Choferes fantasmas, sin juicio ni condenas: confirmaron la “probation” para Inza
El juez Fernando Machado Pelloni rechazó el pedido de un querellante y convalidó el acuerdo alcanzado entre los empresarios y el fiscal.
Pasados más de cinco años de las denuncias y de una compleja investigación judicial, el escándalo conocido como “choferes fantasmas“ -en relación a la estafa contra el Estado realizada por el empresario que monopoliza el sistema de colectivos en Mar del Plata Juan Inza- terminó por quedar reducido a una “probation”: sin juicio ni condenas y con la devolución del dinero obtenido de manera ilícita, la construcción de apenas diez garitas como “reparación” y algunas indemnizaciones para las personas a las que les usaron los datos personales para darlas de alta como trabajadores.
Este miércoles el juez del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata Fernando Machado Pelloni terminó de confirmar el acuerdo al que llegó el poderoso empresario Juan Inza –y los otros tres imputados Diego Basílico (por la empresa Peralta Ramos), Carlos Málaga (gerente de la 25 de Mayo) y Federico Pomero (contador)– con el fiscal general Juan Manuel Pettigiani, y sobre el cual se expidió de manera favorable el Ministerio de Transporte de la Nación, a cargo de Alexis Guerrera, en su rol de querellante en la causa, lo que se transformó en clave para que el acuerdo terminara por ser confirmado.
Concretamente, y tras ese acuerdo firmado hace algunas semanas, el juez Machado Pelloni dispuso de manera formal suspender el juicio a prueba por el término de dos años para Inza, Basílico, Málaga y Pomero, lo que representa que no serán juzgados ni condenados, con la particularidad de que una condena en su contra le impediría a Inza, por ejemplo, presentarse en la próxima licitación del servicio de transporte en Mar del Plata.
Esa suspensión del juicio a prueba, o “probation”, por el término de dos años implica por parte de los acusados en ese lapso de tiempo el cumplimiento de una serie de reglas de conducta: fijar residencia y tener que presentarse cada cuatro meses ante el Tribunal y abstenerse “de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas”.
Asimismo, y como parte del acuerdo alcanzado, los empresarios deberán realizar una “reparación del daño” que consistirá, por un lado, en devolver $21.819.618,67 al Ministerio de Transporte de la Nación, lo cual se hará a través de descuentos en actuales partidas de subsidios o “compensaciones” que se le aportan a las empresas a través del gobierno provincial. Por otro lado, también deberán construir a lo largo de dos años diez garitas ubicadas sobre la avenida Jorge Newbery.
En el marco del proceso, además del Ministerio de Transporte de la Nación, se encontraba presentado como querellante -con patrocinio de la Casa del Trabajador– una de las víctimas: un hombre al que le usaron los datos personales falsamente para darlo de alta en las empresas de colectivos y que producto de ello perdió los beneficios sociales que percibía, entre ellos ni más ni menos que la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Para él, el fiscal y los empresarios acordaron un resarcimiento de $300 mil, con la particularidad de que el hombre se oponía a ese acuerdo teniendo en cuenta la afectación a otras tantas víctimas que no fueron resarcidas. Incluso su postura fue presentada en ese sentido ante el juez Machado Pelloni en busca de que se rechazara la suspensión del juicio a prueba y se mandara a los empresarios a juicio. Pero ese pedido fue descartado por el magistrado al entender, básicamente, que su rol carecía de representación colectiva de los afectados y que lo propuesto por los empresarios como resarcimiento en su caso particular era acorde.
Tras imponer esas consideraciones y disponer la suspensión del juicio a prueba, el juez formalmente notificó a los empresarios que “en caso de cometer un nuevo delito o de incumplir las reglas de conducta establecidas, se llevará a cabo el juicio a sus respectos”. Particularmente sobre Inza en la actualidad se encuentra abierta otra causa en la Justicia provincial en la que está imputado por el delito de encubrimiento, aunque su resolución aún deberá recorrer un extenso camino.
Al disponer la suspensión del juicio a prueba, el juez destacó que el pedido fue “formalmente procedente, toda vez que, en principio, la eventual pena que pudiera recaer sobre Juan María Inza Decaux, Diego Hernán Basílico, Federico José Pomero y Carlos Málaga en la presente causa podría ser de ejecución condicional, en atención a la modalidad del hecho que se le atribuye, a la escala penal de la defraudación en perjuicio de la administración pública imputada, la cual oscila entre los dos a seis años de prisión y la ausencia de antecedentes condenatorios”.
Y entendió que “esta forma de resolución de conflictos se adecua a los presupuestos de justicia restaurativa, que buscan la paz social y la medida menos gravosa, ya sea para el imputado como para las víctimas”.
El juez Machado Pelloni
RECHAZO AL PEDIDO DE LA QUERELLA
Para que la suspensión del juicio a prueba avanzara, teniendo en cuenta el impulso realizado por el fiscal Pettigiani, también se requería conocer la postura de los querellantes. Y en ese sentido fue clave que la semana pasada el Ministerio de Transporte de la Nación se mostrara a favor de la resolución de esta manera del caso.
