Caso Fernández Garello: la CPM irá a la Corte tras “un fallo vergonzoso”
La Comisión Provincia por la Memoria repudió la decisión de Casación de anular el procesamiento por delitos de lesa humanidad del fiscal general.
Luego de que la Cámara Federal de Casación resolviera la semana pasada anular el procesamiento del fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, en el marco de la causa por delitos de lesa humanidad que ya había sido elevada a juicio, la Comisión Provincia por la Memoria (CMP) -organismo impulsor de la denuncia- cuestionó fuertemente la decisión, acusó a dos de los jueces de “salir en su defensa” y de llevar adelante “una protección corporativa” y adelantó que recurrirá a la Corte Suprema.
La resolución fue tomada el viernes de la semana pasada por la sala segunda de la Cámara de Casación, con los votos de los magistrados Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci (y la disidencia de Alejandro Slokar), al entender que el procesamiento dictado contra el actual fiscal general de Mar del Plata supuso una “afectación a garantías constitucionales“. De esa manera, y al valorar el estado de avance de la causa, se ordenó extender los efectos de la decisión a todas las instancias del proceso ya atravesadas, entre ellas la elevación a juicio.
Desde la CPM tildaron de “vergonzoso” el fallo y lo entendieron como “la última muestra de protección política y judicial de la que goza el actual fiscal general de Mar del Plata”. Y con respecto a los pasos a seguir, el organismo adelantó que apelará el fallo a la Corte Suprema de Justicia e insistirá con la apertura de un juicio político, que pese al paso de los años nunca llegó a iniciarse.
Inicialmente, desde la Comisión por la Memoria cuestionaron el grado de intervención de Casación al entender que “sólo puede actuar como una instancia revisora de sentencia firme” pero plantearon que “en un fallo casi sin precedentes, aceptaron el recurso de queja presentado por Fernández Garello e intervinieron en esta instancia procesal” y sostuvieron que lo hicieron con “una argumentación falaz, escueta y reñida con el derecho” de la que “cuesta encontrar un antecedente similar”.
Asimismo, entendieron que la decisión “desconoce por completo el compromiso internacional que asumió el Estado argentino de condenar las graves violaciones a los derechos humanos” y acusaron que los jueces Mahiques y Yacobucci “actuaron movidos por un espíritu corporativo que decidió proteger a Fernández Garello”.
En esa línea apuntaron contra los dos magistrados: “Guillermo Yacobucci fue cuestionado en varias oportunidades por sus sentencias en causas de lesa humanidad y la designación de Carlos Mahiques como juez de cámara fue impugnada y denunciada por el colectivo Mario Bosch, que reúne a abogados y abogadas querellantes en causas de lesa humanidad”.
En torno al juez Mahiques afirmaron que “su designación se realizó de manera irregular, con un trámite exprés en el Consejo de la Magistratura, sin intervención del Senado y nombrado mediante un decreto del expresidente Mauricio Macri” y “después de haber sido ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires durante el primer año de la gestión de Cambiemos”.
Sobre la decisión en sí, desde la CPM -desde donde impulsaron la denuncia al aportar documentación de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba) que se encuentra bajo su custodia- acusaron que anular todo lo actuado y retrotraer el proceso a una etapa ya culminada “además de transgredir los compromisos internacionales del Estado ataca y desconoce la resolución de los jueces de la Sala I de la Cámara Federal de San Martín, quiénes junto con la jueza federal Alicia Vence y los fiscales de primera instancia y de Cámara, convalidaron la copiosa prueba documental, los testimonios y el tenor de crímenes de lesa humanidad“.
En ese sentido, insistieron en que “los documentos del archivo de la Dippba prueban de manera incontrastable su participación en acciones de la represión ilegal” y en que “fueron producidos y firmados por él mismo y los agentes policiales que trabajaban para este organismo”.
Y concluyeron: “La realización del juicio oral o la apertura del juicio político le darán la posibilidad de ejercer su defensa, pero su no realización implicará negar la posibilidad de acceso a la verdad y la justicia a las víctimas de esos crímenes de lesa humanidad. Esto resulta intolerable para la democracia argentina”.
Fabián Fernández Garello está acusado junto a otras seis personas en el marco de la denuncia impulsada por la Comisión Provincia por la Memoria (CPM) de haber participado entre el 23 y el 24 de julio de 1981, cuando se desempeñaba como agente en la seccional San Martín de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba), de los secuestros y torturas de Jorge Oscar Bulacios, Ernesto Ramón Duarte y José Rolando Seitor, militantes del Partido Comunista.
La acusación se centra en los delitos de “privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público e imposición de tormentos inflingidos por un funcionario público, agravado dado que se trataba de perseguidos políticos”.
