Caso Gianelli: de cara al nuevo juicio, las familias piden “respeto y empatía”
El segundo debate contra la docente acusada por abuso sexual infantil se llevará a cabo a partir del 17 de octubre a puertas cerradas.
A pocas semanas de que se inicie el nuevo juicio en el que se volverá a juzgar a la docente de música Analía Schwartz acusada por abuso sexual infantil en dos jardines de infantes de Mar del Plata, las familias de los niños y niñas pidieron “respeto, coherencia y empatía” de cara el nuevo proceso que se llevará a cabo a partir del 17 de octubre, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 y a puertas cerradas.
Las familias, identificadas como padres protectores de sobrevivientes de abuso sexual infantil de los colegios Gianelli y Fleming, emitieron un comunicado para cuestionar lo que entendieron es un “intento de amedrentar y avasallar los derechos” de sus hijos e hijas y para cuestionar a la abogada defensora de la docente, Patricia Perelló, a partir de recientes declaraciones públicas en las que anunció la realización de una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En ella busca que se evalúe -y en todo caso se sancione- la responsabilidad del Estado argentino por “violación de derechos humanos” en el caso de su defendida al tener que ser juzgada por segunda oportunidad tras las decisiones del Tribunal de Casación, la Suprema Corte bonaerense y la Corte Suprema de la Nación.
Fue en marzo de 2018 cuando la sala quinta de Casación bonaerense decidió anular la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 -compuesto por entonces por los jueces Pablo Viñas, Facundo Gómez Urso y Aldo Carnevale- dictada en mayo de 2017 cuando se realizó el primer debate y ordenó la realización de un nuevo juicio en torno a la mayoría de los casos, ya que sólo para tres de ellos los magistrados confirmaron la absolución de la docente.
Pese al paso de los años, ese nuevo juicio se realizará a partir del 17 de octubre, ahora a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°2, encabezado por los jueces Néstor Conti, Alexis Simaz y Roberto Falcone.
“Estamos totalmente consternados por el despliegue de una especie de show mediático realizado por la defensa de la imputada buscando generar una supuesta empatía en los televidentes y lectores, posicionando a su defendida, como la víctima de una injusticia que le cambió la vida para siempre y por la que según sus dichos perdiera la vida su padre, su empleo, y su vocación”, cuestionaron en el comunicado las familias y repararon en que desde su lugar han decidido “permanecer mayormente en silencio resguardando la psiquis de nuestros niños”.
En ese punto, las familias valoraron la decisión de los jueces de resolver la realización del juicio a puertas cerradas, teniendo en cuenta que se trata de víctimas menores de edad, a partir de un pedido coincidente entre sus abogados y la nueva fiscal a cargo del caso, Florencia Salas (en reemplazo de los anteriores Fernando Castro y Oscar Deniro).
Asimismo, sostuvieron: “Reafirmamos que las víctimas son nuestros hijas e hijos que entre el 2012 y 2013 cuando contaban con tres, cuatro y cinco años fueron abusados sexualmente y corrompidos en su inocencia por una docente de música en el ámbito escolar”.
Y dijeron “no estar dispuestas a que se avasallen sus derechos, como en el 2017 donde no se los escuchó, donde un tribunal parcial y subjetivo dictó un fallo deplorable viciado y al que un Tribunal Superior anuló fundadamente por arbitrario”. También, de cara al nuevo debate, plantearon que no permitirán que “se repitan situaciones tales como que la asesora de menores no estuviera presente ni una sola vez en la sala de juicio, ni que no se notificara a los padres sobre el desistimiento efectuado por el fiscal anterior de niños que no contaban con abogados, dejándolos al margen y en un estado de vulnerabilidad e indefensión”.
En ese contexto, las familias pidieron “a los medios de comunicación y de la sociedad en general respeto, coherencia y empatía”.
Cuando en 2018 el Tribunal de Casación anuló la sentencia que absolvió a la docente basó buena parte de su resolución en el hecho de que el tribunal del juicio estableció la “imposibilidad de que los hechos se produjeran y no fueran advertidos” y plantearon una definición de “delito imposible”, para afirmar que “la circunstancia de que un ilícito pueda ocurrir en un lugar determinado que en base a cuestiones de lógica y sentido común no luzca como adecuado para el logro del fin propuesto, no convierte al hecho en uno de imposible producción”. Y sostuvieron que en ese caso “lo que variará es la posibilidad de acreditar (o no) su producción en base a la prueba que pueda colectarse”.
Schwartz enfrentará este segundo juicio bajo la acusación de corrupción de menores agravada y abuso sexual gravemente ultrajante agravado en concurso real, en relación a 31 casos.
