Coronavirus y cárceles: jueces denuncian “presiones y agresiones injustificadas”
Desde el Colegio de Magistrados bonaerenses se refirieron a la “acuciante situación carcelaria” y señalaron que las unidades “son potenciales focos de contagio a una tasa muy alta”.
Las condiciones en las que se encuentran hace años las cárceles bonaerenses -similares a las de todo el país- llevó a que semanas atrás el Tribunal de Casación Penal ordenara otorgar prisión domiciliaria a aquellos detenidos de más de 65 años o con patologías que los incluyen en grupos de riesgo ante el posible contagio del coronavirus. A partir de allí el debate social al respecto fue en crecimiento, y en ese marco desde el Colegio de Magistrados de la Provincia se refirieron a la “acuciante situación” que se presenta en las unidades, cuestionaron a otros sectores del Estado por esa realidad y denunciaron recibir “muchas presiones” y “agresiones injustificadas”. “Las medidas de descompresión del sistema son, también, maneras de proteger a la sociedad”, afirmaron.
A través de un comunicado emitido este lunes por la noche, el colegio que nuclea a los magistrados bonaerenses recordó que ya a fines del año pasado, antes de la aparición del coronavirus en el país, los jueces penales de toda la Provincia se reunieron en la Suprema Corte “para analizar la situación de las cárceles y comisarías, que habían llegado a albergar 50.000 detenidas/os para 24.000 plazas”, luego de protestas y huelgas de hambre que se extendieron a diversos penales, entre ellos el de Batán.
“La pandemia de coronavirus agrava de manera acelerada problemas, como la acuciante situación carcelaria de la provincia de Buenos Aires, que fueron incrementándose a lo largo del tiempo, pero que ahora requieren de medidas de reversión urgentes”, plantearon, en ese sentido.
De este modo, si bien sostuvieron que inicialmente expusieron que “las eventuales medidas legislativas de desprisionalización deben resultar muy prudentes y no pueden incluir a homicidas, violadores ni a cualquier condenada/o o procesada/o por delitos graves”, fundamentalmente remarcaron que “garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos es una tarea de los magistrados delegada por la sociedad a través de las leyes”.
En este sentido, cargaron contra comentarios que plantean la existencia de una “puerta giratoria” y subrayaron que en la Provincia existe “actualmente una tasa de prisionalización un 50% más elevada que el promedio nacional”.
“Por eso tenemos que intervenir para resolver problemas que no hemos creado: los magistrados no hacemos las leyes; las cárceles no dependen de nosotros; no definimos los presupuestos ni los recursos sanitarios, infraestructurales ni de higiene para enfrentar la pandemia en los penales; no compramos las tobilleras electrónicas, no manejamos el Patronato de Liberados ni a la policía”, cuestionaron en otro tramo del escrito.
Y así sostuvieron estar “trabajando incansablemente” y denunciaron que ello se realizar “con pocos medios, con muchas presiones y recibiendo agresiones injustificadas”.
Finalmente, afirmaron que en el marco de una pandemia de esta gravedad, “las cárceles son potenciales focos de contagio a una tasa muy alta, por el hacinamiento“. Y remarcaron: “Este es un problema social que excede los ámbitos penitenciarios y judiciales: si se produce un foco allí, la demanda de atención también repercutirá en el mismo sistema de salud con el que cuenta el resto de la sociedad. Por eso las medidas de descompresión del sistema son, también, maneras de proteger a la sociedad“.