La Secretaría de Articulación Interjurisdiccional -área competente en torno a los subsidios que otorga el Ministerio- presentó ante el Tribunal su decisión de avalar el acuerdo aunque con algunos cambios en los requisitos a cumplir. Había pedido no tener en cuenta la construcción de garitas -de todas maneras fue avalado por el juez- y que los montos cobrados indebidamente por los empresarios -ya que increíblemente pese a lo afirmado en el acuerdo por el propio fiscal todavía no fueron recuperados por el Estado en su totalidad- y los intereses actualizados “sean retenidos de las compensaciones tarifarias (subsidios) que el Ministerio liquida a la Provincia de Buenos Aires respecto de las empresas”.
Según puntualizó el juez en la resolución de este miércoles, esa suma es de $21.819.618,67, aunque de todas maneras mencionó otro punto señalado por el propio Ministerio de Transporte que sostuvo que “por las maniobras desplegadas por los imputados resulta dificultoso detectar la totalidad de inscripciones en AFIP y, así, establecer el monto correcto del daño producido, requiriendo una mayor investigación”.
Por su parte, una postura contraria a que avanzara la suspensión del juicio a prueba expresó ante el juez la querella constituída por uno de los hombres al que le usaron sus datos para hacerlo figurar como trabajador al apuntar contra la ausencia de “reparación del daño” para la mayoría de las más de 300 personas que fueron utilizadas de la misma manera por los empresarios.
Sin embargo, el juez rechazó esos argumentos con tres planteos: que la querella representa sólo su situación particular y no de manera colectiva al resto de las personas; que el Código Penal no exige para estos casos una “reparación integral del daño” sino una “reparación del daño en la medida de lo posible”; y que la acusación de todas las partes “se centró en la defraudación en perjuicio de la administración pública” por lo que entendió que las personas a las que se le usaron los datos personales “nunca pueden ser víctimas directas de una presumida defraudación contra al Estado, al margen de los perjuicios que le pueda ocasionar de forma indirecta”.
De esta manera, el juez concluyó: “Las objeciones manifestadas por la querella no conmueven la reunión de los extremos de legalidad como para apartarse de esta solución. En efecto el monto ofrecido en concepto de reparación por parte de los imputados aparece, a la luz de sus posibilidades económicas, como razonable”.
ASÍ FUE LA ESTAFA AL ESTADO
En la causa conocida como “Choferes fantasmas” quedó acreditado tras más de cinco años de investigación que Inza, Basílico, Pomero y Málaga, estafaron a la administración pública nacional, concretamente al Ministerio de Transporte, ya que cada uno, en su rol de dirección, gestión, administración o trabajo en las empresas 25 de Mayo, 12 de Octubre, Peralta Ramos y El Libertador intervinieron en la maniobra por medio de la cual se cometió la defraudación por un monto aproximado a $16 millones en 2016.
Los investigadores concluyeron que los cuatro acusados desplegaron una maniobra “consistente en inscribir ante distintos organismos públicos –especialmente ante la AFIP- a distintas personas como choferes en relación de dependencia de esas empresas, para las cuales o bien no prestaban funciones, o bien no lo hacían de forma registrada y en ese categoría”, según se desprende de la causa.
En general, se trataba de personas que habían dejado sus currículum en busca de trabajo en esas empresas y que, en buena parte, se encontraban desocupadas.
Así, a través de las falsas altas del vínculo laboral lo que pretendían los empresarios era hacer incurrir en el error al Ministerio de Transporte para que “en la falsa creencia de que dichas firmas cumplían con los requisitos para ser destinatarias de las compensaciones complementarias, autorizara y transfiriera a dichas firmas los importes correspondientes a estos subsidios”.
Se trataba justamente de un subsidio implementado por primera vez para aquellas empresas de transporte público de zonas turísticas, durante la temporada de verano, que hubiesen incrementado en determinado porcentaje (superior al 20%) la cantidad de choferes para cubrir las necesidades de móviles y frecuencia durante las vacaciones.
Hasta lo que llegó a ser comprobado por la Justicia, a través de las cuatro empresas se inscribieron fraudulentamente a al menos 357 personas como empleados.
Tal como publicó este medio a lo largo de los años, la denuncia en el fuero federal que motivó que la causa llegara hasta esta instancia fue realizada a inicios de 2017 por el Ministerio de Transporte de la Nación a la cual luego se acumuló una investigación previa originada un año antes en la Fiscalía de Delitos Económicos de la Justicia provincial y que llevó adelante el fiscal Fernando Berlingeri por estos mismos sucesos surgidos ante denuncias de personas desempleadas que vieron cómo se les daban de baja las ayudas sociales del Estado.
Un allanamiento realizado en 2017 en la empresa 25 de Mayo
