosivi comenzó un proceso de renovación bajo la conducción del último entrenador que había tenido en Primera, Walter Perazzo, con el claro objetivo de hacerse de la Primera B Nacional 2016/17 solo como impulso para llegar nuevamente al fútbol grande de Argentina.

Y así fue que llegaron jugadores de experiencia y jerarquía para conformar un plantel que lógicamente metió miedo en la segunda categoría, con nombres como Leandro Somoza, Fernando Telechea, Diego Villar, Sebastián Moyano, Emiliano Ellacópulos, Arnaldo González o Ezequiel Parnisari, que se sumaron a la base de referentes integrada por Ismael Quílez, Matías Vega, Franco Canever, Roberto Brum y Antonio Medina.

Con esos refuerzos, antes de comenzar el torneo, en el ambiente se le instaló automáticamente al equipo marplatense la chapa de candidato, y Aldosivi cumplió con resultados: terminó la primera mitad del torneo dentro de los puestos del reducido, aunque con un cambio de entrenador en el medio y la asunción de Gustavo Álvarez.

En el receso, al más que interesante equipo que había formado, se les sumaron dos refuerzos más de jerarquía: Maximiliano Velázquez, que venía de jugar la final de la Copa Libertadores, y Cristian Chávez, clave en la segunda parte del torneo, con sus bailes y desequilibrio que permanecen intactos en la Superliga.

Fecha a fecha, Aldosivi fue escalando en la tabla de posiciones al punto de disputarle mano a mano el ascenso a uno de los protagonistas del torneo: Atlético Rafaela. Sin embargo, en las fechas finales, la lucha por el campeonato y el primer ascenso fue cambiante, todos los candidatos perdieron puntos y todo finalizó con un empate infartante en el primer puesto entre el Tiburón y Almagro. Después, en el desempate, la historia conocida: el penal del Pitu González, el gol de Ellacópulos, la vaselina de Chávez y el festejo bajo la lluvia, en Sarandí, en el Puerto, en la Municipalidad y en el club por otra página dorada en la historia del fútbol marplatense.

Rigel El Puerto no cambia, los hundimientos se repiten y la lucha sigue en soledad

En la mañana del sábado 9 de junio se repetían las sensaciones de menos de un año atrás. El buque marplatense “Rigel” dejó de emitir señal al suroeste de Rawson y los fantasmas del Repunte volvieron a sobrevolar el Puerto marplatense. Un trabajador perdió la vida y ocho permanecen desaparecidos. Una muestra más de que en el Puerto los cambios tardan en llegar y las tragedias se repiten.

El buque de 50 años, como la mayoría de las naves del Puerto, pertenece a la firma Pesca Nueva S.A, había partido días antes de Mar del Plata tras la pesca de langostino y dejó de emitir señal en la madrugada, horas después de haber enviado el alerta del sistema de emergencia de posicionamiento global (EPIRB). Tras su desaparición, luego de 23 días de búsqueda, lograron localizar el casco hundido frente a las costas de Rawson, a 93 metros de profundidad.

Tras el hundimiento, solo fue hallado el cuerpo sin vida del capitán, Salvador Taliercio, pero los otros ocho tripulantes permanecen desaparecidos. Ellos son: Nahuel Navarrete, Cristian Osorio, Luciano Mieres, Rodrigo Blanco, Jonatan Amadeo, Rodrigo Sanita, Carlos Daniel Rodríguez y Fabián Rodríguez.

Faltaba una semana para el primer aniversario del hundimiento del Repunte, que marcó un antes y un después en este tipo de tragedias. Si bien desde ese caso las familias lograron hacer visible e impulsar la necesidad de transformación de la realidad portuaria, el tiempo pasado no fue suficiente para lograr los cambios estructurales necesarios en el Puerto. Gabriela Sánchez, cara visible de la multisectorial Ningún Hundimiento Más, le dijo más de una vez a QUÉ Digital: “Para el Rigel llegamos tarde”.

Mes a mes, marcha a marcha, Guillermina Godoy empezó a imponerse como la referente de los familiares del Rigel. Ella perdió a su hijo, Nahuel Navarrete, y por eso no descansa hasta poder tener respuestas, hasta que alguien le diga a ella y al resto de los familiares que finalmente bajarán los buzos a buscar los cuerpos de los tripulantes que se llevó la corrupción del Estado a través de Prefectura y la avaricia del empresariado, que se aprovecha de la necesidad de los marineros.

