ARA San Juan: la causa de espionaje ilegal fue remitida al juez Ramos Padilla
Hasta el momento, la causa era llevada adelante por la Justicia Federal de Mar del Plata. Entienden que el espionaje es parte de la causa investigada en el Juzgado Federal de Dolores.
La causa que investiga el presunto espionaje ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia(AFI) contra familiares de víctimas de hundimientos como el Rigel y el ARA San Juan, la cual estaba a cargo de la justicia federal de Mar del Plata, fue remitida al Juzgado Federal de Dolores. Para el juez Santiago Inchausti, la causa debe unirse a la que ya está en curso en el juzgado a cargo de Alejo Ramos Padilla y que apunta principalmente contra la cúpula de la AFI.
Según publicó la agencia nacional de noticias Télam, la decisión se basa en que las actividades de espionaje ilegal desarrolladas por la AFI y denunciadas por su actual interventora, Cristina Caamaño, se habrían desarrollado desde las bases de la Agencia en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En el expediente, Inchausti sostiene que “la presente causa es un desprendimiento sin decisión judicial de aquella que tramita ante el Juzgado Federal de Dolores, pues integra su objeto procesal”, y que además, a pesar de hallarse los documentos en el marco de su causa “se inició una causa nueva para tramitar ante esa misma sede”.
De esta manera, Ramos Padilla pasaría a tener bajo su poder otra de las causas que investigan el espionaje ilegal llevado adelante durante el gobierno de Mauricio Macri. En este caso, el magistrado ya tenía bajo su poder aquella que investiga el espionaje político ilegal que habría llevado adelante la AFI en el marco de una operación denominada “Proyecto AMBA” destinada a investigar delitos federales como narcotráfico o trata de personas.
En ella, los principales apuntados son la cúpula de la AFI durante el macrismo, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, quienes a su vez recientemente fueron llamados a declaración indagatoria en una causa paralela impulsada desde la Justicia Federal con jurisdicción en Lomas de Zamora, por supuesto espionaje a figuras políticas oficialistas, opositoras e incluso a referentes políticos privados de su libertad.
Tal como publicó semanas atrás la agencia de noticias Télam, las seis bases de la AFI del Proyecto AMBA no habrían funcionado tras los objetivos propuestos sino que “en la práctica se utilizaron casi exclusivamente para realizar espionaje interno de tipo político“, a lo cual ahora se le sumaría el espionaje contra familiares de víctimas de hundimientos.
Además, se trata del mismo juez que tiene a su cargo la causa de espionaje ilegal y extorsión que habrían sido llevadas adelante desde el ámbito judicial, donde dispuso el procesamiento para el supuesto abogado Marcelo D’Alessio, el fiscal Carlos Stornelli y el periodista Daniel Santoro, entre otros.
La causa de espionaje contra familiares de víctimas de hundimientos se inició espionaje ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia cuando Caamaño presentó ante el que consideraba como el juzgado indicado, una extensa denuncia basada en documentos encontrados en discos externos de la AFI, cuando en realidad se encontraban tras la búsqueda de documentación de la causa de las bases del AMBA. Esos archivos encontrados hacían presuponer que se espió ilegalmente a familiares de tripulantes del ARA San Juan, pero también a familias de tripulantes del buque pesquero Rigel.
En el marco de esa instrucción llegada adelante por Daniel Adler, titular de la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata, ya se habían tomado declaraciones testimoniales a familiares de los submarinistas y a referentes de las familias vinculadas a los hundimientos portuarios como Guillermina Godoy.
A partir de la presentación judicial, se solicitaba la citación a indagatoria del jefe de la Delegación Mar del Plata de ese entonces; del ex director de Reunión Interior; de la ex subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani; del ex director general del organismo, Gustavo Arribas, y del ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, “en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política Política de Inteligencia Nacional (art. 12, ley 25.520)”.
