El cordobés que entró a Mar del Plata con covid-19 hará donaciones a organismos de Salud
Esa fue la medida dispuesta por la Justicia al resolver el caso con una “probation”. Las sumas de $75 mil y $50 mil irán a la Secretaría de Salud y a los hospitales.
El joven de 25 años que en junio de 2020, en pleno primer brote de la pandemia de coronavirus, llegó desde Córdoba a Mar del Plata falseando su documentación para eludir los controles por entonces vigentes y que además dio positivo en covid-19 deberá afrontar al igual que un amigo -de quien eran los documentos utilizados- el pago de $75 mil y $50 mil para la Secretaría de Salud municipal y para la cooperadora de los dos hospitales de la ciudad en el marco de la suspensión del juicio a prueba –probation– acordada para el cierre de la causa penal tramitada por los delitos de falsedad ideológica y violación de medidas de propagación de epidemia.
El caso generó revuelo y mucha repercusión en Mar del Plata y hasta motivó el lanzamiento de un protocolo para no residentes para endurecer los controles que en esa época de la pandemia se realizaban con retenes en los acceso a Mar del Plata. Es que el joven burló todos los controles sanitarios a lo largo de mil kilómetros para encontrarse con su novia en la ciudad, donde además dio positivo en covid-19 en el hisopado que debió realizarse por protocolo al ingresar.
A casi dos años del hecho, y tras la investigación judicial llevada adelante en la cual en mayo del año pasado se había dispuesto su elevación a juicio, esta semana el juez del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata Fernando Machado Pelloni dispuso hacer lugar a la suspensión del juicio a prueba –probation– por el lapso de un año que fue acordada entre las defensas de dos acusados -el joven que ingresó a la ciudad y su amigo que le prestó los documentos utilizados- y el fiscal general Juan Manuel Pettigiani.
De esta manera, los dos jóvenes evitarán una condena en su contra y, a cambio, deberán cumplimentar diversos puntos de la probation: realizarán tareas comunitarias en Córdoba, uno en una escuela y otro en una fundación; deberán pagar cada uno $75 mil en concepto de “reparación del daño” a la Secretaría de Salud municipal -en tres cuotas mensuales-; tendrán que entregar el auto en el que se desplazó el joven hasta la ciudad a la misma dependencia; y abonar $50 mil en concepto de “donación” a la Cooperadora de Hospitales de Mar del Plata -también en tres cuotas-.
Tras cumplir esas medidas y al cabo de un año en caso de no registrar ningún tipo de conflicto con la ley, los dos jóvenes serán sobreseídos del proceso abierto en su contra por los delitos de falsedad ideológica y violación de medidas de propagación de epidemia.
En la resolución, a la que accedió Qué digital, el juez Machado Pelloni dispuso comunicar al intendente Guillermo Montenegro el monto y el auto que recibirá la Secretaría de Salud.
Asimismo, el magistrado explicó que a la hora de fijar el pago en cuotas de las sumas estipuladas tuvo en cuenta la situación actual de los dos jóvenes, que no poseen trabajo estable, se encuentran estudiando y son sostenidos económicamente por sus familias.
De acuerdo a lo acreditado en la causa, el principal acusado llegó a Mar del Plata por la Ruta 226 el 20 de junio de 2020. En el último control, como en los anteriores, presentó la documentación del vehículo en que viajaba en regla y una declaración jurada excepcional para la circulación de emergencia sanitaria, donde constaba que se dirigía a la ciudad a cuidar a una mujer mayor.
En ese marco, y teniendo en cuenta también una polémica que estuvo presente por entonces con respecto al funcionamiento de los retenes, en el control de ingreso a Mar del Plata le dijeron que era obligación un aislamiento de 14 días o un hisopado para determinar la presencia o no de coronavirus, y ya que optó por esta última alternativa, lo escoltaron hasta un laboratorio privado. Cuando se conoció que había arrojado resultado positivo en covid-19, lo llamaron de inmediato. Pero el teléfono lo respondió el dueño de esa identidad, que no estaba en Mar del Plata sino en Córdoba, por lo que se inició una investigación a cargo de la Fiscalía Federal N°1, encabezada por Laura Mazzaferri, donde terminó por quedar al descubierto toda la situación.
La investigadora concluyó que a partir de las conductas del joven, que estaban de por sí restringidas por las autoridades sanitarias de control, “se expuso a terceros a un riesgo -sin dudas- evitable”. Y planteó: “Se suma a ello, el dispendio de recursos humanos y materiales desembolsados por la administración pública –consecuentemente por parte de los contribuyentes- con el objeto de dar respuestas oportunas a las secuelas derivadas del accionar ilícito”.