Cansados del silencio, la soledad y de las promesas incumplidas, a cinco meses del hundimiento los familiares del Rigel empezaron un acampe frente a la Iglesia Catedral para darle más visibilidad a su reclamo y, principalmente, para que el Estado contrate a los buzos y la tecnología que permita que bajen a buscar los cuerpos de los trabajadores desaparecidos.

Hoy, a seis meses del hundimiento, los familiares de las víctimas del Rigel continúan en la búsqueda de justicia y, unidos junto a las mujeres del Repunte y a quienes conformar la multisectorial Ningún Hundimiento Más, se mantienen en la lucha para que las condiciones de los trabajadores de los buques pesqueros cambien, para que realmente las tragedias no se repitan.

Aportantes truchos Escándalo, 28 marplatenses implicados y negación sin más explicaciones

En pleno invierno del 2018 estalló a nivel nacional el escándalo de los “aportantes truchos” en la última campaña electoral de Cambiemos a raíz de una investigación periodística. La repercusión no tardó en salpicar a Mar del Plata y el propio intendente Carlos Arroyo, como así también varios de sus funcionarios, aparecieron en el listado de aportantes de la contienda electoral del 2015. Todos negaron haber puesto dinero.

Entre los cientos de involucrados en todo el país, hay 28 nombres de marplatenses que figuran como aportantes, entre ellos Carlos Arroyo, funcionarios, concejales y consejeros escolares, como la propia presidenta del Consejo, Sofía Badié, la primera en salir a reconocer no haber realizado ningún aporte económico en campañas electorales, pese a aparecer en la lista oficial.

Entre los funcionarios marplatenses aparecieron Patricia Leniz, secretaria de Desarrollo Social, y Stella Maris Marinier, titular de Asuntos de la Comunidad. También los concejales Guillermo Arroyo, Patricia Serventich, Guillermo Sáenz Saralegui y Marcelo Carrara, además de otros vecinos de Mar del Plata y dos de Batán. Algunos jamás aclararon la situación. Los que sí hablaron del tema, negaron haber aportado dinero para la campaña. Incluso el propio intendente dijo no haber puesto “ni un centavo”.

En medio de una catarata de denuncias, María Eugenia Vidal y Mauricio Macri debieron salir a enfrentar el escándalo. “Doy la cara como lo he hecho siempre”, dijo la gobernadora y le pidió la renuncia a la titular de la Contaduría General de la Provincia. El presidente pidió “tener un poco de paciencia” hasta que avanzara la auditoría ordenada y reconoció que “falta transparencia” en el sistema electoral.

Poco después, el Gobierno presentó un proyecto de ley para regular el financiamiento de los partidos políticos, en el cual se propuso eliminar la posibilidad de hacer donaciones en efectivo, se promovieron sanciones para el clientelismo político y se incrementó la composición del cuerpo de auditores contadores de la Cámara Electoral.

En Mar del Plata los propios afectados, es decir aquellos que aparecían en el listado de aportantes, poco y nada volvieron a hablar del tema. Desde la oposición pidieron que Carlos Arroyo brindara explicaciones ante la Justicia. La polémica continuó hasta fines de agosto y algún concejal lo volvió a recordar en una sesión realizada después. La situación jamás quedó clara, quienes aparecieron en la lista solo negaron sin dar explicaciones y un gran interrogante quedó abierto: si los supuestos aportantes fueron “truchos” entonces, ¿quién puso el dinero para la campaña?

Neonazis Una banda condenada por incitar al odio, la discriminación y la violencia

“Los delitos perpetrados por los acusados incitan al odio, a la hostilidad, discriminación y violencia, todos sentimientos destructivos del orden social democrático”. Esa fue una de las consideraciones que los jueces del Tribunal Oral Federal hicieron en el marco del juicio a partir de los ataques neonazis y por lo que condenaron a seis jóvenes a penas de entre nueve y cuatro años de prisión, además de encontrar culpable a otro que al momento de los hechos era menor de edad.

Los jueces Mario Portella, Roberto Falcone y Bernardo Bibel los encontraron responsables de haber cometido en la ciudad una decena de ataques neonazis que incluyeron amenazas, golpes y pintadas entre 2013 y 2016.  En este marco, consideraron que esos hechos “han generado en nuestra ciudad un envenenamiento del clima social” y reflexionaron: “Los pueblos que no conocen su historia están obligados a repetirla”.

