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03/12/2020

Choferes fantasmas: la fiscalía pide que Inza y otros cuatro empresarios vayan a juicio

La Fiscalía Federal Nº1 realizó el pedido de elevación a juicio tras la llegada de un informe clave para la causa iniciada en 2016.

Choferes fantasmas: la fiscalía pide que Inza y otros cuatro empresarios vayan a juicio
El empresario Juan Inza (Fotos: archivo / Qué digital)

A más de cuatro años y medio de efectuada la primera denuncia y tras dos años de espera en torno a un relevante informe elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, la Fiscalía Federal Nº1 de Mar del Plata pidió que el empresario Juan Inza -que prácticamente monopoliza el sistema de colectivos en la ciudad- vaya a juicio oral junto a otros tres empresarios y a un contador en el marco del escándalo de los “choferes fantasmas”, nombre que se le impuso a la maniobra de dar de alta como supuestos trabajadores a desocupados para estafar al Estado en unos $16 millones con el cobro de subsidios.

Según pudo saber Qué digital, el pedido realizado por la fiscala Laura Mazzaferri ya hace algunas semanas atrás, pero que se conoció este jueves, alcanza a los acusados que llegaron a esta instancia de la causa procesados: Juan Inza (que monopoliza como “apoderado” o “gerente” prácticamente todas las empresas de colectivos que operan en la ciudad), Juan Inza (padre), Diego Basílico (por la empresa Peralta Ramos), Carlos Málaga (gerente de la 25 de Mayo) y Federico José Pomero (contador). Por su parte, en el caso de José Alberto Ferraresi se solicitó la extinción de la acción penal por fallecimiento.

El pedido presentado ante el juez federal Santiago Inchausti se produjo dos años después de la solicitud que ya había hecho en agosto de 2018 el Ministerio de Transporte de la Nación cuando en su rol de querellante pidió que la causa fuera elevada a juicio y a partir de esa solicitud el juez corrió vista a la fiscalía para que evaluara esa situación.

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El paso del tiempo entre aquel procedimiento y este nuevo avance se debe a la demora que implicó la llegada de un elemento probatorio que para la fiscalía es de “mayor significancia” y que finalmente logró incorporarse recientemente: se trata de un informe parcial elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (Dajudecco) con relación a la trazabilidad completa del dinero desde que salió de las arcas del Estado nacional y, a la par, vinculado a la situación patrimonial de los imputados durante el período investigado.

En este sentido, según informó oficialmente el Ministerio Público Fiscal, aún resta producirse otro informe pero que formará parte junto al también incorporado en esta causa central de un expediente que se tramita en forma paralela y que tiene como objetivo determinar la ruta del dinero con motivo de la defraudación millonaria al Estado nacional.

Desde julio  de 2017 Juan Inza y los otros cuatro acusados -que pese a este escándalo mantienen en sus manos la concesión de prácticamente todos los servicios de colectivos de Mar del Plata y siguen recibiendo subsidios- se encuentran procesados por haber defraudado al Estado nacional al falsear declaraciones juradas en las que figuraban 357 empleados en blanco que nunca fueron contratados para el cobro de más de $16 millones en conceptos de subsidios entre enero, febrero y marzo de 2016. Desde mayo de 2018 ese procesamiento se encuentra confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones.

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La fiscala Mazzaferri destacó en su acusación no sólo el cariz económico de la maniobra defraudatoria millonaria para las arcas del Estado Nacional, sino también el perjuicio que ello habría causado a las personas vulnerables que fueron inscriptas fraudulentamente como empleados, quienes dejaron de percibir asignaciones y beneficios sociales del Estado.

En ese sentido, consideró que necesariamente debían ser oídas en el marco del proceso, dadas las presentaciones que habían realizado oportunamente ante la Justicia provincial, donde se inició la detallada investigación y donde habían sido admitidas como particulares damnificadas. Por ello, recientemente fueron convocadas por el juez Inchausti y ratificaron su voluntad de ser tenidas como parte querellante en el expediente.

