Abuso en el camping: los argumentos de Casación para anular el juicio por jurados
Los jueces hicieron foco en la falta de intervención de una representante de la Asesoría de Menores durante la declaración de la víctima.
La negativa a que una representante de la Asesoría de Menores e Incapaces participara y acompañara a la víctima en su declaración brindada ante el jurado popular y cada una de las partes fue el argumento central tomado por el Tribunal de Casación bonaerense para dictar la nulidad del juicio por jurados en el que se declaró “no culpables” a los tres jóvenes acusados de haber abusado sexualmente de una menor de 14 años en el camping “El Durazno” de Miramar durante los festejos de Año Nuevo en 2019 y ordenar la realización de un nuevo juicio, también bajo la modalidad de jurado popular.
El 17 de septiembre se conoció el veredicto del juicio en torno a los hechos sucedidos en el camping de Miramar durante el 1° de enero de 2019 y en el que los tres jóvenes que llegaron acusados, Lucas Pitman, Tomás Jaime y Juan Cruz Villalba, fueron declarados “no culpables” por la votación del jurado popular.
EL CAMINO HACIA LA DECISIÓN DE CASACIÓN
Si bien un juicio de esas características implica que ni la fiscalía ni el particular damnificado pueden recurrir la decisión adoptada, de todas maneras el abogado de la familia de la víctima, Maximiliano Orsini, presentó a las pocas semanas ante el juez Fabián Riquert -del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 y quien coordinó el juicio- un pedido de nulidad de todo el juicio por jurados al plantear, por un lado, cuestionamientos al desarrollo del debate y, por otro, al requerir la declaración de inconstitucionalidad en torno a la realización de un juicio por jurados para casos de abuso sexual con víctimas menores de edad.
En esa primera presentación el abogado Orsini argumentó que no se contó durante el debate con la intervención necesaria de la Asesoría de Menores, que la declaración de la víctima se produjo en un estado de “indefención” y que pese a que se había ordenado una limitación probatoria en torno a garantizar la intimidad de la víctima para no revictimizarla los defensores se apartaron de esas instrucciones y, justamente, en sus intervenciones hicieron foco en ello.
Algunos días después, el juez Fabián Riquert, rechazó el pedido de declarar inconstitucional el juicio por jurados aunque no se expidió en torno al pedido de nulidad del debate, cuestión que ratificó, por considerarla “inadmisible”, algunos días después ante la insistencia del particular damnificado.
El juez Riquert
Así, el 18 de octubre, el juez rechazó un recurso presentado por el abogado para llegar al Tribunal de Casación, lo cual motivó que finalmente recurriera con un “recurso de queja” al máximo tribunal penal bonaerense y así fue que finalmente este jueves la sala tercera, compuesta por los jueces Víctor Violini y Ricardo Borinsky, abordó el caso y resolvió anular el juicio por jurados y ordenar la realización de uno nuevo, con otro jurado popular.
LOS FUNDAMENTOS
Los jueces de Casación se apoyaron en uno de los argumentos expuestos por el abogado de la familia de la víctima para tomar la decisión de anular el juicio: la falta de intervención de una representante de la Asesoría de Menores durante el juicio y, fundamentalmente, el momento en que la víctima prestó declaración ante preguntas de todas las partes, entre ellos los abogados defensores de los tres acusados.
Para eso los jueces reseñaron diversas normativas que justamente disponen ello como la Ley Orgánica del Ministerio Público -14.442- que establece en uno de sus artículos los deberes y atribuciones del Asesor de Incapaces, entre ellos “intervenir en todo asunto judicial o extrajudicial que interese a la persona o bienes de los incapaces, cuando las leyes lo dispongan, so pena de nulidad de todo acto o proceso que tuviere lugar sin su participación, sin perjuicio de la responsabilidad de quienes – por acción u omisión- la hubieren impedido” y “asistir al incapaz en toda audiencia ante los jueces de la causa, cuanto de cualquier otro magistrado que requiera su comparendo”.
“Como acertadamente lo marcan los recurrentes, en el caso ventilado, dicha asistencia no pudo efectivizarse, toda vez que el Tribunal negó la intervención de la Asesora de Incapaces en el debate”, enfatizó el juez Violini en su voto y también hizo referencia a postulados de la Convención sobre Derechos del Niño respecto a la obligación de atender al “interés superior del niño”.
“Sin lugar a dudas, llevan razón los peticionantes cuando sostienen que, en el caso de autos, la decisión del Tribunal de negar intervención a la Asesora de Incapaces en el acto de declaración de la menor en el debate oral, ha supuesto un claro avasallamiento a los derechos reconocidos a la joven víctima a contar con la asistencia especializada”, afirmó el magistrado y reseñó que la Suprema Corte de Justicia en una resolución de 2019 “reconoce la intervención necesaria del Asesor de Incapaces en todo proceso donde se investigue la presunta comisión de delitos contra la integridad sexual que tuvieran como víctima a una persona menor de edad, con capacidad restringida o incapacidad”.
“La negada intervención de la Asesora de Incapaces, entonces, quien fue relegada de su rol de representante de los derechos de la menor víctima a la de una mera espectadora del juicio en la que la joven fue interrogada sin asistencia alguna, supone una violación del debido proceso que conduce necesariamente a la nulidad del juicio”, concluyó el juez Violini, a lo que adhirió su par Borinsky.
LOS CUESTIONAMIENTOS DE LA FAMILIA
En el recurso de queja que finalmente terminó resolviendo Casación, el abogado Orsini en representación de la familia de la víctima afirmó que la sentencia dictada resultaba “violatoria de la garantía constitucional de acceso a la justicia y debido proceso en tanto cercena el derecho de la víctima menor de edad a la revisión de un fallo adverso a sus intereses, particularmente cuando el mismo se deriva de un debate viciado de nulidad”.
El abogado Orsini
En ese sentido, puntualizó que la declaración testimonial que la víctima prestó en el juicio fue realizada “sin la intervención necesaria de la Asesora de Menores e Incapaces, lo que torna nulo el debate y el veredicto dictado a consecuencia, constatándose un estado de grave indefensión de la menor”.
Asimismo, el abogado enfatizó que pese a la reiterada solicitud de que participara “la Asesora de Menores e Incapaces fue excluida del debate, relegada al rol de mera ‘observadora'”. “Esa decisión colocó a la niña en un estado de vulnerabilidad“, expuso y remarcó que “se vio sometida al interrogatorio de las defensas sin control de una psicóloga especialista en abuso sexual, tal como lo marca la norma procesal”.
También, el abogado cuestionó “incumplimiento de las instrucciones impartidas por el juez técnico respecto a la prohibición de ventilar cuestiones atinentes a la vida sexual de la víctima con anterioridad y posterioridad a los hechos investigados para garantir su derecho a la intimidad” y argumentó que “tanto los peritos de parte como las defensas impusieron estereotipos de género que terminaron perjudicando a la víctima”.