Los magistrados confirmaron que existía entre los jóvenes una organización “con una ideología totalitaria, violenta y racista”, y así condenaron a Alan Emanuel Olea y Gonzalo Salomón Paniagua a 9 años de prisión; a Nicolás Caputo a 8 años y seis meses; a Oleksandr Levchenko a 9 años y seis meses; a Franco Martín Pozas a 4 años y seis meses; a Giuliano Spagnolo a 5 años y seis meses; y a Marcos Caputo, a quien debido a su condición de menor al momento de perpetuar los ataques se le asignó un tratamiento tutelar de 2 años. Por su parte, el único absuelto fue Giordano Spagnolo.

La existencia o no de una organización criminal conformada para llevar adelante los diferentes ataques neonazis fue la clave central del juicio. Es que esa fue la principal diferencia surgida entre los integrantes del propio Ministerio Público Fiscal -los fiscales de instrucción y el de juicio-, algo quedó en evidencia a lo largo del debate con la postura sostenida por las querellas, contra lo que ratificó en su alegato el fiscal Juan Manuel Pettigiani, para quien, en los hechos juzgados “no operó hilo organizacional alguno” y por lo que había pedido sólo penas de hasta tres años de prisión.

“Independientemente de las consideraciones dogmáticas, lo más curioso de la exposición del señor fiscal es su afirmación en cuanto a que la existencia de un grupo con las características del aquí enjuiciado no afecta la tranquilidad social o la paz pública. Entendemos que, por el contrario, una organización que reivindica un ideario nazi fascista no puede menos que causar intranquilidad en una comunidad preocupada por el respeto de los valores”, establecieron los jueces.

En las puertas del Tribunal Oral Federal una importante cantidad de militantes de distintas organizaciones sociales y políticas celebraron las condenas. Entre quienes aguardaban el veredicto estaba Juan Martín Navarro, joven militante de la Asociación Marplatense de Derechos a la Igualdad (Amadi) que fue brutalmente golpeado en Moreno y Santa Fe por cinco personas que utilizaron caños de PVC rellenos con cemento para lastimarlo mientras lo insultaban. “Con todas las críticas que tengo hacia el sistema judicial, por primera vez se logra condenar a una asociación ilícita, a una banda neonazi”, expresó.

Cirque du Soleil El abismo y virtuosismo, por primera vez en Mar del Plata con el Sép7imo Día

Por primera vez en la historia, en agosto de 2018 la compañía Cirque du Soleil llegó a Mar del Plata con el show “Sép7imo Día - No descansaré”, donde la magia del circo se fusionó con la energía explosiva pop-rock de Soda Stereo. Un espectáculo que involucró a cada espectador a través del impacto sensorial y que buscó que todos formen parte de la experiencia gracias al gran despliegue de producción.

La nostalgia y potencia de la música de Soda Stereo fluyeron como una marea, marcando el pulso de las canciones más entrañables para abrir el juego -con un elenco de 33 artistas internacionales y tres argentinos- al espectáculo que sumergió al público a través de un recorrido visual de cuadros acrobáticos de precisión en donde conviven la técnica y el virtuosismo con momentos de belleza estética y colores vibrantes; todo acompañado por el reino musical de Soda Stereo como una báscula circense a la exploración.

La curiosidad que despertó la llegada del Cirque du Soleil por primera vez a la ciudad fue general y por eso QUÉ Digital se escabulló en los camarines del Estadio Polideportivo Islas Malvinas para conocer los detalles de un espectáculo que quedará como un hito en la historia marplatense. En “Sép7imo Día” se utilizaron 60 trajes con telas importadas y más de 900 elementos, incluyendo accesorios, pelucas y calzado. La compañía solo utiliza una marca de zapatillas y botinetas circenses, que son recubiertas con otro material para simular el calzado pop-rock que caracterizó a la década de los ‘80.

Todas las impresiones se inspiraron en el mundo de Soda Stereo: desde ropa que utilizó la banda hasta elementos de su discografía. “El vestuario está realizado en su mayoría en polyester, lo que permite sublimar las telas con diseños y patrones digitales. Esto hace que los colores sean más vibrantes y que los patrones sean más diversos”, confiaron desde la producción.

