El represor que salió al supermercado y violó su arresto domiciliario en Mar del Plata
Luis Ángel Firpo es juzgado actualmente por un Tribunal de la localidad de San Martín. La fiscalía pidió que se le revoque el beneficio.
Domingo pasadas las 19. Luis Ángel Firpo -ex jefe de la Central Contrainteligencia y jefe de la División Seguridad del Batallón de Inteligencia 601- sale de su casa, se sube a un auto y se dirige a un supermercado ubicado a algunas cuadras. Al rato, sale con un carrito del comercio y carga las bolsas en el auto que lo traslada y en el que se desplaza como acompañante. Acaba de hacer las compras con total tranquilidad, mientras debe cumplir prisión domiciliaria: desde 2019 es juzgado por delitos de lesa humanidad en el departamento judicial de San Martín y participa de las audiencias vía teleconferencia.
La salida de Firpo a hacer las compras desde su casa de Brandsen al 4600 hasta el supermercado de Chaco al 500 quedó registrada en fotos de un equipo de Qué digital. Y este jueves, en la continuidad del juicio que se encuentra en el tramo de alegatos, la auxiliar fiscal Gabriela Sosti presentó ante el Tribunal Oral Federal N° 4 de San Martín -compuesto por Esteban Rodríguez Eggers, Claudia Morgese Martín y Matias Mancini- las imágenes del domingo junto a otras tomadas este miércoles cuando Firpo se encontraba afuera de su casa.
La fiscal sostuvo que Firpo no cuenta con ningún tipo de permiso para realizar una salida al supermercado y remarcó que podría tratarse de una “modalidad sistemática”. Así, además de pedir que se acredite la identidad de quien conducía el auto y acompañaba al acusado durante su salida, solicitó que se le revoque el beneficio, a lo cual adhirieron todas las querellas. “Se naturaliza que los imputados que tienen un beneficio excepcional traicionen la confianza que nuevamente deposita el Estado con la morigeración”, expuso.
Ahora deberán ser los jueces quienes durante el transcurso de la audiencia de este jueves resuelvan el pedido, al cual se opuso la defensa oficial de Firpo pese a reconocer lo “reprochable” del quebrantamiento de la prisión domiciliaria. Asimismo, confirmó que quien lo llevó al supermercado fue su propio hijo.
De acuerdo a lo informado por laretaguardia.com.ar, que sigue de manera pormenorizada el juicio, hasta hace algunas semanas de Firpo no había siquiera fotos públicas: quien lo buscara por internet sólo encontraba imágenes blanco y negro de otro Luis Ángel Firpo, el Toro Salvaje de las Pampas, boxeador argentino protagonista en 1923 de lo que se conoció como la pelea del siglo. Recién se le pudo tomar una cuando debió asistir, aunque de manera virtual, al inicio de los alegatos de la fiscal Gabriela Sosti. Desde entonces, cada jueves se conecta desde su casa de Mar del Plata.
Firpo es uno de los once ex integrantes de los servicios de inteligencia del Ejército que son juzgados en el debate denominado “Contraofensiva montonera”, que aborda crímenes de lesa humanidad cometidos contra 94 víctimas entre 1979 y 1980.
El juicio comenzó en marzo de 2019 y actualmente se encuentra la etapa de alegatos a cargo de la fiscalía bajo la acusación de delitos como privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios.
Según lo informado por fiscales.gob.ar, a los agentes incriminados se los acusa de haber reunido información relativa a presuntos grupos u organizaciones “subversivas”, procesarla, proporcionarla y difundirla a sus superiores y subalternos, para la ejecución del plan de represión implementado por el gobierno militar hacia las personas que formaron parte del operativo denominado “Contraofensiva montonera”, nombre que se le dio a la convocatoria que realizó, desde el exilio, la dirigencia de esa agrupación a militantes que estaban en diferentes países con el fin de volver a la Argentina para realizar acciones en contra de la dictadura militar.
La acusación da cuenta que el operativo ejecutado por el Ejército apuntó en contra de 94 víctimas, de las cuales 70 permanecen aún desaparecidas y 12 fueron asesinadas en el acto de la intervención militar, o bien sus cuerpos fueron entregados o aparecieron sin vida meses después. La mayoría de las víctimas secuestradas fueron llevadas al centro de detención Campo de Mayo, en donde fueron torturadas y mantenidas en la clandestinidad.
