ARA San Juan: teléfonos pinchados, mails hackeados y “terrorismo psicológico”
La querella de los familiares a cargo de la abogada Valeria Carreras se presentó ante la fiscalía, declaró en calidad de testigo en la causa por espionaje ilegal y brindó detalles de las denuncias previas.
La denuncia de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, no hizo más que confirmar lo que los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan sospechaban y denunciaban desde hace dos años atrás: alguien los estaba siguiendo. Ese alguien, según consta en la denuncia de Caamaño fue el propio Estado, a través de maniobras ilegales que empezaron a ser investigadas por la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata. En las últimas horas, la abogada Valeria Carreras se presentó en calidad de querellante ante el fiscal Daniel Adler, brindó detalles de las denuncias previas de los familiares y además declaró como testigo por haber sido una de las espiadas.
“Hoy podemos decir que el Estado dejó de ser enemigo de las víctimas”, reza un comunicado difundido en las últimas horas tras haber prestado declaración testimonial ante la fiscalía. Además de exponer su experiencia propia como una de las espiadas por la AFI, presentó las denuncias de teléfonos pinchados, intentos de hackeo a mails -incluso de uno de los tripulantes- y “terrorismo psicológico” contra una de las viudas, causas que previamente habían iniciado junto a la querella.
Hacía tiempo que las familias se sentían perseguidas. Concretamente desde abril de 2018, cuando hicieron la primera denuncia ante el juez federal Daniel Rafecas en los tribunales de Comodoro Py por teléfonos pinchados. El temor llegó a tal punto que cuando les pidieron los celulares a las viudas para realizarles peritajes, se negaron a cederlos: “No los quisieron entregar por desconfianza y tenían razón”, contó Carreras en diálogo con Qué digital.
Algo similar le ocurrió a la otra abogada querellante Lorena Arias, cuando dos meses después entrevistó a un testigo en Caleta Olivia y sintió que las preguntas “no eran sorpresivas”, como si ya supieran qué les iba a preguntar, lo cual motivó la presentación de una nueva denuncia.
La tercera denuncia realizada en 2018 y que también fue sumada a la causa actual, fue en diciembre cuando denunciaron no sólo el intento de hackeo de las cuentas de correo electrónico de familiares, sino incluso a la cuenta de un tripulante. “Esa causa sigue y se amplió en febrero de este año”, añadió.
Además, Carreras destacó que antes de esta denuncia de Caamaño habían sido la única querella que realizó presentaciones ante el juez Federico Villena del Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, quien en primer término tenía a su cargo la causa por presunto espionaje ilegal del gobierno de Mauricio Macri contra dirigentes políticos, empresarios y gremialistas.
LOS PEDIDOS DE LA QUERELLA A LA FISCALÍA
En primer término, desde la querella de Carreras solicitaron que se pida a la AFI el relevamiento de todos los archivos del área, en búsqueda específica de más pruebas de espionaje contra los familiares de los 44 tripulantes, teniendo en cuenta que los discos externos que motivaron la denuncia de Caamaño fueron encontrados “de casualidad”, en la búsqueda de material de prueba para otra causa. De la misma manera, pidieron que se busquen más evidencias en el departamento de inteligencia del Ministerio de Defensa.
Otro de los pedidos de la querella apunta a los teléfonos celulares de los tripulantes: según contó Carreras a este medio, las familias buscan conocer quién dio la orden a las empresas de telefonía para dejar fuera de servicio a los celulares de los 44 submarinistas, los cuales dejaron de funcionar sorpresivamente en marzo de 2018.
Por último, la querella también impulsó un pedido para conocer quién fue el encargado de elaborar un “comunicado humillante, aberrante y violatorio de los derechos personales” de una de las viudas. Se trata de una respuesta de la Armada a un video que se había viralizado de una de las víctimas, en la que se hacían críticas al rol de la fuerza. El comunicado había sido brindado a los medios por parte del vocero Enrique Balbi y en el mismo se exponían datos de la vida privada de la mujer.
“Esto lo hicieron como parte de un mecanismo que usaba la dictadura para adoctrinar y disciplinar al resto, entonces nadie pudo salir ni a defenderla ni a reclamar nada. Es terrorismo psicológico”, manifestó Carreras.
En los próximos días, como parte de nuevas medidas de prueba ordenadas por el fiscal Adler, se les tomará declaración a otras dos víctimas del espionaje de la AFI macrista, familiares de los submarinistas.