“Gracias por venir”, resonó la voz de Gustavo Cerati  en todo el estadio. Más de 25 mil personas se emocionaron y vibraron al ritmo del Cirque du Soleil, la compañía circense más importante del mundo que pisó fuerte y le dio calor en pleno invierno a la ciudad con ocho funciones y se despidió con la presencia de Charly Alberti, el baterista y miembro fundador de la legendaria banda que supo conquistar Latinoamérica.

Natalia Melmann El cuarto policía acusado por el crimen, absuelto 17 años después

Diecisiete años después del brutal crimen de Natalia Melmann -y tras el duro revés que sufrió la familia en 2017, cuando la Justicia le otorgó a los tres policías que asesinaron a la joven el beneficio de las salidas transitorias cada quince días-, en julio de 2018 se abrió un nuevo capítulo en la dolorosa y desesperada búsqueda de Justicia.

Pese a la expectativa y la espera, dado que el juicio se concretó diecisiete años después del hecho, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°4 -integrado por los jueces Juan Manuel Sueyro, Fabián Riquet y Jorge Peralta- absolvió a Ricardo Panadero, el cuarto policía acusado de participar del secuestro, violación y homicidio de la joven, ocurrido en 2001 en Miramar. Según expusieron los magistrados, al “no haberse acreditado la acusación fiscal” durante el debate -debido a la existencia de “múltiples contradicciones” y al no haberse podido comprobar que el ADN hallado en el cuerpo de Natalia fuera del policía- no se probó “su coautoría en los hechos”.

El de Natalia Melmann -que tras haber sido torturada y violada fue brutalmente asesinada en Miramar en 2001- fue uno de los crímenes más conmocionantes de la época. En octubre de 2002 los policías Oscar Echenique, Ricardo Anselmini y Ricardo Suárez fueron condenados a perpetua al ser considerados “coautores de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, abuso sexual agravado y homicidio triplemente calificado por ensañamiento, alevosía y en concurso de dos o más personas para asegurar el resultado”.

En aquel proceso no estuvo el cuarto policía acusado, Ricardo Panadero, ya que la Justicia lo sobreseyó previamente. Sin embargo, luego la Suprema Corte de Justicia bonaerense dejó sin efecto aquella resolución y finalmente, y tras numerosas idas y vueltas judiciales, el año pasado la fiscal Ana María Caro -a partir de haber recolectado nueva prueba- solicitó la elevación a juicio de la causa, pedido que fue autorizado por la Justicia de Garantías y tras el que se desarrolló, en mayo de 2018, el debate que terminó con la absolución del policía, en medio de un fuerte operativo en Tribunales y con algunos incidentes.

Pero para la familia de Natalia Melmann, el 2018 no solo estuvo marcado por el dolor y la bronca tras la absolución de Panadero, sino también por la lucha, la unidad, y un aprendizaje tan duro como necesario: pese a las adversidades, siempre quedan fuerzas para seguir batallando.

Luego del revés de 2017 -cuando la Cámara de Apelaciones autorizó las salidas transitorias para los tres condenados Echenique, Anselmini y Suárez-, a mediados de 2018 el beneficio fue revocado tras una resolución del Tribunal de Casación en la que se advirtió la existencia de algún tipo de “indicio de peligrosidad” en relación a los policías. Sin embargo, el mismo día en el que en Argentina se concretaba un paro de mujeres contra la violencia machista y la justicia patriarcal -el 5 de diciembre de 2018- una nueva resolución dejó sin efecto aquella anulación, lo que generó un gran malestar.

Concretamente, los jueces Javier Mendoza y Walter Dominella de la Cámara de Apelación decidieron dejar sin efecto lo resuelto por el juez de Ejecución Penal -que había suspendido preventivamente la ejecución del régimen de salidas - al considerar que los condenados por el asesinato de Natalia Melmann deben seguir gozando del beneficio, a la espera de lo que resuelva la Suprema Corte en torno al recurso extraordinario presentado por la defensa.

Docentes municipales El duro revés del Concejo a Arroyo, Mourelle y Distéfano

Celebré con un litro de champán cuando me enteré que Mourelle y Distéfano iban a ser interpelados”, dijo el intendente Carlos Arroyo cuando el Concejo Deliberante citó a sus secretarios de Hacienda y Educación ante la polémica por la quita de las bonificaciones especiales que cobran los docentes municipales. Pese al brindis, los funcionarios expusieron por seis horas en el recinto pero delante de ellos los concejales ganaron la pulseada y restituyeron lo que el intendente quiso anular por decreto y también con un veto.

