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11/09/2019

CNU: empezaron a juzgar a Ullúa y Corres por delitos de lesa humanidad

El proceso se inició este miércoles en el Tribunal Oral Federal. En diciembre de 2016 ya fueron condenados otros siete integrantes de la organización.

CNU: empezaron a juzgar a Ullúa y Corres por delitos de lesa humanidad
(Fotos: Marcelo Nuñez)

A casi tres años del primer juicio a civiles desarrollado en Mar del Plata en el cual se condenó a siete integrantes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) -organización de ultraderecha que cometió delitos de lesa humanidad previos a la última dictadura cívico militar-, este miércoles dos nuevos acusados comenzaron a ser juzgados por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata: se trata de Eduardo Salvador Ullúa -quien fue detenido en abril de 2017 tras permanecer nueve años prófugo de la Justicia- y Oscar Héctor Corres -que llegó al proceso en libertad-.

Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, este segundo juicio contra el accionar de la CNU se lleva a cabo en el marco de la continuidad de la investigación sobre el accionar de la asociación ilícita integrada por miembros de la agrupación de ultraderecha que sembró el terror en Mar del Plata contra un sector político determinado y que contó con cobertura y aval estatal para ello.

Para este juicio el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata está integrado por los jueces Daniel Obligado, Nicolás Toselli y Enrique Méndez Signori, y en representación el Ministerio Público Fiscal se encuentran los fiscales Pablo Ouviña y María Eugenia Montero. Las querellas, por su parte, están representadas por los abogados Gloria León, Manuel Marañón y Ireneo Di Matteo.

En esta primera audiencia del juicio -que se desarrollará los miércoles cada 15 días- la fiscalía fue la encargada de leer la acusación contra los dos imputados contenida en la elevación a juicio.

Tanto Ullúa como Corres están acusados de integrar la asociación ilícita -junto a los siete miembros que ya fueron condenados en diciembre de 2016- con el objetivo de cometer una serie de ilícitos, con una clara voluntad de persecución hacia militantes de organizaciones políticas que mantenían diferencias con la agrupación de derecha a la que pertenecían.

A su vez, Ullúa está procesado también por los homicidios de Enrique “Pacho” Elizagaray, sus primos y tío Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla; el médico Bernardo Alberto Goldemberg; Daniel Gasparri y Jorge Stoppani; y la privación ilegítima de la libertad y homicidio de la entonces decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica, María del Carmen Maggi.

De acuerdo a la causa, los “miembros” de la CNU habrían tomado parte en la organización de las más diversas formas: existían grupos de ideólogos y grupos operativos que se encargaban de los hechos más violentos y, en algunos casos también, de la inteligencia previa. También necesitaban los espacios para las ejecuciones -muchas de las víctimas fueron acribilladas por más de una veintena de disparos-, para lo que debían necesariamente interactuar con las autoridades de otros ámbitos para la coordinación de sus tareas y, sobre todo, manejarse con un grado de impunidad otorgado por la cobertura de organismos del Estado.

Al requerir la elevación a juicio, el fiscal federal Nicolás Czizik reparó en que la causa no se centra en la actividad de la CNU ni en la persecución de las ideas políticas que detentaban sus miembros, sino que se limita a la investigación del accionar de una asociación ilícita que actuó enmascarada en esta agrupación política entre el 20 de febrero de 1975 y el 15 de marzo de 1976. De acuerdo a la prueba que consta en el expediente, y el juicio condenatorio a otros integrantes de la banda, cometieron distintos delitos como homicidios, privaciones ilegales de la libertad, robos, amenazas, “para la persecución y eliminación de personas en el marco de un ataque sistemático y generalizado contra una parte de la población civil y de conformidad con una política de Estado”.

Si bien los hechos juzgados son anteriores al Golpe cívico militar, son catalogados como delitos de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles.

En el histórico juicio que finalizó en diciembre de 2016, fueron condenados a prisión perpetua el exfiscal Gustavio Demarchi, Fernando Alberto Otero y Mario Ernesto Durquet, mientras que José Luis Granel fue condenado a 7 años, Juan Pedro Asaro a 5 años y Roberto Alejandro Justel y Juan Carlos Asaro a 3 años. En tanto que Raúl Rogelio Moleón y Raúl Arturo Viglizzo resultaron absueltos.

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