Abuso en el camping: a ocho meses, la elección de un juicio por jurados
Los abogados de los tres imputados pidieron formalmente que un jurado popular juzgue a sus defendidos para “evitar cualquier tipo de presión”. Se realizará recién el próximo año.
A ocho meses del caso que generó un fuerte impacto por el abuso de una adolescente de 14 años en el camping “El Durazno” de Miramar durante los festejos de Año Nuevo, el caso se encamina a definirse en un juicio por jurados. Es que esa fue la opción elegida por los tres jóvenes, para los cuales la fiscalía requirió la elevación a juicio. A la espera de la formalización de esa elevación a juicio, las defensas de los tres jóvenes -que no se opusieron al pedido- mantienen la postura de la inocencia de los acusados y afirman que la elección de jurados populares para que definan el caso se sustenta, entre otros puntos, en que los ciudadanos que sean elegidos “no tienen ningún tipo de presión“.
Desde abril pasado los tres jóvenes que permanecen imputados en el marco del proceso iniciado el 1° de enero -Lucas Pitman, Tomás Jaime y Juan Cruz Villalba- se encuentran bajo el sistema de arresto domiciliario mientras sigue adelante el proceso en su contra, en el que están acusados por “abuso sexual con acceso carnal agravado”. Semanas atrás la instrucción a cargo de la fiscalía encabezada por Florencia Salas fue cerrada y así se requirió a la Justicia de Garantías la elevación a juicio de la causa.
En ese marco, durante esta semana los tres abogados defensores de los acusados Mauricio Varela, Martín Bernat y Marcelo Jiménez resolvieron no presentar una oposición al pedido del fiscal -para solicitar, por ejemplo, el sobreseimiento de los imputados- por lo que la causa quedó encaminada a que el juez Saúl Errandonea la eleve a juicio por “simple decreto” a partir de la inexistencia de oposición al planteo.
“Nosotros en esta misma instancia ya aceptamos expresamente el juicio por jurados. Lo que marca la Constitución Nacional y el Código Procesal es que todos los juicios criminales que son de determinada pena deben ir a un juicio por jurados; la excepción es si los imputados expresan manifiestamente que quieren un juez técnico”, explicó en diálogo con QUÉ Digital el abogado Martín Bernat, que representa en el caso a Tomás Jaime, por lo que entendió que con este paso dado en esta instancia la causa quedó en condiciones de ser elevada directamente a un juicio por jurados.
Para que al debate se le imponga una fecha -será recién el año que viene- previamente debe llevarse adelante -tras la formalización por parte del juez Errandonea de la elevación a juicio- el sorteo del Tribunal Oral en lo Criminal que quedará a cargo del caso y luego, internamente, ese tribunal debe sortear el juez que encabezará el debate con los jurados populares, que son los encargados de definir si los imputados son culpables o no culpables bajo alguno de los delitos o calificaciones propuestas. Luego es el juez interviniente el que, en caso de haber una condena, impone el monto de pena a cumplir.
¿Por qué un juicio por jurados? El abogado Bernat explicó que la decisión final fue de los jóvenes imputados. Y argumentó: “La presión social es tan fuerte para los grupos y operadores del poder judicial, llámese jueces, que entendemos que el juicio por jurados, que son miembros de la sociedad que no tienen ningún tipo de presión política ni social ni profesional, van a estar más libres al momento de dictar el veredicto de inocencia que un juez técnico”. Es que los abogados defensores, que desde el inicio del caso sostienen la inocencia de sus defendidos, consideran que “al ver la prueba del caso simplemente la lógica los absolvería” . “Es un caso muy claro, la prueba es clara“, sostuvo Bernat.
EL CASO
El hecho se produjo durante la madrugada del martes 1° de enero en el camping “El Durazno” de Miramar, hasta donde llegó la policía alrededor de las 7 de la mañana advertida por la situación. Allí la familia de la víctima expuso que una menor de 14 años había sido abusada sexualmente en el interior de una carpa -ubicada a unos 40 metros de distancia de la suya- y en ese contexto los cinco señalados como autores del hecho fueron identificados y demorados. A partir de la intervención de la fiscal Florencia Salas se dispuso el traslado de la menor a la sede de la Comisaría de la Mujer y de los cinco demorados -que luego quedarían formalmente detenidos- a una sede policial.
En febrero pasado las partes tuvieron acceso al informe de comparación de ADN realizado en La Pampa el cual arrojó compatibilidad con uno de los tres jóvenes detenidos, Lucas Pitman, y no de los otros dos, Tomás Jaime y Juan Cruz Villalba, ni de Roberto Costa y Mariano Díaz. Estos dos últimos habían sido liberados semanas después a partir de que la víctima no reconoció en su declaración que ambos hubieran formado parte del hecho, por lo que finalmente la fiscalía terminó por solicitar su sobreseimiento.
Asimismo, en el examen se halló material genético de otro joven que no fue acusado en el marco de la investigación, que tenía una relación previa con la adolescente y que declaró como testigo haber mantenido relaciones sexuales con la menor antes del hecho.
Al momento de sus declaraciones indagatorias ante la fiscal, Pitman había reconocido haber tenido relaciones sexuales pero había sostenido que habían sido “consentidas” y Jaime había afirmado haber mantenido sexo oral. “No aparece ningún dato genético de Jaime y eso es compatible con lo que había declarado”, afirmó en su momento su abogado. Por su parte, desde la fiscalía consideraron que esos resultados no modificaron “en nada” la acusación: “Solo vienen a confirmar la hipótesis fiscal con la presencia de material genético de uno de los detenidos y el no hallazgo de los otros dos en nada descarta la participación de los mismos en esta práctica sexual”.
En abril pasado Pitman, Jaime y Villalba dejaron la Unidad Penal de Batán ya que la Justicia de Garantías les otorgó el arresto domiciliario. La decisión del juez Saúl Errandonea fue tomada luego de un pedido que habían formulado los abogados defensores después de que la Cámara de Apelación y Garantías revocara una excarcelación extraordinaria que había sido concedida previamente a los tres jóvenes pero que nunca había llegado a hacerse efectiva.