De un día para el otro el gobierno quiso borrar un derecho del que hace más de 20 años gozan los maestros del ámbito municipal. Paro, protestas, marchas, escraches y cruces de declaraciones. “Yo milagros no hago, la fábrica de hacer dinero no tengo, la máquina tampoco”, dijo Arroyo cuando le reclamaban que diera marcha atrás con el decreto que eliminaba las bonificaciones.

Sin vuelta atrás en un comienzo, el conflicto por este recorte quedó envuelto en el otro gran conflicto con el que Arroyo cerró el 2018: la pelea con el Sindicato de Trabajadores Municipales por la negociación paritaria, en la que también inicialmente se pidió por la restitución de estas bonificaciones.

El 4 de diciembre Mourelle y Distéfano fueron seis horas al Concejo Deliberante a defender el recorte a los maestros, en un recinto colmado de municipales y en una sesión atravesada por chicanas políticas. El hijo del intendente, Guillermo Arroyo, fue uno de los pocos defensores de la quita y a viva voz le pidieron que renuncie junto a su padre.

El revés fue duro. Todos los concejales votaron y por mayoría (17 votos positivos y 7 negativos), ya sin Mourelle y Distéfano en el recinto -se fueron antes anticipando la votación desfavorable para la postura del Ejecutivo- el Concejo Deliberante defendió y restituyó la bonificación especial docente que Carlos Arroyo intentó eliminar primero por decreto y luego con un veto.

Enojado por perder la pulseada y luego de ponerse especialmente nervioso ante la exposición del concejal radical Mario Rodríguez, el secretario de Hacienda salió de la sesión diciendo que ésta había sido “nula” e “ilegal” y que los concejales actuaron “antirreglamentariamente” y “en contra de los vecinos”. Desde Acción Marplatense pidieron que los titulares de Hacienda y Educación renunciaran a su cargo.

Arroyo no volvió a hablar del tema y los funcionarios tampoco. En una sesión histórica, donde dos de los principales funcionarios del gabinete de Cambiemos fueron interpelados, la mayoría de los concejales (oficialistas y opositores) entendió que el recorte no debió hacerse. Como desde 1989, los docentes municipales siguen cobrando estas bonificaciones especiales y en lugar de brindis con champán, hubo luego una tensa reunión a puertas cerradas sin motivos para celebrar.

Caso Gianelli Anulación de la absolución y expectativa por un nuevo juicio contra la docente Analía Schwartz

En lo que fue una resolución muy celebrada por las familias denunciantes, el Tribunal de Casación Penal anuló en marzo de 2018 el fallo que un año atrás había absuelto a la docente de música Analía Schwartz, acusada por los delitos de corrupción de menores agravada por ser cometida por una persona encargada de la educación y abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser cometido por una persona encargada de la educación en concurso real. En ese marco, se ordenó la realización de un nuevo juicio.

La resolución fue parcial ya que si bien los jueces de la Sala V del Tribunal de Casación Jorge Hugo Celesia y Fernando Luis María Mancini anularon la absolución para la mayoría de los casos, en tres de ellos la confirmaron. De todas formas, los familiares de los niños y niñas que concurrían a los jardines de infantes de los colegios Gianelli y Fleming entre 2012 y 2013 destacaron el hecho de que los magistrados tuvieran en cuenta y valoraran el relato de los menores.

Es que, en su resolución, los jueces consideraron que al momento de dar su veredicto y sentencia, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 -compuesto por Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas- “complejizó los hechos de manera de justificar la imposibilidad de realizarlos (…) sin exponer los motivos que le permitieron alcanzar dicha conclusión”. Por ese motivo, advirtieron que bajo esas condiciones la sentencia “resulta infundada y no constituye una derivación razonada del derecho vigente”.

En ese marco, se enfocaron en cuestionar, entre otros aspectos, que en la sentencia absolutoria el Tribunal hubiera establecido la “imposibilidad de que los hechos se produjeran y no fueran advertidos”. Así plantearon una definición de “delito imposible”, y enfatizaron que “la circunstancia de que un ilícito pueda ocurrir en un lugar determinado que en base a cuestiones de lógica y sentido común no luzca como adecuado para el logro del fin propuesto, no convierte al hecho en uno de imposible producción”.

