La Cueva: ordenan una inspección y no realizar cambios en el ex centro clandestino
El Juzgado Federal N°1 dictó una medida cautelar de “no innovar” tras la preocupación mostrada por distintos organismos de derechos humanos.
Después de la advertencia realizada meses atrás por organismos de derechos humanos de Mar del Plata por posibles modificaciones en las instalaciones del ex radar de la Base Aérea, donde funcionó el centro clandestino de detención conocido como La Cueva, el Juzgado Federal N°1 dictó una medida cautelar de “no innovar” para preservar el espacio y que no se realicen obras de infraestructura ni cambios. También ordenó la realización de una nueva inspección para verificar las actuales condiciones del lugar.
La resolución fue tomada por el titular del Juzgado Federal N°1, Santiago Inchausti, en los últimos días tras habilitar la feria judicial de invierno para el tratamiento de un requerimiento que había sido elevado por las dos fiscalías federales de Mar del Plata en el marco de una presentación que habían efectuado en marzo diversos organismos de derechos humanos y mientras siguen en marcha distintas investigaciones en torno al ex centro clandestino.
El juez dispuso hacer lugar a la medida cautelar de “no innovar” sobre el predio y las instalaciones del ex radar de la Base Aérea local, donde funcionó La Cueva “con el objeto de impedir la realización de cualquier obra, mejora, puesta en valor, que altere, modifique, produzca algún cambio tanto en su estrucutra y/o fachada exterior como así también en el interior de las instalaciones, hasta tanto se realice la inspección judicial debiendo solicitar autorización judicial previa frente a cualquier necesidad de obra”.
Para ello, el juez ordenó notificar a la Base Aérea Militar de Mar del Plata y al Ministerio de Defensa de la Nación.
Además, y en sintonía con los pedido por los fiscales Santiago Eyherabide, y Laura Mazzaferri, Inchausti dispuso la realización de una inspección judicial y reconocimiento del predio y de las instalaciones, con fecha y hora a confirmar, y también solicitó a la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de la Memoria, dependiente de la Secretaría de los Derechos Humanos de la Nación, que informe si se han llevado a cabo tareas de preservación o de recuperación del predio y, en ese caso, quiénes son las entidades que intervienen y los actos administrativos que se llevaron a cano.
En su resolución, el juez destacó “la importancia de los sitios y documentos históricos de los lugares donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, como parte de la lucha contra la impunidad y la recuperación de la memoria; sobresaliendo la necesidad de conservar todo material probatorio que pueda contribuir al conocimiento de la verdad”.
El pedido había sido fue elevado semanas atrás por los fiscales a partir de una presentación realizada en marzo por representantes de distintos organismos de derechos humanos como la organización de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas; el Colectivo Faro de la Memoria; Abuelas de Plaza de Mayo; Comisión Abierta Memoria, Universidad y Sociedad (Camus) y la Asociación ex detenidos de Mar del Plata en el que advirtieron por posibles modificaciones en las instalaciones.
El espacio, ubicado a más de 1500 metros de la entrada a la Base Aérea de Mar del Plata sobre la Ruta 2, funcionó como centro de detención clandestino desde fines de 1975 y en 1976 fue cedido por la Fuerza Aérea a la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601 (AADA 601) que a su vez estaba a cargo de la Subzona militar 15. Su nombre, La Cueva, fue impuesto debido a que se trata de una construcción subterránea sobre la que se erigía un viejo radar.
De acuerdo a las constancias judiciales, más de 200 víctimas pasaron por ese lugar, a las que se alojaba directamente allí o se trasladaba de manera transitoria y eran sometidas a toda clase de torturas físicas, psíquicas y morales, con el propósito de obtener información o de quebrar sus voluntades.
