Espionaje: la Cámara de Mar del Plata rechazó la recusación del juez impulsada por Macri
Los camaristas confirmaron al juez Martín Bava al frente del proceso judicial por espionaje a familiares de víctimas de hundimientos que enfrenta el expresidente, quien debe declarar este jueves.
La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó este miércoles al juez subrogante de Dolores, Martín Bava, al frente de la causa judicial en la que se investiga el espionaje ilegal realizado en la ciudad contra familiares de hundimientos como el submarino ARA San Juan, Rigel y el Repunte. Lo hizo al rechazar un planteo de recusación que había presentado el expresidente Mauricio Macri, quien este jueves deberá prestar declaración indagatoria ante el magistrado que ahora fue confirmado en su puesto.
La semana pasada Mauricio Macri faltó por segunda vez a una citación para prestar declaración indagatoria en el marco de la causa que comenzó a investigarse en Mar del Plata y luego se transfirió a Dolores y en ese contexto hizo un planteo de recusación para intentar apartar al juez Bava del caso. El magistrado rechazó esa recusación y volvió a estipular una nueva fecha para la indagatoria: este jueves 28 de octubre.
A menos de 24 horas de la citación, este miércoles la Cámara Federal de Mar del Plata resolvió la apelación presentada por el abogado defensor del Macri, Pablo Lanusse, y confirmó al juez Bava al frente del caso al descartar que los motivos esgrimidos por la defensa del expresidente constituyeran causales suficientes para apartar al magistrado.
En una resolución de 16 páginas, los jueces marplatenses Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez resolvieron no hacer lugar al pedido de recusación del juez subrogante del Juzgado Federal de Primera Instancia de Dolores aunque, de todas maneras, le pidieron que “modere” sus formas de expresión en las resoluciones.
La defensa de Macri acus “imparcialidad” del juez por entender que con expresiones vertidas en la resolución en la que citó a indagatoria al expresidente y procesó a otros acusados el magistrados manifestó “un interés personal que lo coloca en situación de prejuzgamiento” por frases como “este accionar no puede ser admisible y es deber del Poder Judicial sancionar, no solo por imperativo legal, sino como garantía de no repetición de estas prácticas aberrantes”.
Los camaristas de Mar del Plata plantearon en algunos casos que las frases cuestionadas fueron emitidas en los procesamientos de los otros acusados y no en los argumentos que derivaron en la citación de Macri y en otros consideraron que no revisten motivo de apartamento.
“El estilo que impregna el decreto judicial cuestionado e invocado como justificativo de la causal de prejuzgamiento, no es suficiente por sí solo como para acceder a la recusación solicitada, ni tampoco considerarlo como motivo de un fundado y objetivo temor de parcialidad, máxime cuando aquellas consideraciones efectuadas por el Juez de grado en el marco de una investigación referida se vinculan con otros imputados en el expediente principal”, concluyeron.
De todas maneras, le pidieron al juez que teniendo en cuenta la trascendencia y sensibilidad que reviste el caso que “en lo sucesivo guarde la mesura y adecuada compostura al resolver causas judiciales, en particular cuando ellas detentan repercusión social, evitando así incurrir en expresiones de aquella naturaleza como las advertidas en la resolución en estudio, sorteando así la posible generación de equívocos que lleven a planteos generadores de innecesarios dispendios jurisdiccionales”.
“Es deber de los jueces no solo tener, sino demostrar a través de sus actos, la contundente objetividad e imparcialidad que debe existir en toda decisión que rige la actividad jurisdiccional, impidiendo de tal modo que sus pronunciamientos puedan generar en los justiciables un fundado temor de parcialidad, o ausencia de ecuanimidad y rectitud en el cumplimiento de su función, y que no se encuentre ella sino sólo inspirada en la recta administración de justicia, que se exhiba despojada de cualquier injerencia extraña a tales postulados”, expusieron.
LA CAUSA
La causa en la que se investiga el accionar de la AFI contra familiares de hundimientos se inició cuando la actual interventora del organismo, Cristina Caamaño, presentó en septiembre del año pasado ante la Fiscalía Federal Nº2 de Mar del Plata una extensa denuncia basada en documentos encontrados en discos externos de la AFI, cuando se buscaba documentación para otra causa de espionaje conocida como “Proyecto AMBA”.
Esos archivos encontrados dieron cuenta de un espionaje ilegal desarrollado contra familiares de tripulantes del ARA San Juan en 2018 en Mar del Plata, y también contra familias de tripulantes del buque pesquero Rigel y del Repunte.
Tras el paso de la causa al Juzgado Federal de Dolores, que es subrogado por Martín Bava, desde julio se produjeron distintas declaraciones indagatorias, entre ellas las de la cúpula de la AFI: Gustavo Arribas, Silvia Majdalani y Nicolás Iuspa Benítez -ex jefe de la base de la AFI de Mar del Plata-, entre otros, quienes ya fueron procesados por el juez.
Al expresidente Macri se le imputa en la causa que “por lo menos en el período comprendido entre el mes de diciembre del año 2017 y finales del año 2018 ha ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias, consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos”.