El 16 de mayo de 2017 -y luego de casi tres meses de debate-, los jueces Urso, Carnevale y Viñas absolvieron a la docente de música Analía Schwartz, quien había llegado al debate imputada por 9 casos de abuso sexual infantil y 6 de corrupción de menores contra nenes de entre 3 y 5 años cuando eran alumnos de los colegios Fleming y Gianelli entre 2012 y 2013.

En ese entonces, el Tribunal marplatense -el mismo que en 2018 fue foco de cuestionamientos tras la sentencia en la que los imputados por el crimen de la adolescente Lucía Pérez resultaron absueltos de los cargos de abuso sexual y femicidio- criticó el desempeño acusatorio del fiscal Fernando Castro, cuestionó duramente a la perito oficial a cargo de las cámaras gesell y sustentó su decisión en la inexistencia de indicios físicos probatorios de los abusos sexuales denunciados.

Crisis en educación Problemas edilicios, recortes, marchas y tomas: “La educación pública no se vende, se defiende”

Hace tiempo que el ciclo lectivo comienza con paro de actividades, con desacuerdos entre docentes y el gobierno por el salario y múltiples reclamos por las condiciones edilicias. Y este año no fue la excepción a la regla. La intervención del Consejo Escolar y la toma estudiantil del edificio fueron, con el correr del año, un reflejo de la desidia que denunciaron docentes y estudiantes en cada paro, corte de calle, olla popular, festival p movilización que tuvieron lugar durante nueve meses del ciclo lectivo.

Una de las discusiones que caracterizó el ciclo lectivo 2018 fue la negociación paritaria entre los gremios docentes y el gobierno, tanto a nivel provincial como nacional. Tras 20 reuniones,  11 propuestas y numerosos paros y protestas, los trabajadores bonaerenses de la educación solo consiguieron cerrar la paritaria 2018 con un 32% de incremento más un bono extraordinario de $7000 para activos y $3500 para pasivos. Y el ajuste llegó también a los trabajadores universitarios que finalmente aceptaron la propuesta anunciada por el gobierno nacional, que otorgó aumentos -según la categoría- de entre el 24 y 26%. Todo esto, mientras la inflación oficial anual proyectada se ubica por encima del 45%.

Por fuera de la cuestión salarial, en Mar del Plata el año escolar comenzó con algunos tropiezos y pese a que todo parecía transcurrir en el marco de la ya usual conflictividad hasta las vacaciones de invierno, al volver del receso la situación edilicia se complicó: hubo más de 700 escuelas en la provincia con pérdidas de gas, problemas de caldera,  techos precarios y salones inundados luego de algunas lluvias. El clima se tensó aún más cuando en una escuela en Moreno fallecieron dos trabajadores -Sandra y Rubén- tras una explosión. Como consecuencia, en Mar del Plata llegó a haber más de 20 escuelas sin actividad.

“Ordenar y revisar la situación en la que se encuentran las empresas proveedoras de transporte, de infraestructura y del servicio alimentario”, fue la directiva del gobierno provincial, que comenzó en abril la intervención del Consejo Escolar para normalizar irregularidades. Sin embargo, lejos de la transparencia, lo que salieron fueron los trapitos al sol: se licitó el servicio de transporte escolar; hubo dos interventores y ambos renunciaron; y se cambió la concesión del Servicio Alimentario Escolar (SAE), pero ante el desabastecimiento y las denuncias por el mal estado o lo escaso de los alimentos, el gobierno tuvo que volver a llamar a los antiguos proveedores.

¿El resultado? El edificio del Consejo fue tomado por estudiantes en reclamo de un plan de obras, dada la emergencia edilicia. Al término de 18 días de toma, el director de Consejos Escolares de la Provincia de Buenos Aires, Marcelo Di Mario, -que terminó al frente de la intervención- le acercó a los estudiantes un plan de obras para atender distintos reclamos en materia de infraestructura escolar. Así fue que llegó septiembre y en el Día del Estudiante la comisión de seguimiento estudiantil denunció que las obras no se estaban realizando como se había acordado y que en el área Infraestructura reinaban los desaires. La situación edilicia continúa en estado de emergencia y la pregunta es ¿cómo van a funcionar las escuelas durante el próximo año?

Los recortes en el presupuesto destinado para educación y la modificación de los programas de los institutos de formación docente también se replicaron en Mar del Plata. Las marchas multitudinarias, los festivales artísticos y las tomas estudiantiles en once terciarios y siete facultades de la Universidad Nacional en Mar del Plata (UNMdP) quedaron resumidas en un grito mancomunado durante el 2018: “La educación pública no se vende, se defiende”.

