Choferes fantasmas: “Los hechos de esta naturaleza deben recibir condenas ejemplares”
Lo sostuvieron desde la Casa del Trabajador, que representa como querellante a algunas de las víctimas, en oposición al acuerdo judicial que beneficia a los empresarios.
Al calificar las condiciones estipuladas en el acuerdo como “irrazonables y ridículas” y al plantear que “los hechos delictivos y corruptos de esta naturaleza deben recibir condenas ejemplares”, la Casa del Trabajador en su rol de querellante como representante de alguna de las víctimas de la causa “choferes fantasmas” mostró su rechazo a la postura del fiscal Juan Manuel Pettigiani de desistir de la realización del juicio e impulsar la aplicación de una “probation” contra Juan Inza y otros tres empresarios del transporte de Mar del Plata, lo que implica una reparación económica y el cumplimiento de ciertas pautas de conducta para luego ser sobreseídos.
A más de cinco años de las primeras denuncias, la causa conocida en Mar del Plata como “choferes fantasmas“ en relación a la maniobra de las empresas que monopolizan el servicio de colectivos de dar de alta como supuestos trabajadores a desocupados para estafar al Estado en unos $16 millones con el cobro de subsidios entró en la etapa de definiciones finales con una particular novedad.
En ese marco, la fiscalía busca abandonar la acusación y para eso firmó un acuerdo con los acusados para la suspensión del juicio a prueba (o probation), lo que significa que tras cumplir una serie de reglas de conducta y de medidas reparatorias, se extinguirá la causa y los acusados evitarán ser condenados. Ahora resta que ese acuerdo sea convalidado o rechazado por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata.
En la previa de una audiencia en la que las partes expondrán sus posturas este viernes, el abogado de la Casa del Trabajador, Julio Hikkilo, -uno de los impulsores de las primeras denuncias de los trabajadores desempleados de quienes se usaron irregularmente sus datos- mostró su oposición al acuerdo y lanzó críticas sobre la postura de Pettigiani.
“Sorpresivamente, Pettigiani, quien tiene a su cargo la causa y es quien debería buscar la condena en el juicio oral, aplicó la ley del menor esfuerzo y ‘acordó’ con los imputados no hacer el juicio y otorgarles el beneficio de la ‘probation’ por el término de dos años, exigiendo a cambio contraprestaciones, condiciones y pautas de conductas verdaderamente irrisorias e irrazonables, como ser abstenerse de usar estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas”, cuestionó inicialmente.
A la hora de tomar la decisión de firmar un acuerdo con los empresarios acusados para aplicar la suspensión del juicio a prueba y evitar que recaiga sobre ellos una condena –que en un futuro podría complicar su permanencia a cargo del servicio en Mar del Plata-, el fiscal Pettigiani consideró cuatro elementos principales.
El primero fue que en caso de recaer en un juicio una condena sobre los acusados la misma “sería de ejecución condicional”, es decir con penas menores sin ir a prisión. El segundo argumento es que a fines del año pasado el Ministerio de Transporte de la Nación informó que el perjuicio patrimonial sufrido por el Estado por la maniobra empresa “ha sido reparado en tanto que recobró los montos percibidos en exceso“.
El tercer punto es que los acusados llegaron a acuerdos económicos de entre $120 mil y $200 mil con algunas de las personas desempleadas, quienes en su momento fueron usadas por los empresarios para inscribirlas como choferes y por ello perdieron distintos beneficios sociales con los que contaban, entre ellos la Asignación Universal por Hijo (AUH). Y ofrecen el pago de $300 mil a uno de los damnificados presentados como querellantes en la causa en caso de homologarse el acuerdo. Como cuarto punto, el fiscal también valoró como positivo que los empresarios ofrecieron a favor del Estado la construcción de diez garitas de colectivos en dos años.
“Ante el abandono de la causa por parte del fiscal, como querellantes y en representación de los trabajadores afectados nos oponemos al acuerdo realizado por el fiscal y exigimos que el hecho reciba una condena“, adelantó Hikkilo.
En este sentido, desde la Casa del Trabajador apuntaron que “hasta la fecha no se ha reparado el perjuicio sufrido a la totalidad de los trabajadores” y cuestionó que “la construcción de diez garitas que se impone es insignificante y arbitraria”. También acusaron que “las condiciones impuestas a los imputados para acceder al beneficio son irrazonables y ridículas” y afirmaron que “no se dan los presupuestos fácticos ni jurídicos para que los imputados sean premiados con este beneficio”.
Entre los cuestionamientos, también consideraron que “los hechos delictivos y corruptos de esta naturaleza deben recibir condenas ejemplares” y señalaron que con un acuerdo de este tipo “se impide a las víctimas ser oídas y ejercer su derecho”.
Y de cara a la resolución que vaya a tomar el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata en función del acuerdo -si lo homologa o lo rechaza- el abogado Hikkilo remarcó: “Si bien resaltamos y valoramos que gracias a la denuncia que efectuáramos oportunamente se pudo desbaratar esta maniobra defraudatoria y el Estado pudo recuperar más de $16.000.000, entendemos que se deben agotar todas las instancias legales para que los responsables sean condenados y las víctimas reciben una reparación integral del perjuicio”.
Es que consideró que “de aprobarse este acuerdo por parte de los jueces, se estaría beneficiando a quienes en forma inescrupulosa y deliberada causaron un grave perjuicio a la sociedad en su conjunto, obteniendo enormes beneficios”. Así, también señaló: “La condena de los imputados ayudaría a recuperar en parte la confianza perdida en la Justicia y evitaría que el hecho quede impune”.
