Espionaje ilegal: procesaron al ex titular de la AFI marplatense junto a Arribas y Majdalani
El titular del Juzgado Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, procesó a Nicolás Iuspa Benítez, quien además de espionaje ilegal está acusado de destruir documentos probatorios.
El titular del Juzgado Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, procesó a la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri por espionaje ilegal llevado adelante al menos desde 2016 contra organizaciones sociales, familiares de víctimas de hundimientos, gremios y opositores políticos en toda la Provincia de Buenos Aires el marco del “Proyecto AMBA”. Además de los ex funcionarios Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, también procesó al ex jefe de la base de la AFI de Mar del Plata, Nicolás Iuspa Benítez, por haber llevado adelante las tareas motivo de acusación, pero también por haber destruido parte del material probatorio durante su gestión.
Además de Arribas, Majdalani e Iuspa Benínez, Ramos Padilla procesó este miércoles a otros ocho integrantes de la AFI, entre ellos titulares de las “Bases AMBA” y coordinadores, y dictó embargos por 20 millones de pesos y la imposibilidad de salir del país para el ex titular de la AFI marplatense junto a otros dos colegas.
Cabe recordar que esta causa que se tramita en el Juzgado Federal de Dolores se encuentra en vinculación con la investigación iniciada meses atrás en la Justicia Federal de Mar del Plata tras la denuncia de la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, por el espionaje ilegal a familiares del ARA San Juan, el Rigel y el Repunte. En ese marco, el juez Santiago Inchausti remitió la causa para que se incorpore a la tramitada por Ramos Padilla por entender que comparten el mismo objeto procesal, aunque el fiscal Daniel Adler se opuso a ello por lo que está pendiente que la Cámara de Apelaciones defina dónde se continuará tramitando esa causa paralela.
El llamado “Proyecto AMBA” de la AFI consistió en la instalación de seis bases de inteligencia en el conurbano bonaerense, en las zonas de Ezeiza, San Martín, Haedo (Morón), Pilar, La Matanza y Quilmes desde mediados de 2016, a las que se sumaron también las delegaciones históricas con asiento en las ciudades de La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, que pasaron a depender de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires y conformaron la estructura de inteligencia de la AFI durante el año 2017.
En la resolución, Padilla reservó un importante papel a la Base Mar del Plata de la Agencia Federal de Inteligencia, una de esas nueve que el gobierno de Cambiemos colocó en la Provincia de Buenos Aires para llevar adelante tareas que supuestamente estaban enfocadas en delitos federales o que pusieran en “peligro la seguridad interior o la defensa nacional” pero que, según el material probatorio de la causa, se habría llevado adelante contra la población civil y con fines políticos.
En lo que respecta a la Base Mar del Plata, su por entonces titular, Nicolás Iuspa Benítez, se desempeñaba en la AFI desde 1997 y, tras el lanzamiento del Proyecto AMBA de la AFI era la autoridad máxima de la Delegación Provincial Mar del Plata, de acuerdo a los datos que constan en la resolución.
Según se desprende del procesamiento dictado este miércoles en una resolución de más de 900 páginas, Benítez, además de responder a las órdenes de inteligencia de Arribas y Majdalani y remitir partes detallados de numerosas manifestaciones sociales de Mar del Plata pero también de la zona, habría destruido documentos confiados a su custodia “correspondientes al período comprendido entre el mes de diciembre del año 2015 y enero del 2020, sin poder justificar legalmente dicho accionar ilícito”. Y la resolución pone de manifiesto que además de no dejar un acta en la que conste la destrucción de los archivos, el propio Iuspa “manifestó que ello se debió a que recibió una orden telefónica que cumplió en soledad”.
En la resolución constan numerosos partes informativos que para el juez se trataba en parte de síntesis informativas derivadas de la prensa pero también a partir de espionaje directo, lo que lo enlaza al accionar del resto de las bases. “La utilización de métodos de espionaje directo e intrusivo no puede descartarse en ningún caso, de acuerdo a las lógicas sistemáticas y programáticas de inteligencia prohibida que asumieron las nueve delegaciones provinciales, incluidas aquellas asentadas en La Plata, Bahía Blanca y Mar del Plata”.
El juez sostuvo que a lo largo de la resolución describió “numerosas maniobras de inteligencia delictivas llevadas adelante desde la Agencia Federal de Inteligencia en perjuicio de cientos de ciudadanos por el mero hecho de su pertenencia a organizaciones políticas, sindicales, sociales o comunitarias” y que “las acciones ilegales aquí investigadas obedecieron a un plan organizado y ordenado por las más altas autoridades nacionales, que se valió de una de las áreas más sensibles del gobierno para atender de manera ilegal sus intereses políticos”.
Asimismo, sostiene que “se ha podido acreditar la existencia de órdenes directas emanadas desde las máximas autoridades de esa cartera con el objeto de relevar un mapa de todas las actividades políticas de la provincia más densamente poblada del país. Para ello se produjeron y almacenaron una innumerable cantidad de documentos a partir de la infiltración en manifestaciones públicas, la compulsa de redes sociales, la participación encubierta en reuniones políticas y el acceso a bases de datos de acceso restringido”.
Además, en el marco de las tareas llevadas adelante por las bases, el juez afirma que para la confección de ese “mapa político” opositor para el que se valieron las tareas de la AFI, se identificaron “con nombre y apellido los referentes de todos los niveles de la oposición política en la provincia”, para lo cual además “se produjo y almacenó información personal de cientos de ciudadanos que pertenecían a esas organizaciones, entre ellos, nombres completos, números de DNI, fotografías, edades, domicilios personales y laborales, CUIL, abonados telefónicos, perfiles de redes sociales, correos electrónicos, titularidades de vehículos, entre otros datos sensibles. En algunos casos, el relevamiento alcanzó, incluso, a los familiares de los damnificados”.
Parte de esos relevamientos, además, se perdieron dado a que en la Base Mar del Plata se destruyeron archivos de la actividad de esa base, los cuales debieron ser reconstruidos a partir de los documentos hallados en otras de las bases del Proyecto que hacían alusión a lo desarrollado en Mar del Plata. Es por eso que, en la resolución, además del procesamiento junto a la cúpula de la AFI “por realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de coautores”, también se procesó a Benítez, por la “destrucción de documentos confiados a su custodia”.