Licencias truchas Catorce años de prisión para Belmonte y penas de entre 4 y 11 años para el resto de la banda

Pasaron más de cuatro años desde que el escándalo por la tramitación ilegal de las licencias de conducir -luego popularizada como la causa de las “licencias truchas”- salió a la luz en Mar del Plata, tras una serie de allanamientos y luego de las 25 detenciones de quienes fueron acusados de llevar a cabo el negocio ilegal en el Distrito Descentralizado El Gaucho.

En ese marco, tras el avance del expediente judicial y luego de dos meses de juicio, en julio de 2018 el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº2 de Mar del Plata encontró culpables a todos los imputados -en total diez llegaron al debate, el resto acordaron a lo largo del tiempo su pena en un juicio abreviado o la suspensión del juicio a prueba- al dar por acreditado que formaban parte de una asociación ilícita.

En concreto, el TOC N°2 condenó a 14 años de prisión y ordenó detener a Juan Carlos Belmonte por ser el jefe de la asociación ilícita, quien era el titular del área Licencias de Conducir, en tanto al resto de los imputados -Alberto Carlos Zelaschi, Luis Alberto Belmonte, Viviana Beatriz Pared, Fernando Eduardo Peña, Leda Raquel Araya, Verónica Noemí Benedetti, Raúl Ernesto Hernández, Sabrina Ayelén Soria, Ester Carolina Bonfini- les impuso penas de 4 a 11 años de prisión. Por su parte, el actor Federico Bal -quien había llegado al juicio por haber tramitado su carnet de manera irregular-  fue absuelto.

La resolución de los jueces Néstor Conti, Alexis Simaz y Roberto Falcone fue en sintonía con lo que había solicitado el representante del Ministerio Público Fiscal, Marcos Pagella y de esta manera, todos los funcionarios y empleados municipales que llegaron al juicio fueron condenados, además de Bonfini, una gestora que no era parte de la planta municipal y quien en medio del debate fue detenida, ya que a Justicia le revocó la excarcelación al comprobarse que continuaba realizando maniobras de falsificación de documentación vinculada con la obtención de licencias y trámites automotores en otras jurisdicciones.

La causa conocida como “licencias truchas” tomó estado público en 2014 a partir de los allanamientos en El Gaucho -donde se encuentra la sede de la división Licencias de Conducir- y en distintos domicilios particulares de 25 de los acusados, en el marco de una investigación que comenzó en la Fiscalía de Delitos Económicos y luego continuó a cargo de la propia Fiscalía General.

Desde allí salieron a la luz miles y miles -al menos 7 mil- de licencias tramitadas de manera irregular, se sucedieron cruces y acusaciones políticas, fueron abiertas diversas causas judiciales de manera paralela a la inicial que no presentaron mayores avances, y el escándalo tuvo su cara más cruda a partir de los siniestros viales fatales provocados por personas que tramitaron su licencia de manera irregular y que, en algunos casos, ni siquiera estaban en condiciones físicas de manejar.

El accionar de la banda era muy simple: a cambio de dinero o por “favores” personales hacían que las personas que iban a tramitar o renovar sus licencias de conducir no tuvieran que pasar por todas las pruebas o estudios correspondientes, ya fuera el examen teórico, el práctico o el psicofísico, y de esa manera “agilizaban” la entrega de los carnets, que en su formato físico eran legales pero en su naturaleza eran truchos, porque no se habían hecho los exámenes excluyentes. La extensa investigación contó con una gran cantidad de prueba documental, entre la que aparecieron escuchas telefónicas entre los acusados y “clientes” a quienes les otorgaban la licencia, en algunos casos, pese a no estar condiciones de conducir.

Basural Colapso, incertidumbre al límite y un conflicto que olió mal

La basura ha sido un problema repetido en los 36 meses que Carlos Arroyo lleva en el gobierno, pero fue tal vez en el comienzo del 2018 cuando el basural expuso su situación más crítica con el histórico y evitable colapso del predio y la insólita demora para definir quién se haría cargo, incertidumbre que se tensó hasta el límite y que administrativamente se completó nueve meses más tarde.