La denuncia en el fuero federal fue realizada a inicios de 2017 por el Ministerio de Transporte de la Nación a la cual luego se acumuló la investigación originada un año antes en la Fiscalía de Delitos Económicos de la Justicia provincial y que llevó adelante el fiscal Fernando Berlingeri por estos mismos sucesos surgidos ante denuncias de desempleados -representados por la Casa de Trabajador- que vieron cómo se les daban de baja las ayudas sociales del Estado a partir de figurar como trabajadores en relación de dependencia pese a no estarlo.

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Según lo detallado en fiscales.gob.ar, la fiscalía describió, de acuerdo a los casi 150 elementos probatorios reunidos, que los acusados “habrían desplegado un ardid que consistía en inscribir ante distintos organismos públicos -especialmente ante la AFIP- a los supuestos trabajadores, para luego replicar su incorporación en el formulario 931 de ese organismo –una declaración jurada determinativa de aportes y contribuciones con destino a la seguridad social- y en el listado de personal del informe de cumplimiento de condiciones, entre otra documentación presentada en el Ministerio de Transporte de la Nación”.

En general, tal como publicó este medio en el origen de la investigación, se trataba de personas que habían dejado currículums en búsqueda de trabajo en esas empresas y que, en buena parte, se encontraban desocupadas, o bien en el caso de aquellos que sí se desempeñaban en estas empresas no lo hacían de manera registrada ni en la categoría de choferes.

“A través de estas falsas altas del vínculo laboral, se pretendía que el Ministerio incurriera en error bajo la falsa creencia de que dichas firmas cumplían con los requisitos para ser destinatarias de las compensaciones complementarias provinciales. Se trataba de un subsidio implementado por primera vez en la época de estos hechos para aquellas empresas de transporte público de pasajeros de zonas turísticas, que durante la temporada de verano hubiesen incrementado en determinado porcentaje (superior al 20 por ciento) la cantidad de choferes para cubrir las necesidades de móviles y frecuencia en período de vacaciones”, expusieron desde la fiscalía.

Y sumaron que la resolución 225/2015, que utilizaron como herramienta para desarrollar las maniobras delictivas, permitía a las empresas de transporte público urbano que prestan sus servicios en zonas turísticas, requerir al organismo de control el incremento de agentes computables, cuyo porcentaje dentro del pago total de subsidios, representa un 70% sobre el total del beneficio, al menos con relación a los períodos comprendidos entre enero y marzo de 2016.

En 2016 la empresa 25 de Mayo fue allanada

De esa forma, los investigadores ratificaron que los empresario provocaron un perjuicio patrimonial millonario a la administración pública de alrededor de $ 16.209.680,47 al tiempo que perjudicaron a los trabajadores inscriptos falsamente.

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“La maniobra habría provocado consecuencias disvaliosas respecto de las personas a quienes arbitrariamente se inscribió como choferes en relación de dependencia, pues se trataba de un grupo de personas, en su mayor parte, desocupadas y padres de personas menores de edad, que recibían distintas asignaciones previsionales de la Anses, como la AUH que, como consecuencia del alta laboral, se les suspendía o quitaba automáticamente. Algo similar habría ocurrido en algunos casos en relación con prestaciones de salud”, apuntó Mazzaferri.

El avance en la causa judicial, con la pendiente resolución del juez en torno a la confirmación de la elevación a juicio, se produce a cinco meses de que las concesiones vigentes en el servicio de colectivos de Mar del Plata se venzan. Hasta el momento el nuevo pliego anunciado por el gobierno municipal para avanzar en un nuevo proceso licitatorio internacional todavía no fue elevado al Concejo Deliberante. Cuando hace un mes y medio el proyecto se presentó públicamente el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, fue consultado respecto a la situación de los actuales concesionarios ante la Justicia y sobre su posible participación en el nuevo proceso pero prefirió no dar mayores respuestas y definiciones.

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