Mientras en enero el país miraba a Mar del Plata a través de los medios nacionales por las playas y el turismo, en la ciudad se vivió el conflicto más álgido con la basura y el basural: entre cientos de personas que -todavía- revuelven la basura desparramada para subsistir, la falta de obras que debían ejecutarse hizo que el predio redujera su vida útil y colapsara, mientras en simultáneo vencía la concesión de la empresa Tecsan.

Los concejales recorrieron el predio y desde Acción Marplatense impulsaron una denuncia penal contra el Municipio, mientras el intendente Carlos Arroyo acusaba a la prensa de “mentir” sobre la situación del basural cuando el predio se encontraba bloqueado por los recuperadores informales y la basura maloliente se acumulaba en las calles al rayo del sol en plena temporada.

Ante el silencio y la falta de resoluciones del gobierno local para salir del conflicto y en medio de varios pedidos para interpelar a Eduardo Leitao (Emsur) y Hernán Mourelle (Hacienda) que no se materializaron, la Provincia debió intervenir a instancias del Ministerio de Trabajo para sacar del problema a Arroyo, acordando la extensión del contrato de Tecsan junto a unos 50 trabajadores nucleados en la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra).

Luego de meses de sistemáticas prórrogas del Ejecutivo municipal a la empresa Tecsan, recién a mediados de junio el gobierno firmó un contrato de $14 millones mensuales con la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), empresa de capitales públicos y privados que inmediatamente subcontrató a Tecsan dejando afuera gran parte del aspecto social para resolver la situación de extrema vulnerabilidad de quienes continúan subsistiendo de la basura entre la marginalidad y la contaminación.

Dicho acuerdo pasó en tramos por el Concejo Deliberante donde, polémica mediante y con dudas que jamás fueron saldadas, terminó convalidándose recién en el mes de septiembre ya con las primeras obras postergadas en marcha para ampliar la capacidad para la disposición de los residuos de los vecinos de Mar del Plata y Batán.

Rancho Móvil Cabañas sin autorización y en medio de la Reserva Forestal

La Reserva Forestal Paseo Costanero Sur abarca gran parte del camino costero entre Mar del Plata y Miramar. A mitad de camino, una asociación civil llamada Rancho Móvil, tiene un permiso para estacionar casas rodantes a cambio de preservar el espacio de una Unidad Turística Fiscal de la Reserva. Sin embargo, en el lugar se instalaron cabañas, sin autorización municipal y por fuera de la normativa.

Indignación de vecinos, la denuncia de la Asamblea por Espacios Públicos y muchas cabañas, que en un principio eran tres, pero luego se fueron multiplicando ante la evidente falta de controles al espacio municipal cedido. En ese marco, una de las particularidades en torno a este caso fue que una de construcciones, hoy desarmada, pertenecía al concejal Santiago Bonifatti, quien desde que surgió la polémica nunca dio explicaciones.

Producto de la información publicada en QUÉ Digital y una presentación formal de la Asamblea en el Concejo Deliberante, el concejal Mario Rodríguez (UCR) se hizo eco de la situación y elevó un pedido de informes para que el Ente Municipal de Turismo, a cargo de Gabriela Magnoler, se expida al respecto. El pedido, tras idas y vueltas finalmente se aprobó en el Concejo por unanimidad y el ente deberá responder con el expediente en mano.

La información sobre las actuaciones del Emtur, hasta el día de hoy no es clara. Frente a la denuncia por la no conservación del espacio al incumplir con los incisos de la ordenanza que le otorga el espacio, pero sobre todo ante el insólito emplazamiento de cabañas, en tres meses de conocida la situación, Magnoler sólo se limitó a decir ante las consultas de este medio que las cabañas no estaban autorizadas: tres meses en los que no se sabe siquiera si el ente actuó en consecuencia.

Entre tanto, aprobado el pedido de informes e incluso tras la confirmación del secretario de Obras, Guillermo de Paz, acerca del estado de infracción de las cabañas, uno de los puntos que los concejales comenzarán a plantear a Magnoler, antes de conocer fehacientemente las actuaciones del Municipio, es  la posibilidad concreta de que la Asociación pierda el permiso de uso precario que dispone para estacionar casas rodantes sobre el acantilado.

Mientras tanto, los asociados del Rancho Móvil siguen emplazando sus cabañas con vista al mar y entre los árboles de la Reserva Forestal Paseo Costanero Sur: sin pagar canon, sin tener una concesión y sin tener autorización.